“Desarrollo de proyectos económicos de personas condenadas en parajes de la provincia de San Luis” se llama la ley provincial que el mandatario puntano puso en vigencia este martes al firmar el decreto de promulgación de la norma que dispone un espacio de resocialización abierto para la ejecución de la pena.

“En los parajes de San Luis, los detenidos podrán realizar emprendimientos laborales, culturales y económicos, autogestionando sus ingresos como una manera de concretar el derecho humano al trabajo, bajo el control del Servicio Penitenciario Provincial”, explicó el primer mandatario puntano durante el acto realizado en el Salón de la Puntanidad.

La ley establece que no todos los detenidos podrán utilizar esta modalidad y que solo accederán quienes tienen condenas por delitos leves. “Hemos elegido un camino que nos parece novedoso en el mundo del derecho, que es que el condenado pueda cumplir la condena en un lugar en libertad”, destacó.

Como señala el artículo 7º de la ley, quedan excluidos los condenados por delitos de homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, secuestro extorsivo, delitos de violencia de género, tortura seguida de muerte, entre otros que señala el artículo.

Acompañado por la jefa de Gabinete de Ministros, Natalia Zabala Chacur, y los ministros de Producción, Seguridad y de Justicia, Gobierno y Culto, Juan Lavandeira, Luciano Anastasi y Fabián Filomena, el gobernador destacó la presencia de la rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo, “una prócer y heroína en la defensa de los derechos humanos en Argentina”.

Asistieron como invitados Flavia Molina Arlandi, presidenta del Colegio de Abogados de San Luis; Gimena Ramírez Couto, presidenta del Colegio de Abogados de Concarán; Gustavo Otegui, presidente del Colegio de Abogados de Villa Mercedes; Luis Martínez, procurador de la Provincia; Juan Carlos Eduardo, presidente de la Cámara de Diputados; María Angélica Torrontegui, presidente de la Cámara de Senadores; Hugo Saá Petrino, presidente del Colegio de Magistrados de San Luis; Leandro Estrada, presidente del Colegio de Magistrados de Villa Mercedes; comisario General Darío Neira, jefe de la Policía de San Luis, y el inspector General Segundo Jiménez, director del Servicio Penitenciario Provincial.

El objetivo de la ley, explicó, es superar el sistema carcelario vigente, mediante la opción a los internos, que reúnan determinados requisitos, de crear emprendimientos productivos en alguno de los parajes de la provincia. En ese sentido, el gobernador también anunció que esta opción, si el juez así lo permite, podrá ser utilizada por los presos bajo delitos de orden federal.

“Estoy feliz con esta ley, pero más feliz porque llegue a la cárcel de mujeres; cuánta injusticia y cómo se multiplica el sufrimiento cuando se trata de mujeres condenadas, muchas de ellas, si revisamos toda la legislación patriarcal y machista, no sé si las volveríamos a condenar”, reflexionó Rodríguez Saá.

La nueva ley contempla que una vez presentado el proyecto productivo y lugar de residencia del condenado, el Consejo Correccional realizará un informe técnico-criminológico del interno, con el objeto de evaluar si está en condiciones de acceder.

“La norma aborda dos temas fundamentales, la resocialización de los internos y el desarrollo productivo de los parajes y tiene como finalidad conjugar objetivos productivos con la reinserción social de personas condenadas”, insistió el gobernador.

El rol del Estado y de la comunidad son fundamentales, recalcó Rodríguez Saá, ya que el detenido se propone, dentro del período de cumplimiento de la condena, desarrollar un proyecto productivo, con la autorización y consentimiento de uno o varios habitantes de parajes de San Luis, todo ello bajo el seguimiento de los Ministerios de Seguridad, Producción, y Justicia, Gobierno y Culto.