El gobierno de la provincia de Tucumán inició sumarios administrativos a empleados públicos que cobraban el plan Potenciar Trabajo de forma indebida por presuntas incompatibilidades.

Dicha medida tuvo origen en información que brindó el propio Gobierno de Tucumán al fiscal Guillermo Marijuan, quien, en el marco de la investigación preliminar que lleva adelante, detectó irregularidades en 956 agentes de la Administración Pública local.

Esta situación derivó que el Gobierno Nacional suspendiera el cobro del plan de los involucrados hasta tanto se estableciera la eventual incompatibilidad. 

La normativa del Potenciar Trabaja es detallada y minuciosa, incluyendo algunas situaciones especificas de compatibilidad entre el empleo formal y la asignación del plan.

Del total de empleados en los que se detectó la irregularidad, 230 pertenecían a la UNREL quienes ya habían sido dados de baja. Los restantes agentes fueron intimados para que respondan sobre su situación.

A partir de allí, y desde la semana pasada, la Provincia avanza con la sustanciación de los sumarios mediante las medidas administrativas que el caso requiera, a fin de aplicar las sanciones que correspondan, para llegar hasta las últimas consecuencias. Esto podría incluir la eventual cesantía de los trabajadores implicados.

Por esto, el gobernador, Osvaldo Jaldo, ordenó que se intensifiquen las tareas administrativas para determinar la responsabilidad de cada empleado público notificado en la causa.