Empresarios platenses se desligaron de las acusaciones por la "Gestapo" macrista. Asociaciones de empresarios de la construcción de La Plata reconocieron en un comunicado haber participado de una reunión encabezada en 2017 por el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, (...)
(...)y funcionarios de la AFI, que se llevó a cabo en la sede del Banco Provincia, pero dijeron que concurrieron para "abordar la problemática relación" que existía con el líder de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) Juan Pablo “Pata” Medina.
El texto fue firmado por la Unión Industrial del Gran La Plata, Apymeco, la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU), el Colegio de Ingenieros (CIV La Plata), el Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata), Capec y Acimco. Allí, los empresarios rechazaron las "expresiones anticonstitucionales" que se aprecian en el video de la reunión, en la cual participó también el intendente de La Plata, Julio Garro, y en la que se discutió el armado de causas judiciales contra sindicalistas. En ese registro audiovisual, Villegas manifestó sus deseos de contar con una organización como la "Gestapo" (la policía política que operó durante el régimen de la Alemania nazi) para accionar contra los gremios en Argentina.
"A partir de los hechos de público conocimiento queremos comunicar a la opinión pública que las instituciones abajo firmantes asistimos a una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo provincial hace cuatro años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la Uocra regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra región", señalaron la entidades patronales.
Asimismo, precisaron que "la violencia no estaba originada en conflictos laborales". "Esto se evidencia en lo ocurrido con las dos gestiones anteriores de normalización gremial que realizó la Uocra nacional, las cuales tuvieron que interrumpir la intervención e irse 'viendo que la problemática sigue su curso' y 'no pudiendo cumplir la tarea encomendada', a cuatro años del inicio de la normalización, según sus propias declaraciones públicas".
Sin embargo, destacaron haber reconocido y valorado siempre "el legítimo e irreemplazable rol de los gremios en el marco de la relación laboral, como representantes de los trabajadores y generadores del diálogo social". En ese marco, resaltaron haber mantenido una relación "armónica, respetuosa y sustentable" con los sindicatos y enfatizaron que su trayectoria "se construye en base a un sólido apego y respeto a los rasgos distintivos del Estado democrático: la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas".
"Estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se vertieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos", apuntaron. "Seguiremos, como siempre, combatiendo a la violencia institucionalizada y las extorsiones con la herramienta que indica la Constitución argentina: la ley", concluyeron.
El presidente de la Unión Industrial del Gran La Plata, Hugo Timossi, también negó responsabilidad por parte de esa entidad en el armado de causas judiciales y aseguró que en la reunión que mantuvieron en 2017 funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal con empresarios, los titulares de las firmas vinculadas a la construcción desconocían que en ese encuentro hubieran participado agentes de inteligencia.
"La reunión se continuó para plantear los problemas que teníamos en el territorio, era la única manera, mediante reuniones de trabajo con el Ministerio de Trabajo. Ahora si el ministro dijo lo que dijo, se deberá hacer cargo el exministro", remarcó Timossi.
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