En la auditoría que se realizó en febrero de este año, se pudo constatar la existencia de contenedores en la vía pública y consta que el municipio adquirió, en épocas de Raúl Cantín, unos 350 contenedores, de los cuales quedan alrededor de 320 (8 fueron quemados y 22 rotos y fuera de uso). Asimismo, las bandas transportadoras de la línea de separación de basura se encontraban deterioradas y desencajadas de la posición operativa. Además, se pudo corroborar que el municipio cuenta con dos camiones compactadores con adaptador para el enganche de contenedores.

El documento fue aportado directamente por la Secretaría de Coordinación Interjurisdiccional para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Gobierno nacional a la causa que instruye el juez Francisco Marinkovic, en función del amparo colectivo que en 2015 inició un grupo de profesionales de la UNPA con vecinos, patrocinados por Javier Stoessel.

Los auditores vieron que la planta de clasificación se encontraba inactiva. “Según comentarios del encargado, la línea de clasificación está fuera de servicio y se lleva a cabo la rotura de bolsas y separación de forma manual. El equipo de la línea de clasificación se encontraba fuera de uso y sus componentes de transporte (cinta) averiados”; vieron de igual modo que tampoco funcionaba la prensa que compactaba y embolsaba todo lo que no se ha recuperado en la planta y se lleva a disposición final.

“La disposición final de los RSU se lleva a cabo en una cava sin las mínimas condiciones de higiene y seguridad y prevención de la contaminación”, dicen en el informe que, seguidamente, hace un racconto del raid administrativo y financiero del proyecto que suponía la reconversión del paradigma del tratamiento de la basura en Río Gallegos.

El 27 de noviembre de 2012, el intendente Cantín solicita asistencia financiera para encarar un proyecto integral de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, cuya primera etapa era de $50.353.807,27. La misma consistía en la instalación de una planta de transferencia, clasificación, compactación y acopio. También se preveía la pavimentación de 4 km de acceso al predio, distante a 19 km. del centro de la ciudad. Esta asistencia financiera tramitó por Expediente N°52360/12.

Casi un año más tarde, el 30 de diciembre de 2013, se firma la Resolución JGM N°198, a través de la cual se aprueba el acta acuerdo suscripta el 9 de septiembre de ese año, entre la SAyDS (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y la Municipalidad. El compromiso aprobaba la primera etapa del proyecto y un primer desembolso de $25.176.903,60. Allí, se establecía un plazo de ejecución de 24 meses y un plazo de rendición de 9 meses. Contados a partir de la acreditación de los fondos.

“Los fondos fueron efectivamente transferidos entre los meses de marzo y abril de 2014 mediante cuatro órdenes de pago”, agrega la auditoría.

El 19 de diciembre de 2014, Cantín rinde esos fondos, acompañando cuatro facturas presentadas por la empresa EDISUD SA, las que suman $25.409.735,56. Las mismas obedecían al anticipo financiero y los tres primeros certificados de obra. La rendición tramitó por expediente N°TRI 8926/14.

Pero sucede que el 20 de marzo del año pasado, “sin que se haya aprobado la rendición de cuentas mencionada en el párrafo anterior, la misma autoridad municipal critica técnicamente su propio proyecto, plantea modificaciones y solicita una ampliación de los fondos, llevando esta primera etapa a la suma de $59.455.148,89”.

Es allí donde la comuna sostiene que es mejor hacer una Planta de Transferencia en otro predio sobre la Ruta 3 distante a 4 km de la ciudad y una cava de disposición final en el predio previsto originalmente. Esta solicitud tramitó a través del Expediente N°36542/15.

Cuando ya Cantín había renunciado y Pablo Grasso ostentaba la intendencia interina, llegó el día 14 de octubre de 2015, en el que se firmó la Resolución JGM N°1338, a través de la cual se aprueba la Addenda al acta acuerdo por la cual se concede la modificación planteada para la primera etapa del proyecto y se aprueba un segundo desembolso de $34.278.245,25.

En febrero de este año, una comitiva de la SIGEN recorrió junto al intendente Roberto Giubetich y personal técnico del municipio, el predio donde se construyó la cava de disposición final y el actual basural a cielo abierto.

En el predio donde se construyó la cava, “se observó la pavimentación de 600 metros, la construcción de dos piletas para lixiviados, la construcción de un galpón. Materiales para la construcción de un segundo galpón, un cerco perimetral incompleto, un tanque australiano y un movimiento de tierras para el depósito de escombros”, detallaron.

Sin embargo, “no se construyó la planta de transferencia proyectada y al predio se accede por un camino en pésimas condiciones, sin provisión de servicios básicos, como gas natural y energía eléctrica”, denuncian.

Aseguran también que la empresa, “que percibió una suma superior a los $38 millones, ya habla presentado el octavo certificado de obra y cuatro re-determinaciones de precios, aprobadas con fecha 04/12/15 por el municipio, las que llevaban la obra correspondiente a esta primera etapa de los $59.455.148.89 previstos a un valor de $88.117.740,47, cuestión que está siendo evaluada por la nueva gestión municipal”.

En síntesis

La auditoría determinó en cuatro puntos que: “El proyecto original no resolvía problema alguno, de acuerdo a lo manifestado por las mismas autoridades que lo presentaron”. Sostienen que “se efectuó el segundo desembolso, sin que se haya aprobado la rendición de la primera transferencia”. Que “no se cumplió con la Adenda aprobada y que se han gastado más de $38 millones, sin que, hasta la fecha, se haya mejorado en nada la situación del tratamiento de los RSU”.

Plasmaron que Giubetich considera “inviable el proyecto” y acusan a la gestión que finalizó el 10 de diciembre de  haber aprobado “un gasto improductivo que llegaría a superar los $88 millones y para el Tesoro Nacional por el monto erogado que supera los $38 millones”.

La auditoría finaliza asegurando que en todo el proceso hubo “serias deficiencias de control interno que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de los fondos”, que posibilitaron “la existencia de más de un 30% de los montos transferidos correspondientes a transferencias (en su mayoría ventas) pendientes de rendición”.