Con el patrocinio de los abogados Javier Stoessel y Diana Huerga, ayer los 23 docentes de la universidad pública santacruceña tuvieron una nueva instancia en pos del amparo presentado el año pasado ante el juez Francisco Marinkovic, que tramita bajo la premisa de dar una solución definitiva al interés colectivo de los riogalleguenses en lo inherente a la cuestión medioambiental.

La demanda, que surgió en el marco del paro de municipales del año pasado que puso al desnudo la deficitaria situación sanitaria de la ciudad, ataca varios frentes y obliga a distintos estamentos a dar soluciones. Sin embargo, ayer, la cosa se centró en el vaciadero, en que las autoridades anteriores plantearon una obra que incluía una planta de transferencia y un nuevo sistema para tratar los residuos domiciliarios.

A través de su página web, los abogados hicieron pública el acta de la audiencia, en la que se leen los alcances del replanteo de la obra que el intendente Roberto Giubetich logró que le fuera aprobada el miércoles pasado en Capital Federal y que en breve tendría partida presupuestaria.

En el acta se lee la explicación del jefe comunal, que además estuvo junto a Gabriel Tornour, que está a cargo de la Agencia Ambiental Municipal y el subsecretario de Medioambiente, Mariano Bertinat.

En el acta se lee que el mandatario hizo saber al juez Marinkovic que cuando vino una comitiva de “Scorza”, una empresa dedicada a la higiene urbana, hicieron un relevamiento complementario al que antes había hecho la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), quienes habrían contratado “irregularidades en la obra del vaciadero” plateada por la administración de Raúl Cantín y continuada por la de Pablo Grasso.

De esa obra, Giubetih dijo que “sólo tengo el informe preliminar e informal, pero surgían muchas irregularidades sobre la certificación y nos dijeron que no paguemos más y eso hicimos”, dijo.

El Intendente manifestó que fue entonces que les dijeron que la obra era inviable porque no incluía una planta de transferencia de los residuos sólidos urbanos, por lo cual le propusieron “que la misma se instale en el actual vaciadero, el cual tiene un costo de obra civil de, más o menos, un millón de dólares”, valor éste que “podría bajar considerablemente si se hace con mano de obra del municipio”, advirtió el Intendente.

Asimismo, el mandatario aseguró al magistrado y a los representantes legales de los amparistas que el proyecto actual incluye todo el equipamiento estimando de “un kilo de basura por habitante”, para una población que alcanzó a las 130 mil personas. También se calculó todo el equipamiento y la cantidad de camiones para todo el recorrido y la disposición de contenedores en zonas menos habitadas como el barrio San Benito, en donde los contenedores se van a retirar cada dos días.

El equipamiento al que hizo referencia Giubetich también incluye todo lo inherente para la red cloacal y pluvial, dato que resulta importante, toda vez que el mandatario había reclamado un adelanto del Tesoro Nacional ante la posibilidad de que un temporal de lluvia hiciera colapsar el sistema de Rio Gallegos.

Por otro lado, el Juez pudo conocer que el proyecto original tenía un costo de “59 millones de pesos, de los cuales ya se pagaron 38 millones por un trabajo ejecutado que no lo vale, tal cual lo que certificó la SIGEN”, quedando aún disponibles para la comuna “la suma de 21 millones de pesos”, reconoció.

Finalmente, vale mencionar que antes de culminar la audiencia, los abogados Stoessel y Huerga solicitaron a Marinkovic realizar una inspección ocular en el vaciadero, algo que ya había ocurrido el año pasado, ocasión en la que el propio Juez se topó con menores en situación de absoluta vulnerabilidad social.