Adrián Patricio Grassi, subsecretario de Justicia bonaerense en la gestión de María Eugenia Vidal, rechazó las acusaciones que lo señalan como parte de una presunta mesa judicial para perseguir a sindicalistas opositores durante el gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), entre 2015 y 2019, causa penal que tramita en el fuero federal de La Plata. No aceptó responder preguntas del juez Ernesto Kreplak ni de la fiscal Ana Miriam Russo. En cambio, entregó un extenso escrito con su versión de los hechos, donde dio ocho argumentos para sostener que no incurrió en delito alguno. Además, apuntó contra el extitular de UOCRA La Plata Juan Pablo Medina, solicitó medidas de pruebas, aportó una lista de testigos, aseveró que no sabía que la reunión en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) estaba siendo filmada, adelantó que pedirá el cambio de jurisdicción del expediente y solicitó su sobreseimiento.

El exfuncionario vidalista fue indagado luego del paso por tribunales de seis empresarios de la construcción que el 15 de junio de 2017 participaron de aquella reunión en la sede porteña del Bapro a la que también asistieron -además de Grassi- los por entonces ministros de Infraestructura, Roberto Gigante, y de Trabajo, Marcelo Villegas; directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el senador Juan Pablo Allan y el intendente de La Plata, Julio Garro, y en la que el tema exclusivo fue analizar acciones contra dirigentes de la UOCRA La Plata, en ese momento encabezada por Medina. En aquel encuentro, Villegas -que debe presentarse este viernes frente al juez- dijo que le gustaría tener “una Gestapo” para “terminar” con los gremios.

Grassi se presentó en el juzgado acompañado de sus abogados Hernán Jáuregui Lorda y Pablo César Rizzo, quienes integran uno de los estudios jurídicos más reconocidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los tres entregaron un escrito de 64 fojas al que tuvo acceso Letra P. Allí, el exfuncionario no señala a ningún excompañero de la función pública, al tiempo que confirma que la relación entre empresarios de la construcción y la sede platense de la UOCRA era “conflictiva”.

El acusado dio ocho razones por las que se considera ajeno a cualquier tipo de delito o infracción. Dijo que en su rol de subsecretario de Justicia mantuvo distintas reuniones con funcionarios y magistrados de todas las instancias del Poder Judicial y del Ministerio Público, “por cuestiones vinculadas al funcionamiento de dicho poder del estado”.

En el documento al que tuvo acceso Letra P, Grassi señala que en el ejercicio de sus funciones mantuvo “contactos con empresarios que resultaban víctimas de las maniobras llevadas a cabo por el Sr. Medina” y, en ese marco, “como subsecretario de Justicia recomendé a los empresarios que denunciaran y declararan en la justicia los hechos por los cuales resultaban damnificados”.

Sobre el video que fue aportado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dijo que “desconocía por completo” que la reunión del 15 de junio de 2017 estaba siendo filmada. Como contó este medio, la causa se inició por una denuncia presentada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, tras el hallazgo por parte de ese organismo de videos que muestran la reunión celebrada en el Bapro. En relación al tenor de lo allí hablado, Grassi indicó que “siempre” creyó “que las medidas de pruebas sugeridas en la reunión se realizarían con autorización judicial”.

Según su versión, no infringió “ninguna” norma del Código Penal y no realizó “ningún tipo de actividad ilegal vinculada con la Ley de Inteligencia Nacional”. Además, “no participé de reuniones en Casa Rosada, ni tuve contacto con el expresidente Mauricio Macri”, dijo.

Sobre las comunicaciones telefónicas con integrantes de la reunión, confirmó que mantuvo 113 con el senador Juan Pablo Allan, quien, además, integraba el Consejo de la Magistratura provincial; 84, con el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas; 30, con el intendente Garro; 17, con el empresario Fabián Cusini; 2 con el exfuncionario de la AFI Juan Sebastián De Stefano y dos con Pablo Wilk, secretario del juzgado federal de Quilmes donde procesaron y ordenaron la detención de Medina. Pero afirmó que todas fueron en el marco de sus “misiones y funciones”. Para ello aportó como argumento su decreto de designación firmado por la exgobernadora Vidal. En uno de los puntos de la norma se estableció que debía brindar “soporte a los órganos judiciales en materia de investigación penal en las distintas instancias procesales fortaleciendo los canales de comunicación con distintos actores”. También estaba entre sus labores “promover el respeto y protección de las garantías constitucionales de los ciudadanos bonaerenses, en los procesos judiciales y extrajudiciales en articulación con el Poder Judicial”.

Tras detallar parte de las reuniones que mantuvo con víctimas de delitos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, hizo foco en que fue a la reunión en el Bapro tras tomar contacto “con los incesantes reclamos de empresarios del rubro de la construcción bonaerense que afirmaban ser víctimas del reiterado accionar delictivo del Sr. Juan Pablo Medina”.

Tras cumplir con la cita judicial, Grassi se retiró de los tribunales federales de La Plata sin realizar declaraciones a los medios de comunicación que estaban en el lugar.

A los imputados se los acusa de participar, durante 2017, en la ejecución de una estrategia, elaborada por miembros de los gobiernos nacional, provincial y municipal de entonces, para impulsar denuncias e involucrar en investigaciones penales a dirigentes de UOCRA La Plata y allegados, entre ellos, parte de la familia Medina.

“La materialización de dicha estrategia se habría dado no sólo a través del aporte de elementos probatorios -tales como la formulación de denuncias, declaraciones testimoniales, entre otros- sino también de gestiones paralelas al desarrollo de los procesos penales, tendientes a producir efectos en ellos, que involucran actividades de inteligencia ilegal e infracción a disposiciones legales de orden procesal”, según surge del expediente judicial.