Los jueces de Comodoro Py afines al macrismo vuelven a preparar el terreno para llevar la causa Gestapo antisindical, que por ahora tramita en la justicia platense, a los tribunales de Retiro. Este martes, el camarista porteño Martín Doctrina Irurzun hizo una movida clave para conformar el tribunal que debe resolver dónde se tiene que investigar este caso que compromete al expresidente Mauricio Macri y a la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, además de la AFI, en el armado de causas contra sindicalistas.

Este martes, el camarista Doctrina Irurzun aceptó el planteo de Darío Biorci, ex jefe de gabinete de la AFI macrista, y decidió apartar a su colega Roberto Boico de la instancia revisora que tiene que definir si la pesquisa hoy al mando del juez Ernesto Kreplak continúa en La Plata o debe cambiar de jurisdicción. A Boico lo reemplazará un magistrado nombrado por Macri.

Lo concreto es que el único camarista federal nombrado por este Gobierno no podrá intervenir en ninguna causa que complique al Gobierno anterior y todas quedarán en manos de alguno de los 3 jueces nombrados por Macri o de el autor de la doctrina para encarcelar exfuncionarios kirchneristas.

La movida

La sala II de la Cámara Federal porteña, con asiento en Comodoro Py, debe definir si la causa Gestapo M continúa tramitando en La Plata o pasa al edificio de Retiro. Tiene que resolver una apelación que se hizo a una decisión del juez Daniel Rafecas, para quien la causa debe continuar en manos del magistrado platense Ernesto Kreplak.

Ante la conformación de esa sala, compuesta por Boico, Irurzun y Eduardo Farah, el exjefe de gabinete de la AFI, Darío Biorci, procesado en esta causa, el 16 de mayo pasado recusó a Boico por una supuesta “falta de imparcialidad” por una serie de declaraciones públicas. Este martes, Doctrina Irurzun hizo lugar al planteó del exagente de inteligencia y decidió apartar a su compañero de sala del caso Gestapo antisindical. Lo desplazó por una serie de declaraciones pública que había hecho Boico antes de ser designado camarista y otras que realizó en un evento académico ya siendo juez.

Boico es un magistrado incómodo para el macrismo. Exabogado de CFK y de Oscar Parrilli, fue designado en la Cámara Federal porteña por Alberto Fernández. Es el único nombramiento que pudo hacer en Comodoro Py el actual presidente.

¿En que se basó Biorci para pedir correr a Boico? En que el camarista declaró públicamente antes de ser nombrado juez, que “habría existido una suerte de estructura conformada por distintos funcionarios macristas que se habrían dedicado a la persecución de opositores”. El abogado de Biorci, Pablo Vigliero, consideró que “su actuación no garantiza a mi defendido la intervención de un juez imparcial” en el caso. El letrado añadió que la causa Gestapo antisindical apunta justamente contra altos funcionarios del gobierno nacional y provincial por lo que “el objeto del proceso versa sobre un tópico respecto del cual el Dr. Boico ha mostrado tener una opinión formada”. Es decir, corren a Boico de una causa de Lawfare por haberse expresado en contra del Lawfare.

En esa línea, Vigliero atacó a Boico e hizo referencia a “terceros estrechamente ligados al señor Magistrado, como son los opositores políticos a la anterior administración que constantemente baten parches invocando el supuesto ilícito de aquélla, sujetos con los que usted se encuentra estrechamente ligado por su desempeño profesional anterior y por las manifestaciones públicas a las que nos hemos referido”. Y citó distintas afirmaciones de Boico en las que hacía referencia a la persecución judicial que reinó durante el macrismo.

Boico es acusado de describir cuando era abogado lo que efectivamente estaba pasando en el terreno judicial. Por ejemplo, Vigliero resaltó: “Ejerciendo la profesión de abogado el Dr. Boico se refirió a un Poder Judicial corroído y tóxico que se mantiene a partir de una estructura enquistada y penetrada por los servicios de inteligencia.” Como Biorci es un exespía y está procesado en la causa Gestapo su abogado pidió correr al camarista designado por Alberto Fernández.

Boico, en su descargo, rechazó el planteo del exagente de inteligencia. “Los extremos invocados no alcanzan a objetivar suficientemente la pretensión de apartamiento”, consideró. “De las expresiones que se traen a colación no se extrae ningún comentario ni sobre el objeto específico de este caso, ni sobre los legitimados a título activo o pasivo. Bastará con recordar, al respecto, que las primeras se encontraron estrechamente ligadas al ejercicio del rol de abogado defensor que en su momento me correspondía; mientras que las segundas respondieron a una exposición de índole técnico-jurídico en una discusión de tal estricta naturaleza y no se refirieron a ninguna imputación individual o particular de una causa penal”, explicó. Pero Doctrina Irurzun decidió inclinarse por la posición del exjerarca de la AFI.

En una escueta resolución de 4 páginas, Doctirna Irurzun hizo lugar al planteo del exagente de inteligencia y cuñado de la Nº2 de la AFI durante el macrismo. “Los elementos de la causa avalan esa argumentación”, consideró.

“En las declaraciones que trajo a colación el recusante (cuyo tenor textual no fue puesto en tela de juicio), se hizo alusión a la supuesta existencia, durante la gestión de gobierno anterior, de un sistema elaborado por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo con intervención de servicios de inteligencia y órganos judiciales, que habría consistido en desplegar actividades persecutorias”, remarcó Irurzun. “Esa caracterización – como se citó- coincide con la que se describió al fijar el objeto de la causa donde corresponde ahora intervenir (y decidir). En definitiva, hay motivos de entidad para sostener la concurrencia de preconceptos, manifestados previa y públicamente, sobre hechos que están siendo discutidos en el caso judicial específico en que toca actuar. Ello alcanza a objetivar el temor de parcialidad que puso de manifiesto la defensa”, concluyó.

Esta decisión de Doctrina Irurzun puede interpretarse no solo como un blindaje de Macri sino también como una maniobra de autoprotección. El propio Irurzun fue uno de los protagonistas judiciales del Lawfare. Fue el hacedor de la doctrina según la cual todo dirigente kirchnerista investigado tenía poder residual y por lo tanto podía ser detenido preventivamente. Le dio marco “jurídico” a la cacería opositora en tiempos de Macri vulnerando el estado de Derercho.

Con el apartamiento de Boico, la sala II deberá completarse con un camarista de la sala I que está integrada por tres jueces nombrados por Macri: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzi y Mariano Llorens. Los primeros dos fueron puestos a dedo en el cargo, de forma irregular. El tercer fue denunciado penalmente por visitar a Macri en la Quinta de Olivos y no poder justificarlo.

Los alcances de esta decisión son preocupantes porque Boico, con este antecedente puede llegar a ser apartado de otras causas relacionadas al Lawfare. Así, serán los mismos jueces que impulsaron la persecución judicial desde Comodoro Py quienes deberán juzgarse entre sí. 

El caso Gestapo y su relevancia: de Macri y la AFI a Vidal

¿Por qué el macrismo y sus aliados se muestran tan interesados en llevar la causa Gestapo a Comodoro Py? Porque es una causa que alcanza a Macri y en los tribunales de Retiro, Juntos por el Cambio juega de local.

En el marco de esta causa, el pasado 28 de abril, el juez platense Ernesto Kreplak procesó a los ex directivos de la AFI Juan Sebastián “Enano” De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra y Dario Biorci y a los ex funcionarios bonaerenses Marcelo Villegas y Adrián Grassi. La medida también incluyó al intendente de La Plata Julio Garro y al senador de Cambiemos Juan Pablo Allan. Todos participaron de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia donde se habló de una Gestapo antisindical y se planeó el amado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. A los empresarios que fueron parte del mismo encuentro y al ex ministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante les dictó la falta de mérito. De acuerdo al magistrado, la maniobra se empezó a tejer el 4 de mayo de 2017 en una reunión en la Casa Rosada que contó con la presencia del entonces presidente Mauricio Macri.

La causa “Gestapo antisindical” comenzó con una denuncia de la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño, cuya gestión encontró el video donde se veía a los directivos de la AFI, miembros del gabinete de Vidal y empresarios en pleno armado de causas contra el “Pata” Medina. Si bien el caso le tocó al juez Kreplak, Comodoro Py enseguida intentó absorber el expediente, hasta ahora el único donde se investiga espionaje ilegal que está fuera de su órbita.

La preocupación macrista es porque según el juez está comprobado que hubo "un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial -de Buenos Aires- y municipal -de La Plata-". Con sus afirmaciones, Kreplak demuele el argumento del cuentapropismo y muestra que la persecución y el espionaje eran imposibles sin las directivas de Macri y Vidal.

De hecho, Kreplak agregó que “la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada (contra Medina) podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”. Esto no solo toca a Macri y Vidal, sino a los ministros nacionales que estuvieron en la reunión del 4 de mayo de 2017 en la Casa Rosada así como a otros ministros bonaerenses que por ahora evitaron este expediente.

Para Kreplak también “existen elementos para profundizar la investigación respecto de las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia”, o sea, Arribas y Majdalani. Y remata que “se advierte la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades judiciales y del ministerio público fiscal”, es decir, el -aún hoy- procurador bonaerense Julio Conte Grand, que habló al menos 19 veces con Vidal en los meses en los que se gestaba la persecución sindical en la provincia de Buenos Aires.

Justamente, Krelpak continúa al día de hoy avanzando con su pesquisa.

Pero si la Cámara porteña considera que la causa debe pasar al juzgado de Rafecas, Kreplak perderá la causa. Y eso no es todo. El fiscal de la investigación será el procesado Carlos Stornelli, quien ya había dictaminado que la causa Gestapo M tramite en los tribunales de Retiro.