Con un resultado de diez votos contra ocho, el Concejo Deliberante rechazó en Sesión Especial la apertura de juicio político a la Jueza de Faltas Nº2, Gisela Moreno. La decisión se tomó luego de una hora de exposiciones tanto a favor como en contra y tras una votación nominal propuesta por la edil Ángela Di Bez (SST).

Al momento de las argumentaciones los ediles que se expresaron por la desestimación del juicio señalaron que no existió una causa comprobada que amerite la apertura y que no se advierte incumplimiento manifiesto en el accionar de Moreno, ni mal desempeño en su cargo. También indicaron que tal y como expresa el Código de Faltas en su artículo N° 15, son elementos de excusación tener cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad entre acusado y juez, hecho no aplicable al caso que motivó el pedido del juicio, ya que la relación que se denuncia es con el abogado patrocinante y no con el acusado.

Además resaltaron que se pueden compartir o no los argumentos del dictamen emitido por la Jueza de Faltas, pero no criticar un fallo cuando se ajusta a derecho. Mientras que quienes promovieron la apertura del juicio político fundamentaron que de los antecedentes del expediente surge el incumplimiento de los deberes del cargo, que un juicio serviría para transparentar una situación con vicios de duda y que el mismo da garantía a los vecinos y a la funcionaria.

A la hora de la votación se expresaron en contra del inicio del proceso los concejales Socorro Villamayor (FP), César Álvarez (PV), Gustavo Castro (MMS), Frida Fonseca Lardies (PJ), Emiliano Godoy (PJ), Zulma Pedraza (BFP), Martín Poma (PPV), Hugo Sumaria (PJ), Beatriz Camacho (WG) y Marcelo Segura (FORJA). En tanto que a favor lo hicieron: Arturo Borelli (PO), Ariel Burgos (FS), Marta Martín (PO), Ángela Di Bez (SST), Lucrecia Lambrisca (FS), Raúl Medina (FS), Aroldo Tonini (SF) y Sandra Saleme (SST).

Previo a la votación, los ediles de las diferentes bancadas argumentaron las razones de su voto. La concejal Socorro Villamayor (FP) se manifestó en contra de la apertura del juicio político, sosteniendo que no existen causas graves y sí una vía recursiva, requirió además que se archiven las actuaciones. Explicó que “las causales que se imputan hacen referencia a que la Jueza Gisella Moreno, en oportunidad de tener que intervenir, no se habría excusado siendo que existe una relación de amistad con los denunciados”.

Consideró al respecto que “sin embargo el artículo 15 del Código de Procedimiento de Faltas, cuando habla de las causales de excusación, claramente establece cuarto grado de consanguineidad y segundo en afinidad, pero esto es en relación al imputado no en el caso del abogado patrocinante, como sucede en esta oportunidad, ya que la abogada sería la hija del vecino denunciado”. Consideró al respecto que “en el caso de que exista esta relación, no permite extender esa afinidad con los padres, con lo cual queda establecido que no existe razón para excusarse por las razones expuestas”.

El concejal Raúl Medina (FS) señaló que “de los antecedentes surge el incumplimiento de parte de la funcionaria, en cuanto a los deberes de su cargo. Es importante que se abra el proceso porque representamos al vecino y estamos obligados a defender a quienes pusieron su confianza en nosotros. Es necesario que se realice el proceso para darle garantías a ellos y a la funcionaria, y para que se puedan conocer las pruebas que hagan al derecho de uno y otro”. Martín Poma (PPV), consideró que “la apertura de juicio político sienta un precedente peligroso, si hoy votamos a favor sin tener elementos que siembren la duda en el accionar, que es lo que necesitamos, sentamos precedente que ante un fallo que no me guste puedo pedir juicio político al juez”.

Consideró que “el fallo de la jueza está ajustado a derecho y en ese caso no se puede juzgar al magistrado más allá de que comparta o no lo que dispuso”. Reafirmó los dichos de la concejal Villamayor en cuanto a la relación que se sostiene existe, puntualizando “sobre ese tema la ordenanza es taxativa, la amistad debe ser con el imputado, nada dice del abogado patrocinante, entonces si vamos a cumplir las leyes no podemos dar apertura al juicio político en estas circunstancias”.

En tanto que la concejal Frida Fonseca Lardies (PJ) expresó que: “se puede observar una situación compleja. Se aprecia el criterio de la jueza fundado por una resolución en la que sostiene que observa infracciones con falencias y por eso las desestima. Considero que no hay una causa comprobada para decir que haya incumplimiento de sus deberes, ni tampoco incompatibilidad manifiesta”.

Por su parte la concejal Ángela Di Bez (SST) sostuvo que “en otra intervención anterior, la jueza fue puntillosa en su trabajo y esa situación no se demuestra en este caso. Debió ser mas suspicaz e investigar a fondo y no lo hizo”. Luego agregó que ello denota que no actuó con criterio de imparcialidad y que “la justicia sólo existe cuando se da entre extraños”. Marcelo Segura (FORJA) por su parte, refirió que “los funcionarios deben estar a la altura de lo que reclama la gente”. Consideró que “todo sería más fácil si los funcionarios ayudarán a la gestión de gobierno. El edil Arturo Borelli (PO) al tomar la palabra argumentó que “hay indicios para iniciar un juicio que serviría para transparentar esta situación. Hay multas en el caso y la jueza no dio lugar a las pruebas presentadas sin tampoco tomar ninguna otra medida. Esto es raro habida cuenta del contenido del expediente en cuestión”. Finalmente consideró que “una jueza debería investigar y no lo hizo, por eso se tendría que abrir la etapa de juicio político”.