En este escenario, pidió que “la Justica determine quiénes estuvieron en esta trama” y reclamó un proceso investigativo “a fondo y que llegue al hueso”, en alusión al pedido de “coima” realizado por alguien supuestamente vinculado a la gestión provincial, en perjuicio de un empresario para hacer desaparecer expedientes que lo comprometen en un caso de corrupción.

También destacó que “nos reivindica como proyecto de gobierno, la constitución de la Oficina Anticorrupción”.

Aseguró que la persona que solicita “coima” a un empresario vinculado a la obra pública, “no es funcionario de este gobierno y nunca lo fue, sí de la Legislatura hasta el mes de diciembre”.

“Se trata de aquellas personas que se arriman a un partido político, con el propósito de obtener algún tipo de beneficio”, indicó en conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Blanco y advirtió que “le estaba mintiendo al empresario sobre un favor que ni él ni ningún funcionario puede hacer, puesto que los expedientes que suponemos refiere ya se encuentran en la órbita del fiscal Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana”.

Por otra parte, el mandatario garantizó que no tiene la actitud de reunirse con Millón para perjudicar empresas locales, “de hecho fomentamos la contratación jujeña”, recalcó.

Advirtió que “hay empresas que pretenden cobrar sumas indebidas, las que no serán pagadas por este gobierno” y consideró que es posible que ese audio que es de público conocimiento se pretenda utilizar para “chantajear al Gobierno de la Provincia y apretarlo para que pague precios inaceptables y expedientes irregulares”. Cabe destacar, que la prensa tuvo acceso a los expedientes en cuestión.

Respeto por la autonomía universitaria

En otro orden y respecto a lo ocurrido en la Facultad de Ciencias Agrarias, reafirmó su “rechazo y repudio” a la participación policial dentro del establecimiento educativo, explicando que “para quienes entendemos y hemos luchado por la autonomía universitaria, la participación de la policía provincial se tiene que dar en el marco de la autorización de un juez competente”.

Asimismo, hizo referencia a la responsabilidad de la autoridad universitaria respecto del dictado de normas de comportamiento y convivencia dentro del claustro.

Continuando, promovió la realización de un debate en lo que refiere a la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos educativos, cuestión que se encuentra prohibida por legislación nacional y provincial.