Más deuda. El decreto 943/2020 que se publicó en el Boletín Oficial el 27 de noviembre, confirma un nuevo compromiso financiero en moneda extranjera contraído por la gestión de Gerardo Morales en Jujuy. El objetivo, en este caso, es la construcción de edificios educativos.

Quien prestará el dinero, en esta ocasión, será el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El garante de la operación es el Poder Ejecutivo Nacional, que se reservó la facultad de retener Coparticipación Federal en caso de que la provincia incumpla.

El BCIE se suma así al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que también firmó un préstamo similar para la provincia en el mes de marzo, en este caso por un monto de 100 millones de dólares, con el mismo objetivo, la construcción de establecimientos educativos.

El plan integral de la gestión Morales es construir 139 establecimientos, para lo que asegura necesitar 307 millones de dólares, que la Legislatura ya autorizó, con críticas de diputados del peronismo pero con el apoyo clave del presidente del PJ, Rubén Rivarola, socio estratégico del gobierno. De los 307 millones de dólares el gobierno provincial ya consiguió 167, que llegarán desde BCIE y CAF.

Isolda Calsina, ministra de educación. Jujuy pidió 167 millones de dólares prestados para construir escuelas.

Ni la publicación en el Boletín Oficial del decreto 943, ni el comunicado de prensa difundido por la provincia, ni la gacetilla del Ministerio de Educación celebrando la firma de contrato con las empresas constructoras, muestran un dato clave: la tasa de interés que exigirán BCIE y CAF por el préstamo otorgado, ni los plazos de devolución, esto es, a partir de cuándo habrá que empezar a pagar el crédito.

La provincia omite precisiones respecto de otra información elemental: de dónde saldrán los fondos para hacer frente esta deuda, ya que la inversión en infraestructura educativa tiene un gran impacto social pero no generará renta para afrontar el endeudamiento subyacente.

El gobernador Morales repite con insistencia un genérico “pagaremos con la renta de Cauchari”, en alusión al parque solar construido en la puna. Sin embargo, ni el gobernador ni los responsables de JEMSE – la estatal propietaria del parque fotovoltaico – han logrado demostrar que la obra genera renta significativa.

Cauchari además tiene sus propios compromisos: en los próximos 15 años debe devolver 779 millones de dólares en capital más intereses a bonistas internacionales y al banco chino Eximbank. Morales sostiene que la producción generará en 20 años “1.200 millones de dólares”. Sin embargo, sus propios técnicos exhiben cálculos más austeros. En abril de 2019 una exposición realizada en la planta, a la que asistió JujuyAlMomento, hablaba de un volumen de producción que posibilitaría una renta cercana a 830 millones de dólares en dos décadas.

En agosto de 2020, en otra exposición, los ingenieros de Cauchari corrigieron esa cifra, y expusieron una producción que redundaría en una renta apenas superior a los 1.000 millones de dólares en 20 años.

Sin embargo, las primeras mediciones relacionadas con la energía inyectada al sistema interconectado nacional que administra la empresa CAMMESA, compradora del producto de Cauchari, muestra un rendimiento inferior al esperado.

Suponiendo que el parque alcance su esplendor con el correr de los meses o los años, el gobierno no ha podido precisar cómo planea estructurar el repago de los créditos que ya contrajo y que, según los integrantes del oficialismo, planea seguir contrayendo hasta el fin de la gestión Morales, en 2023.

Además, el actual gobierno tomó deuda en dólares para la realización de otros dos proyectos que tampoco generan renta: la empresa estatal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que obtuvo 45 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones y las cámaras de seguridad adquiridas de la empresa ZTE por 29 millones de dólares.

Quien lo suceda deberá afrontar la cancelación de los créditos que hoy se obtienen.