A 9 días del balotaje, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema para que se suspenda la devolución del IVA y la suba del piso del Impuesto a las Ganancias, dos medidas impulsadas en las últimas semanas por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

Según el mandatario de la Unión Cívica Radical, las iniciativas afectan a los fondos coparticipables de las provincias.

En un escrito presentado este viernes, la provincia de Mendoza le pidió al máximo tribunal del país que dicten una medida cautelar para que se suspenda la ley que modificó el piso de Ganancias (Ley 27.725) y el Decreto 473/2023, a través del cual la Devolución del IVA a las compras de la canasta básica.

“Tanto el decreto como la ley, resultan inconstitucionales por cuanto disminuyen de manera unilateral la percepción de impuestos que integran la masa coparticipable. Uno de manera actual y la otra en forma inminente, afectando en este sentido el federalismo fiscal, con un evidente perjuicio para Mendoza”, expresó Suárez.

Según los cálculos del gobierno mendocino, desde el decreto 473/2023 del 12 de septiembre pasado, Mendoza dejó de percibir aproximadamente $7.000 millones en concepto de coparticipación.

Suárez también requirió de manera urgente “ordenar que los efectos fiscales” de la aplicación de ambas normas y que “sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación que le corresponde a la provincia de Mendoza”.

Lo que busca ahora Mendoza es que el máximo tribunal interceda con la administración central para que ésta se haga cargo de los recursos que podrían perderse. La lupa está puesta ahora en lo que harán el resto de las provincias lideradas por la oposición.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del programa ascendería a 1,01% del PBI en 2024, mientras que el número de beneficiarios se incrementaría en 12 millones.

Respecto a la suba del piso del Impuesto a las Ganancias a 15 salarios mínimos, la OPC estima una caída en la recaudación de casi $3.000 millones, lo que representa el 0,83% del PBI.