Marcelo Luis Jaworski, directivo de la Unión Industrial del Gran La Plata (UIGLP), no aceptó responder preguntas en su cita judicial indagatoria en el fuero Federal de La Plata dispuesta por el juez Ernesto Kreplak que investiga el presunto funcionamiento de una mesa judicial para perseguir y encarcelar sindicalistas en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal. 

Se trata del quinto profesional en ser llamado para declarar. Tres de sus antecesores no respondieron preguntas y entregaron un escrito con su versión del caso. El cuarto, Fabián Cusini, aceptó responder preguntas de juez, de la fiscal Ana Russo y de su abogado defensor Darío Saldaño. Todos coincidieron en la conflictiva relación con UOCRA, en las exigencias por fuera de convenio que realizaba el gremio (como contratar una determinada empresa de catering o exigir gaseosas para el almuerzo), aseguraron que fueron citados por exfuncionarios de Vidal a una reunión de trabajo al tiempo que no sabían de la presencia de espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Tampoco dieron consentimiento para la filmación de esa reunión. Mañana será el turno para que asista el ingeniero Bernardo Zaslascky, titular de la empresa Bloky.

La causa se inició luego de que la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, presentara ante la Justicia un video -encontrado entre los registros digitales de ese organismo- en el que se podía ver a exfuncionarios de Vidal y directores de la AFI instruyendo a empresarios de la construcción para avanzar contra Medina y otros dirigentes sindicales.

En esa mesa estaban, entre otros, el exdirector de legales de la AFI Juan Sebastián De Stéfano (ligado al expresidente de Boca y operador judicial del macrismo, Daniel Angelici); el entonces jefe de Contrainteligencia del organismo Diego Dalmau Pereyra y el exjefe de Gabinete de la central de espías Darío Biorci.

Los investigadores ya lograron probar que después de aquella reunión llevada a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del séptimo piso de la sede del Banco Provincia (BAPRO) ubicada en las cercanías de Plaza de Mayo los empresarios imputados realizaron presentaciones ante el Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que luego se presentaron ante la justicia federal de Quilmes. Luego, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, dio inicio a una investigación judicial por supuesta asociación ilícita contra Medina a partir de una denuncia anónima referida a hechos supuestamente ocurridos en La Plata. El magistrado avanzó en la investigación a pesar de que la fiscalía, por aquellos días, opinó que la denuncia debía ser tramitada ante la justicia federal de La Plata y no en Quilmes, lo que podría ser materia de investigación también en este expediente en el que ahora Medina y su familia son querellantes por el supuesto armado ilegal de causas en su contra.

La ronda de indagatorias convocada por el juez Kreplak alcanza también al exministro Villegas (se pospuso para el viernes 18 de marzo), al extitular de la cartera provincial de Justicia Adrián Grassi (17 de marzo), al senador provincial de Juan Pablo Allan (21 de marzo) y al intendente de La Plata, Julio Garro (23 de marzo), aunque la indagatoria del legislador está supeditada al desafuero que debe tratar el senado bonaerense, por ese motivo podría ser aplazada la cita judicial. También deberán declarar los exdirectivos de la AFI: para el 25 de marzo está convocado Darío Biorci (excuñado de la subdirectora de la central de espías, Silvia Majdalani), mientras que De Stéfano está citado para el 29 y Dalmau Pereyra para el 31.

A los imputados se los acusa de participar en una estrategia dirigida a damnificar al dirigente de UOCRA platense, su entorno y a la entonces conducción de la seccional de la capital bonaerense, para la cual, se sospecha, hubo maniobras de inteligencia ilegal y se manipuló el accionar de la Justicia.