El intendente Carlos Arroyo arrancó su gestión con un récord: a una semana de asumir renunció el secretario de Seguridad, Julio Razona. Fue la primera salida de un funcionario de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. También el primer escándalo: el abogado dejó el cargo denunciado que había descubierto hechos de corrupción y que desde el gobierno no lo habían respaldado para investigarlos.

Lo que pareció una crisis pasajera de un gobierno sin experiencia terminó siendo habitual durante el primer año de gestión: en 365 días, el intendente perdió 29 funcionarios. Además, nombres clave de su equipo que aún permanecen en el gobierno estuvieron rodeados de escándalos, críticas y pedidos de renuncias.

La salida de Razona ocurrió el jueves 17 de diciembre. Desde ese día, Arroyo tomó una decisión inédita: en una ciudad golpeada por la inseguridad, el intendente no reemplazó al funcionario de un área clave. “Yo soy el secretario de Seguridad”, repite cuando se le pregunta por el tema. Es una apuesta arriesgada: de producirse un hecho conmocionante para la opinión pública, no habrá “un fusible” que cambiar para pagar las consecuencias. El costo político lo pagará el propio Arroyo. También, si su gestión mejora los índices de inseguridad, el intendente se llevará los logros.

Cuando la escandalosa salida de Razona había quedado atrás y Arroyo podía disfrutar de los 100 días de luna de miel que se suele tener cuando se llega al poder, la realidad le dio otro mazazo. El miércoles 24 de febrero llegó a su despacho y leyó el diario LA CAPITAL como hace todas las mañanas. Una noticia lo sacudió.

El presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial), Miguel Angel Guzmán había usado una camioneta particular con su hija. El viaje hubiera pasado desapercibido de no ser porque Guzmán tuvo un accidente en San Luis e intentó esconderlo. La mentira le duró poco. Arroyo, que durante su campaña prometía armar un gabinete intachable y capaz, no tuvo otra alternativa que echar al funcionario al que “quería como un hijo”. Fue un golpe al riñón de su gestión.

Trece días después, el gobierno sufrió la baja más dura de su primer año. El presidente del Ente de Turismo (Emtur) y coordinador de las áreas de Deporte y Cultura, Emiliano Giri, fue detenido en una causa en la que se investigan contratos truchos en el astillero Río Santiago.

Si bien la causa involucraba a la anterior gestión provincial, Giri se había convertido en un hombre fuerte que integraba la mesa chica de la gestión. El empresario había impulsado el desembarco de Arroyo en Cambiemos y luego se convirtió en su jefe de campaña. Cuando estaba disfrutando del mayor éxito político de su carrera y ya soñaba con ocupar en el 2019 el sillón principal de la Municipalidad, la foto esposado en los diarios de todo el país sepultó sus aspiraciones.

Arroyo quedó conmocionado por lo ocurrido y no demostró reflejos políticos ante la crisis. En el momento que la noticia de la detención de Giri se conoció, la Municipalidad emitió un catastrófico comunicado en el que aseguraba que el funcionario había ido a declarar por sus propios medios. La realidad era otra: lo habían ido a buscar con la policía a su casa y lo trasladaron hasta La Plata esposado. Después del papelón comunicacional llegó un largo silencio. Recién por la noche Arroyo anunció lo inevitable: Giri había renunciado. Seis meses después, el empresario fue sobreseído de la causa. Con su salida, la figura del concejal Juan Aicega y el secretario de Salud, Guillermo Blanco, empezaron a tomar fuerza en el corazón del gobierno.

A menos de cuatro meses de asumir, el gabinete se siguió desmembrando: el 28 de marzo, el secretario de Cultura, Sebastián Puglisi, presentó su renuncia. Lo reemplazó Silvina Rojas. El perfil bajo que tenía el área se esfumó: la nueva funcionaria asumió rodeada de escándalos. Hubo denuncias de vaciamiento del área, artistas, músicos y actores se instalaron en la Municipalidad para reclamar el pago de salarios y el Consejo de la Niñez la denunció por el cierre de programas culturales. Pese al mal comienzo, Rojas logró mantenerse en el cargo.

El 30 de marzo, el intendente echó al secretario de la Producción, Horacio “Toty” Flores. El hombre cercano a Elisa Carrió era muy cuestionado. Se lo veía poco por la ciudad y su gestión no demostraba logros. Sin peso en el territorio, su salida llegó por decantación.

En abril, la Secretaría de Educación Municipal quedó en la mira. Su titular Ana Crovetto y la subsecretaria Susana Rivero -pareja del intendente- fueron denunciadas por desviar 10 módulos pertenecientes al Instituto de Formación Docente Almafuerte para pagar cubrir un puesto político.

“Había en la Secretaría módulos y horas que la gestión anterior usó. Lo único que hice fue empezar a reemplazar personal por personal. Nos tomamos el derecho de designar nuevas personas, todas de ellas calificadas”, se defendió Crovetto.

A las graves acusaciones, el área se vio jaqueada por las criticas por la falta de respuestas ante las demandas por el mal estado edilicio de las escuelas, la escasez de mobiliario y la falta de designaciones, entre otras necesidades. También por aplicar drásticos recortes en programas de formación como el PEBA o el Conectar 360. Pese a los fuertes polémicas y los pedidos de renuncias, Arroyo mantiene hasta hoy a Crovetto y a su mujer en el cargo.

El portazo de Cano

Las tormentas de abril se convirtieron en tempestades en mayo. El mes comenzó con un anuncio: el secretario de Economía José Cano adelantó que el 1 de junio iba a dejar el cargo. Arroyo y Cano habían cultivado su relación política en la Agrupación Atlántica y fueron compañeros de bancada en el Concejo Deliberante. Lo que en el pasado había sido un tándem para atacar al gobierno de Gustavo Pulti desde lo político y lo económico, se rompió.

En medio de un gobierno jaqueado por las bajas en el gabinete, Cano intentó tener una salida elegante con una carta en la contaba que su misión ya estaba cumplida y que regresaba al Concejo Deliberante. Las apariencias duraron poco: cuatro meses después de sentarse en su banca, Cano se alejó del bloque oficialista y dejó al gobierno de Arroyo sin mayoría automática. Fue un déjà vu de lo que ya le había hecho a Pulti. Su salida produjo el desembarco en el gobierno de Gustavo Schroeder, otro nombre respetado que adquiere cada vez más peso en la nueva composición del equipo de gestión.

Sólo tres días después de que Schroeder asumiera en la secretaría de Economía y Hacienda, el gabinete sufrió otro golpe. Esta vez, el portazo vino del ala radical: Eduardo Abud renunció a la presidencia del Ente de Obras y Servicios Urbanos (Enosur).

Abud se fue del cargo tras una extensa reunión de más de tres horas con el intendente. Pese al esfuerzo por convencerlo, el funcionario no aceptó seguir en el cargo. Pegó el portazo luego de que por medio de un decreto Arroyo le quitó al área el manejo de la obra pública. La decisión podría haber hecho crujir el acuerdo electoral con un sector de la UCR. Pero ningún radical “sacó los pies del plato”.

Desde el momento de la salida de Abud, la gestión empezó a tener un funcionario clave: Guillermo De Paz. El secretario de Obras y Planeamiento urbano, que cultiva el bajo perfil, mantiene fuertes vínculos con el gobierno provincial y nacional. De Paz es de los pocos integrantes del gabinete que tiene experiencia en la gestión: ya ocupó el mismo cargo durante el gobierno de Daniel Katz. Su figura es respetada por los referentes PRO. Además fue el encargado de seguir de cerca el millonario plan de obras que fue anunciado para Mar del Plata. Es uno de los verdaderos hombres clave del gobierno.

La sangría de funcionarios continuó el 12 de septiembre. Esta vez, el Emtur perdió a su titular: Mario Marchioli presentó la renuncia. El intendente decidió alejarlo del cargo y poner en su lugar a Gabriela Magnoler, una contadora proveniente de la consultora Management & Fit. La mano de la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo detrás de la medida.

El siguiente funcionario en irse del gabinete de Arroyo fue el secretario de Coordinación de Gestión y Modernización de la Municipalidad, Agustín Cinto. El joven había sido enviado por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para poner en marcha el tablero de control y ser el nexo con la Ciudad y la Provincia. Pero los fuertes cuestionamientos internos a su imagen y su sensación de un ciclo cumplido terminaron provocando su salida.

Las repercusiones del crimen de Lucía

El asesinato de Lucía Pérez (16), ocurrido el 8 de octubre, también tuvo coletazos en la gestión municipal. El director general de Control y Supervisión de los Servicios de Seguridad Privada, el abogado Cristian Prada, asumió en un primer momento la defensa de uno de los acusados por el asesinato, Juan Pablo Offidani (41). Con el correr de las horas y al conocerse la brutal manera en que mataron a la adolescente, Arroyo tuvo que echarlo del cargo.

El crimen de Lucía terminó generando otro temblor inesperado en el gabinete.

Fue el turno del irascible secretario de Gobierno, Alejandro Vicente. Poco receptivo a las críticas, el funcionario esta vez no pudo echarle la culpa de todos los males de la gestión a los medios de comunicación. La mamá de la joven asesinada contó que fue agredida cuando llegó a la Municipalidad para que se cumpliera una promesa para poder enterrar a su hija. “Me agarró de los hombros y me empujó como tres metros para atrás”, contó la mujer. El funcionario intentó restarle importancia al hecho y enmarcarlo en un momento de dolor. Por lo bajo, otro funcionario que vio la escena sabe que lo que contó la mujer fue lo que pasó.

Pero a Vicente, por ahora, no hay crítica que lo mueva del cargo. Arroyo lo considera uno de los integrantes de la mesa chica que también la componen su yerno, Mauricio Loria y su hijo, Guillermo. “Si hay un incendio, en vez de apagar el fuego le tira nafta”, resume off the record sobre Vicente un político que suele tratarlo. El que no tuvo problemas en decirlo en público fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Gilardi.

“Me tiene cansado, que ponga un pie en el freno”, disparó.

Vicente suele mostrarse ante el intendente como un Quijote que lucha contra los poderosos que quieren perjudicarlo. Pero en realidad su verdadera batalla es con su falta de cintura para la gestión.

Lo ocurrido en los diez primeros meses del gobierno municipal le trajo más de un dolor de cabeza a la gobernadora María Eugenia Vidal. Mar del Plata, el segundo distrito electoral más importante de la provincia de Buenos Aires, no encontraba el rumbo. Y las encuestas que recibía en su despacho lo confirmaban: los números muestran que Arroyo es el segundo intendente con peor imagen de gestión de la provincia.

Cansada de no tener respuestas, la gobernadora envió al ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, a la ciudad para tratar de corregir el rumbo en los dos últimos meses del año. Nadie lo va a reconocer en público para evitar los rumores de una virtual intervención provincial, pero De la Torre ya trabaja desde hace un mes en las sombras para ayudar a encaminar la gestión. El hombre acostumbrado a navegar en las difíciles aguas del conurbano bonaerense es el elegido por Vidal para normalizar un gobierno que arrancó a los tumbos.