Fue un video que mostraba a funcionarios bonaerenses durante el gobierno de María Eugenia Vidal el que evidenció  una presunta estrategia de persecución y armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales en La Plata y que terminó con la detención del ex dirigente sindical Juan Pablo “Pata” Medina, de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), el 26 de septiembre de 2017.

El clip fue denunciado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y se lo puede ver al ex ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas dándole directivas a los empresarios acerca de cómo armar denuncias contra el dirigente de la UOCRA que era la causa de todos sus desvelos. En el encuentro estuvieron el entonces jefe de Gabinete Darío Biorci, el director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y el director administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano.

Aquel encuentro se llevó a cabo en una sede del Banco Provincia en La Plata y además de los miembros de la AFI, reunió en total a 14 personas. A Medina le instalaron cámaras y micrófonos en su celda mientras estuvo detenido en el penal de Ezeiza y en el de Marcos Paz.  La información obtenida por dichas cámaras iba a parar a manos del Ministerio de Seguridad bonaerense, que por entonces comandaba Cristian Ritondo, y de la Gendarmería Nacional.

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak pidió ayer al Gobierno bonaerense y a varios ministerios de esa jurisdicción correos electrónicos y agendas de 2017 de la ex gobernadora Vidal y ex funcionarios en el expediente que investiga la mesa judicial que buscaba armar causas contra sindicalistas. El pedido fue cursado a la Gobernación y a los Ministerios bonaerenses de Justicia, de Trabajo y de Infraestructura.

La información que pretende el juez está referida a los movimientos de Vidal, de Villegas y de Infraestructura, Roberto Gigante y del ex subsecretario de Justicia, Adrián Grassi. En tanto, la subcomisión de Inteligencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso recibió este miércoles a la ex funcionaria del Banco Provincia, Emilia Jaime, secretaria del entonces presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet.

Jaime "se presentó y ratificó que fue durante los cuatro años de la presidencia de Curuchet la asistente privada", cómo así también que "fue ella la que pidió la sala de uso múltiples dónde se llevó a cabo la reunión 'Getapo' por pedido del presidente", según contó el diputado Rodolfo Tailhade, en diálogo con C5N y agregó: "Dijo que estas cosas eran habituales, de todos los días".

Los legisladores buscan conocer el paso a paso de la gestión del encuentro del 15 de junio de 2017, donde el ex ministro Villegas mencionó que le hubiera gustado tener una "Gestapo" para accionar sobre los gremialistas.  En los videos que se conocieron se lo escucha a Villegas decir que había una decisión de los gobiernos nacional, provincial y municipal de "comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la UOCRA". 

Y agrega: "Necesitamos pre-constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo laboral o, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas esas palabretas. Se impulsa con los testimonios de unas diez personas, que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Con las presentaciones que ustedes nos hagan como instituciones se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo el soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas".

El juez Kreplak también pidió a Presidencia que informe si los tres espías imputados en la causa ingresaron a Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Por ahora, el magistrado busca determinar responsabilidades en el caso de la "Gestapo antisindical", razón por la cual exigió que se entreguen los correos electrónicos que haya enviado o recibido Vidal desde la casilla oficial que utilizó mientras fue gobernadora.

Kreplak tomó la medida luego de que solicitara las computadoras oficiales que utilizaron los funcionarios imputados en la causa y se encontrase con la imposibilidad de ubicar algunas de ellas. “Luego de una exhaustiva búsqueda, no es posible identificar la CPU del Sr. Adrian Grassi ni la de su secretaria privada, dado que no existe registro alguno de los equipos encomendados a las diferentes dependencias que conformaron esta cartera ministerial en el periodo mencionado”, señalaron desde el Ministerio de Justicia bonaerense y precisaron cuál era la cuenta de correo oficial utilizada por Grassi, de la “cual se poseen registros de correos enviados y recibidos".

El juez insiste en que dichos correos  aportarán "elementos de relevancia para la investigación". “Con los mismos fundamentos, habrá de requerirse al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Bs. As., al Ministerio de Trabajo de la provincia de Bs. As. y a la Gobernación de la provincia de Bs. As., que informen si cuentan con las respectivas direcciones de correo institucionales asignadas durante el año 2017 a Roberto Jorge Gigante, Marcelo Eugenio Villegas y María Eugenia Vidal, respectivamente, y que, en caso de poder acceder al contenido de las mismas, se remita a este Juzgado dicho material”, señaló el magistrado.

En este contexto, también pidió las “agendas de actividades del año 2017, ya sea en soporte papel o digital” de Vidal, por la que también pesa un pedido de entrecruzamiento de llamadas, Villegas, Grassi y Gigante; así como también elevó una solicitud a la Secretaría General de la Presidencia para que se informe si durante 2017 también ingresaron a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos los tres directivos de la AFI imputados en la causa: De Stéfan, Biorci y Pereyra, quien es el único que quedó registrado con un ingreso a la Casa de Gobierno durante el año 2017: entró el 13 de junio y fue a ver a Marcos Peña. El resto visitó la Casa Rosada, pero en 2018. 

Cabe recordar que antes de que lo detuvieran, Medina se atrincheró en su oficina, amenazó con "prender fuego la provincia" se lo detenían y le dio una entrevista en TN donde denunció que todo había sido orquestado por el ex presidente Mauricio Macri. “Hay una línea política que viene del presidente. El ministro (por Claudio Villegas) participó de una reunión de Gabinete donde dio órdenes de que tenían que empezar a inventar causas para hacer un expediente y que me lleven preso. A la semana siguiente, el ministro compartía un asado con un colega mío gremial en La Plata, que me contó que Villegas le había dicho que tenía la orden de armar causas”, dijo en aquella entrevista. .

A Medina se le otorgó la prisión domiciliaria al tener en cuenta su estado de salud y su edad, tras casi tres años en prisión. La decisión de la Cámara Federal de La Plata y meses después, el ex dirigente sindical  presentó ante la Justicia denuncias contra Macri y Vidal por “persecución política y gremial”. Por ahora, ni el ex presidente ni la ex gobernadora se refirieron al tema. De hecho, el único de los apuntados que habló públicamente fue Villegas, que denunció que las imágenes podrían haber sido adulteradas y pidió “sinceras disculpas por haber utilizado torpemente una palabra absolutamente inadecuada, que además está lejos de mi forma de sentir, de pensar y actuar”, en relación a la frase "Gestapo”.