César Albarracín, abogado patrocinante de Juan Pablo Medina y su familia, solicitó el procesamiento de Marcelo Villegas, Roberto Gigante, Adrián Grassi, Julio Garro, Juan Pablo Allan, Dario Biorci, Juan De Stéfano, Diego Dalmau Pereyra, Fabián Cusini, Jorge del Río, Ricardo Alconada, Guillermo Moretto, Marcelo Jarworsky y Bernardo Salszascky, en el marco de la causa que investiga la mesa judicial macrista, que bajo la órbita de María Eugenia Vidal, se encargaba de perseguir a sindicalistas bonaerenses. Entre ellos, el “Pata”.

Asimismo, pidió el llamado a indagatoria de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, María Eugenia Vidal, Julio Conte Grand y Luis Armella.

La decisión de embestir contra Juan Pablo Medina empezó a gestarse a fines de marzo de 2017.

Un informe de Presidencia de la Nación incorporado a la causa aporta datos sugestivos, que deben correlacionarse con los dichos de Villegas durante la reunión de la Gestapo antisindical, en el sentido de que existía una decisión política del Gobierno nacional y del Gobierno provincial para concretar el plan de encarcelamiento de Juan Pablo Medina y su entorno.

De hecho, las constancias dan cuenta, entre otros, del ingreso de Villegas a Casa Rosada el 4 de mayo de 2017, lo que se reiteraría el 24 de agosto, el 23 de noviembre y los días 20 y 26 de diciembre.

La agenda del ex ministro de Trabajo, también incorporada a causa FLP 18933-21, permite conocer que la reunión del 4 de mayo se concretó con el ex presidente Mauricio Macri y con los ministros y funcionarios nacionales Dietrich, Arribas, Bullrich y Frigerio.

También pudo corroborarse tanto el ingreso de Villegas y Arribas a Rosada como la presencia de Macri, Patricia Bullrich, Garavano, Triaca y Dietrich.

Para comprender el modo coordinado con el que actuaron, debe señalarse que en el encuentro posterior del 24 de agosto de 2017, Villegas coincidió con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, quien ingresó y egresó en el mismo horario que su ministro de Trabajo.

También Roberto Gigante tuvo varios encuentros en casa Rosada, uno de ellos concretado el 5 de mayo de 2017, esto es, un día después de la reunión de 10 Villegas y otra el 25 de septiembre de 2017, fecha que también resulta clave en el caso, pues se trata del día previo a la detención de Medina.

En su descargo, el ex ministro de Trabajo reconoció que Mauricio Macri estuvo presente en la reunión y que el objeto de la misma fue abordar la “problemática” vinculada a Juan Pablo Medina.

Puede advertirse de qué modo la reunión dispara una importante cantidad de llamadas entre los actores políticos que estarían involucrados en la maniobra, pero también comunicaciones de éstos hacia referentes judiciales (por ejemplo, llamadas a Conte Grand) y hacia quienes oficiarían como órganos de prueba (llamadas a Alconada, quien a su vez, se comunicaría los días siguientes con otros empresarios).

El 5 de mayo de 2017 (sólo un día después de la reunión mencionada en el acápite anterior) se registra además la primera de las actividades de inteligencia ilegal contra Juan Pablo Medina.

Quien hace la consulta es Alan Ruiz. En ese momento, dependía del Ministerio de Seguridad Nacional (recordemos la presencia de Patricia Bullrich en la reunión del día anterior) y luego fue designado como director de Operaciones de la AFI. A la vez, el primero de los informes de inteligencia ilegal data del martes 9 de mayo de 2017.

Como puede apreciarse en el pdf vinculado a esta nota, los distintos trámites judiciales que se fueron generando a uno y otro expediente no derivan de la actuación independiente de las autoridades judiciales que los tenían a cargo, sino del permanente direccionamiento que se iba generando a partir de la estrategia externa desplegada por los imputados.

A la par del expediente, existían múltiples acciones, comunicaciones y reuniones extraprocesales que son las que en realidad iban definiendo la configuración y avance de las causas.

El entramado que se fue generando se relaciona con lo planificado en la mesa del 15 de junio y los informes requeridos a los empresarios, junto a las testimoniales con reserva de identidad que se plantaron primero en la UFI 1 de La Plata, y las denuncias que se iban presentando accesoriamente (Marín, Ganduglia) son las que terminan dando cuerpo a los expedientes y luego justificando la medidas que se fueron disponiendo, todo ello junto a las otras actividades que se iban materializando, como la generación y presentación de denuncias anónimas como la que diera pie a investigaciones oficiosas de la UFI 11 de La Plata.