Los legisladores de la oposición calificaron la maniobra como un “escandaloso hecho de corrupción”. El jefe de la bancada radical, Alberto Bernis, dijo sentirse “sorprendido por el escandaloso hecho de corrupción” por parte de los funcionarios públicos a cargo de la distribución de la garrafa social entre los que más necesitan el servicio. Explicó el legislador que de las 66 mil garrafas que llegan por mes a la provincia, sólo se distribuyen 5 mil unidades, a un valor de 16 pesos, mientras que las demás son vendidas con sobreprecios.

“Denunciamos que la garrafa social a precio subsidiado, no llega a los sectores carenciados” indicó Bernis y reveló también el reparto político de las garrafas a través de unidades básicas y punteros del peronismo, además del negociado que se estaría haciendo, con las casi 60 mil garrafas por mes que no son distribuidas entre quienes más lo necesitan sino que son vendidas con sobreprecios en distintos puntos de la provincia.

“Queremos que la Justicia investigue a funcionarios públicos que han jugado con la necesidad de los pobres y se han enriquecido ilícitamente” añadió el jefe de la bancada radical.

La demanda fue presentada en el Juzgado Federal Nº1 y es promovida por los diputados Néstor Sanabia y María Reynaga, allí se solicita que se investiguen los delitos de Fraude en perjuicio de la Administración Pública, Encubrimiento, Violación de los Deberes de Funcionario por la no ejecución de leyes que le incumben y por las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En su denuncia los legisladores sostienen que los precios diferenciales (precio subsidiado) de $16 (10 kg) $20 (12 kg) y $25 (15 kg) no fueron respetados y que en muchos casos se llegaron a vender las garrafas a precios que implican un 1.000% o más, de los importes que se habían establecido.

Respecto a los sobreprecios el diputado Sanabia aseguró que la garrafa social en nuestra provincia se sigue vendiendo a “cualquier costo y sin control”. A modo de ejemplo, señaló que en la localidad de Santa Ana la garrafa social se vende a $260; en la ciudad de Abra Pampa los vecinos las adquirían a $198; en La Quiaca a $ 250; en la capital de la provincia jujeña entre $110 a $150.

Por su parte la diputada Maria Reynaga agrego que la denuncia penal puntualmente es por incumplimiento con la ley 26020, en cuanto a: garantizar un suministro regular, confiable y económico a sectores de escasos recursos que no cuenten con servicios de gas natural por redes, proteger el acceso a precios justos y razonables respetando las tarifas que deben abonarse por el servicio, Controlar en la distribución de las garrafas a “precio social”, la cantidad y requisitos de las personas necesarios para la adquisición, Crear un Registro Público con las personas autorizadas a distribuir las garrafas de gas licuado de petróleo y Controlar la habilitaciones de los lugares autorizados para la administración de las garrafas de gas licuado de petróleo, entre otras cuestiones.

A su turno el diputado Pablo Baca expresó que según datos de la Secretaria de Energía de la Nación a nuestra provincia llegan casi 800 mil garrafas al año pero que sin embargo los sectores con menores recursos no consiguen proveerse de la garrafa social a precio subsidiado y que para obtenerlas debe pagar sobreprecios, para el legislador radical, esto configura una maniobra delictiva que causa un perjuicio enorme a la comunidad, “alguien se queda con casi 5 millones de pesos por mes” por la reventa de las garrafas sociales, denunció finalmente.

Participaron de la conferencia de prensa, el Vicepresidente Segundo De La Legislatura Jorge Rizzotti, los diputados Julio Bravo, Beatriz Altamirano, Carlos Amaya, Carlos Oehler.