Llegó el supuesto día D pero el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad continuará. Incluso, a horas de cumplir ocho días de protesta, prefectos y gendarmes que acampan en los edificios Guardacostas y Centinela se movilizaron anoche a Plaza de Mayo para llevar el reclamo a las puertas de la Casa Rosada. La semana pasada, el secretario de Seguridad, Segio Berni, se llevó un petitorio con siete condiciones de los acuartelados tras la implementación del decreto 1307 con la promesa de contestarlo ayer. Cumpliendo el plazo, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, brindaron una conferencia ayer pero desestimándola como una especie de respuesta a las exigencias.

Los uniformados lo tomaron de la misma manera, al punto de acusar que “se nos han reído en la cara”, en palabras del vocero de Gendarmería, Raúl Mazza. Y hasta pretenden redoblar la apuesta: “‘Llamamos a nuestros camaradas a levantar el 50% de los puestos”, añadió como amenaza.

La única réplica de Abal Media al petitorio fue considerar “imposible” un básico de $7 mil, tal como solicitaban los efectivos. Por lo bajo, los manifestantes apostaban a lograr negociar un mínimo de aumento pero la Rosada ni siquiera amagó con negociar. “Si les damos lo que pretenden, mañana tenemos a UPCN y ATE pidiendo lo mismo”, era la reflexión generalizada ayer en despachos oficiales.

A diferencia de los primeros momentos del conflicto, que Berni y hasta Lorenzino se acercaron a negociar con los efectivos, ayer prosiguió el “operativo desgaste”. En el edificio Centinela, los manifestantes esperan algún contacto del Gobierno que nunca llegó. Y todo indica que por ahora no llegará. “Ahora es un reclamo salarial y punto”, reflexionaron ayer en el ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré. La lectura oficial es que luego del descabezamiento de las cúpulas de ambas fuerzas de la semana pasada, son los nuevos jefes “quienes deben reconstituir la línea de mando y la disciplina”.

A eso se dedicaron durante el fin de semana, Enrique Alberto Zach, desde Gendarmería y Luis Alberto Heiler, en Prefectura, manteniendo contactos con sus oficiales para bajar el mensaje.

Cerca de Garré se mostraron confiados ayer en haber detenido el efecto dominó que amenazó con trasladar el malestar a otras fuerzas, como la policía o sectores militares. Pero también en haber disciplinado a la mayor parte de los efectivos. “Los que quedan (protestando) tienen que entrar en razón y volver a su trabajo”, advierten desde la Rosada. Sin embargo, evitaron precisar qué pasaría si no cumplen la orden, por lo que la amenaza del pase a disponibilidad sobrevoló el ambiente.

No serían las primeras expulsiones. Según fuentes oficiales, en una decena de gendarmes fueron apartados por “faltas graves”, en medio de la presión del Gobierno para que haya sanciones. Y en Prefectura se abrieron dos sumarios por agresiones a un oficial que podrían derivar en una causa penal.

A grandes rasgos, la segunda conferencia de prensa oficial fue una continuación de realizada la semana pasada, a poco de estallar el conflicto, que también había reunido a Abal Medina y Lorenzino. En una nueva defensa del decreto, el jefe de ministros afirmó que con la nueva liquidación, que ya estará a cargo de las fuerzas, no sólo no habrá reducción de salarios sino que “la gran mayoría” del personal verá mejorados sus haberes. A la denuncia de “irregularidades” en la confección de los recibos de sueldos de Prefectura, se sumó ayer una denuncia penal contra estudios jurídicos y efectivos –pasados a retiro o disponibilidad– que “usufructuaban el desquicio que es la liquidación de haberes en estas fuerzas”. Judicializados, el Gobierno asegura que detrás de los sueldos existía una “industria del juicio”.