Con la declaración del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ante el juez Daniel Rafecas, comienza hoy el derrotero judicial del gasoducto Néstor Kirchner. Aunque se trata de una causa potencialmente crítica, porque podría demorar la construcción de esa obra estratégica, impactando negativamente en las delicadas expectativas económicas del país, todo indica que el trámite será breve y tendrá un final con poco escándalo. De no mediar sorpresas, en pocos días se efectuarán las licitaciones correspondientes para poner en marcha los trabajos, apuntando a concluir el primer tramo en el invierno de 2023. No habrá trabas para que eso se cumpla.

Confluyen dos factores que invitan a arriesgar esa hipótesis. El primero es la inexistencia de un delito, justamente porque la licitación denunciada todavía no se llevó a cabo. En circunstancias normales, con eso debería alcanzar para que el recorrido del asunto en Tribunales sea breve. El Poder Judicial en este país no suele operar en condiciones de normalidad, y menos todavía en una causa tan sensible. El segundo factor, que sí resulta determinante, es que es difícil encontrar a alguien que no esté interesado directa o indirectamente en que la obra se termine en tiempo y forma. Desde Mauricio Macri hasta CFK, desde Techint hasta YPF: el gasoducto es la única política de Estado.

Un observador atento pudo ir encontrando indicios en la forma en la que los dirigentes de la oposición moderaron sus críticas después de las primeras horas del escándalo tras la renuncia de Kulfas, sin explotar del todo la veta que ofrecía este caso para atacar al gobierno. Las declaraciones del exministro de Energía Juan José Aranguren, entre otros referentes del establishment en la materia, desestimando las denuncias de corrupción reforzaron la idea. El silencio al respecto en toda la sesión del miércoles en la cámara de Diputados, muy subida de tono, también dio la pauta de que Juntos por el Cambio no iría a fondo contra el gobierno en el tema gasoducto.

Lo confirmó Macri con todas las letras ayer al mediodía en el almuerzo de la mesa chica de su partido, donde pidió “cuidado” con las denuncias sobre la obra porque “es un proyecto importante que heredará el próximo gobierno”. El expresidente, que considera un hecho que a partir de 2023 habrá un opositor en la Casa Rosada, y que pretende liderar políticamente ese proceso, sea o no candidato, sabe de la importancia que tendrá el gasoducto en el corto y mediano plazo y no quiere sorpresas. Baglini puro. Coincidieron el resto de los comensales alrededor de la mesa armada para ellos en un salón reservado del restaurante Puerta del Inca, a un par de cuadras de Plaza de Mayo.

De todas formas, más que la interesada indulgencia de la factoría de denuncias mediáticas que opera bajo el nombre de PRO, la principal garantía de un trámite expeditivo es el interés de Techint. La empresa que conduce Paolo Rocca no solamente es la única que puede proveer los caños que hacen falta para hacer el dichoso gasoducto, como ahora saben todos, sino que también tiene yacimientos gasíferos en Vaca Muerta, por lo que su interés para que la obra se termine es doble. En este país en el que las certezas resultan tan escasas, el poder de Rocca suele actuar como un punto fijo. Sería raro que esta vez, con el oficialismo y la oposición alineados, las cosas sean diferentes.

Mientras tanto, el gobierno ya está pensando en el próximo. De su seguidilla de viajes y cumbres virtuales de las próximas semanas (que lo llevan de la Cumbre de las Américas en Los Angeles, donde está ahora, a la de líderes del BRICS por videoconferencia, y de allí a la de presidentes del G7 que se celebrará en Alemania) espera volver con un acuerdo sellado para la financiación privada de un nuevo gasoducto, al que se le agregaría una planta de licuefacción y un puerto para embarcar el GNL que se exporte. El combo completo sale unos 8 mil millones de dólares y habría empresas interesadas en Estados Unidos y en Europa, según fuentes al tanto de las negociaciones.