En el marco de la actual situación de crisis sanitaria originada por la pandemia del COVID-19, el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros, que estará en vigor hasta el próximo 9 de abril a fin de reducir el movimiento de personas para hacer frente a la propagación del coronavirus, contempla la gestión de residuos y labores de descontaminación entre las actividades consideradas esenciales.

Tal y como recoge el texto legal en el punto 18 de su anexo, no resulta de aplicación el permiso retribuido recuperable a los trabajadores «que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público».

En este sentido, cabe recordar que, a nivel europeo, la semana pasada diversas organizaciones del sector del reciclaje y gestión de los residuos solicitaron a las distintas autoridades de la UE, así como de los Estados miembros, que se reconociera su condición de actividad esencial y crítica, tanto por su beneficio para la salud y el medio ambiente, como por su papel en el suministro de materias primas fundamentales para varios sectores que también mantienen su actividad.