La disputa judicial entre la empresa Catedral Alta Patagonia, la provincia y el municipio cuya conciliación fracasó ayer en Viedma, sumó ahora una nueva postura del gobernador Alberto Weretilneck quien anticipó que mediará en persona para llegar a un acuerdo.

"Vamos a ver si podemos intentar una manera de diálogo para que lleguemos a un acuerdo antes de que la Justicia falle", dijo el gobernador a "DeBariloche" fijando su premisa de intervenir en persona junto al fiscal de Estado Pablo Bergonzi.

Weretilneck dijo que le "preocupa sobremanera la judicialización" del traspaso del cerro Catedral de la órbita provincial a la municipal porque se pone en riesgo esa medida adoptada por ley años atrás y ejecutada en 2011.

Por eso consideró necesario "intervenir" para acercar las posturas especialmente por el cruce feroz que mantiene la empresa con el municipio a raíz de las últimas modificaciones de condiciones de venta de pases de esquí para la próxima temporada.

Hasta el momento el gobernador no había intervenido en el conflicto a pesar de que Capsa, que mantiene la demanda cuestionando el poder de fiscalización del municipio, reclama su mediación

Esta decisión no cayó bien en el municipio. La propia intendenta María Eugenia Martini, quien compartió este martes un acto con el gobernador, dijo que espera "que la Justicia dicte sentencia de inmediato" y remarcó que "está claro lo que debe ser", en alusión a la potestad del muncipio en el control del cerro.

Martini se mostró sorprendida por la intervención de Weretilneck -que se anotició este mismo martes a través de la prensa- y sugirió: "hay que ver qué logra la empresa con que intervenga la provincia, está claro que ellos quieren seguir con el juicio adelante".

La intendenta se quejó además de que la empresa haya reclamado su presencia en la audiencia convocada ayer en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Viedma: "no se entiende porque ellos no van a cambiar la postura y van a seguir adelante con el juicio esté yo o no", sentenció.

El litigio judicial por el traspaso del cerro Catedral data de 2010 cuando la empresa concesionaria solicitó a la Justicia una declaración de certeza desconociendo el poder de fiscalización del municipio a través del Ente Autárquico Municipal, a quien acusó de tener "intereses políticos".

El municipio sostiene su facultad para controlar y fiscalizar el cerro como poder concedente que se le fue otorgado por la provincia dos años atrás luego de la aprobación de la ley de transferencia y la firma del decreto gubernamental.