La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) desempolvó una idea que data de comienzos de 2016 y que, por distintos motivos, no pudo ser implementada: el envío de un veedor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que observe el trámite de los procesos sensibles de la Justicia de Tucumán. “Cada vez son más las voces que exigen la intervención de los Tribunales, pero esa es una medida extrema que demanda un conocimiento profundo del conflicto. El ministro Germán Garavano debe enviar un veedor a Tucumán. Nosotros se lo pediremos formalmente la semana próxima”, anunció Luis Bechis, secretario adjunto del gremio que conduce Julio Piumato.

El número dos de la UEJN comentó ayer que se había entrevistado con los cinco vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (el presidente Antonio Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse) y con el ministro público Edmundo Jiménez, y que tenía pautada una audiencia con el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Bechis dijo que había viajado hasta esta ciudad para conocer de primera mano la crisis que se desató el lunes de la semana pasada, cuando Jiménez acusó a Gandur de pretender entrometerse y de entorpecer el desarrollo de una pesquisa penal que involucra a su hijo, el camarista Sergio Gandur, y a los jueces Salvador Ruiz y Horacio Castellanos.

Aquella causa, que deriva de un proceso en lo contencioso administrativo relativo a la concesión de la Línea 11 de transporte público de la capital, está en manos del fiscal Washington Navarro Dávila (se informa por separado). El jueves Gandur desmintió al jefe de los fiscales y dijo que se había presentado en el proceso para defenderse puesto que Navarro Dávila lo estaba investigando, pese a ser incompetente. Antes, el presidente la Corte había encomendado la actuación rápida a los jueces y fiscales a cargo de causas sensibles: el juzgamiento del homicidio de Paulina Lebbos, del ex fiscal Carlos Albaca y del ex funcionario alperovichista Miguel Ángel Brito, y el análisis del requerimiento de enjuiciamiento contra Roxana Teves, quien dice ser víctima de jueces y letrados ligados a Jiménez, entre ellos sus hijos Ana Lucía Jiménez y Edmundo Javier Jiménez.

Bechis manifestó que había malestar interno y externo respecto de la Justicia porque los expedientes mencionados son antiguos y los hechos graves no se esclarecen. “Nosotros queremos que cesen las demoras: es lo que hemos planteado a las autoridades judiciales”, dijo en presencia de un grupo de dirigentes locales de la UEJN: Alejandra Martínez, María Nélida Paz, Paulo Robles y Javier Comolli. Los gremialistas expresaron que estaban afligidos por los casos de la Línea 11 (penal y contencioso administrativo), “Teves”, “Lebbos” y “Brito”. “Algunos vocales de la Corte comentaron que la dilación obedecía a las recusaciones y a los planteos de los abogados de las partes. Gandur nos manifestó que él estaba de acuerdo con la llegada de un veedor foráneo con acceso a todas los expedientes, empezando por los que lo involucran a él”, añadió Bechis.

El veedor que no fue

La idea de traer un observador de la Nación había sido planteada hace más de un año por Francisco García Posse, ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital. Después de algunas versiones sobre quién iba a desempeñar esa tarea, finalmente Garavano se inclinó por el candidato del Colegio, el letrado Bernardo Lobo Bugeau. Pero, a poco de andar, este fue propuesto por el jefe de los fiscales para un cargo en la Justicia, que la Corte terminó concursando -el abogado compitió, pero no aprobó el examen-. Este año y por medio de una designación discrecional de Jiménez, Lobo Bugeau ingresó al Ministerio Público como prosecretario afectado a violencia familiar.

Bechis sostuvo que era necesario que alguien ajeno al conflicto precisara qué estaba pasando realmente porque las acusaciones ventiladas por la prensa denotaban versiones contrapuestas. “Es una falta de prolijidad y una forma de presión que aumenta el desprestigio de los Tribunales. Y hay que acabar con eso”, dijo el secretario adjunto de la UEJN.

El expediente penal sigue en el Ministerio PúblicoEl Ministerio Público que encabeza Edmundo Jiménez mantiene el control sobre el expediente penal relativo a la Línea 11 (se informa por separado sobre el caso en lo contencioso administrativo). Hasta ayer a la tarde, el fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) no había entregado el caso al juez Juan Francisco Pisa (N°3), quien ordenó su remisión el 27 de mayo según consta en la resolución que emitió Jiménez el lunes pasado. En ese acto, el jefe de los fiscales acusó a Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, de entrometerse indebidamente en el proceso que involucra a su hijo, el camarista Sergio Gandur, y a los jueces Salvador Ruiz y Horacio Castellanos. Un abogado defensor ligado a los denunciados comentó que en la Fiscalía N°5 le habían informado que el expediente estaba siendo fotocopiado. Navarro Dávila no pudo ser ubicado. 

El titular de la Corte dijo que había solicitado a Pisa que requiriese el proceso porque había recusado infructuosamente a Navarro Dávila por enemistad manifiesta y porque la ley prescribe que los jueces sólo pueden ser investigados por otros jueces -no por fiscales-. Frente a la falta de novedades, Gandur (p) planteó un pronto despacho en el Juzgado N°3. Navarro Dávila comunicó esta actividad a su jefe Jiménez, quien dijo que el titular del alto tribunal estaba usando su investidura para fines personales. El miércoles pasado, Gandur distribuyó un comunicado de prensa en el que desmintió las versiones del Ministerio Público y explicó que sólo se defendía puesto que el fiscal lo estaba investigando. Se excusaron los jueces Ruiz y Castellanos

El conflicto de la Línea 11 ingresó por el fuero en lo contencioso administrativo y se extendió hacia el fuero penal (se informa por separado). Salvador Ruiz y Horacio Castellanos, los camaristas de la Sala I que el 31 de diciembre dejaron sin efecto provisoriamente el traspaso del recorrido dispuesto en forma discrecional por el intendente Germán Alfaro terminaron denunciados en sede penal junto con el vocal de la Sala III, Sergio Gandur. El 2 de junio, Ruiz y Castellanos se excusaron respecto del trámite del expediente en lo contencioso administrativo: un caso iniciado por la empresa Inverbus, que obtuvo  la cautelar favorable, en contra de la Municipalidad capitalina: luego se integró Leagas, la firma que Alfaro eligió para explotar Línea 11.Ese proceso subió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a mediados de febrero. ¿Por qué llegó al alto tribunal? Porque la Municipalidad planteó un recurso de casación contra la sentencia que otorgó la cautelar. El máximo estrado de la provincia ha de expedirse sobre la orden que frenó precautoriamente el desplazamiento de Inverbus, de Oscar Alonso, de la Línea 11, y frustró las expectativas de Leagas, de Jorge Mihelj y Jorge Berretta. En el juicio no interviene el presidente Antonio Gandur, quien se excusó (sostiene que la denuncia penal de Mihelj lo menciona como engranaje de una supuesta maniobra delictiva y que el fiscal Washington Navarro Dávila lo está investigando). La definición de la suerte de la cautelar está en manos de los vocales René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse. 

El expediente penal sigue en el Ministerio Público

El Ministerio Público que encabeza Edmundo Jiménez mantiene el control sobre el expediente penal relativo a la Línea 11 (se informa por separado sobre el caso en lo contencioso administrativo). Hasta ayer a la tarde, el fiscal Washington Navarro Dávila (N°5) no había entregado el caso al juez Juan Francisco Pisa (N°3), quien ordenó su remisión el 27 de mayo según consta en la resolución que emitió Jiménez el lunes pasado. En ese acto, el jefe de los fiscales acusó a Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, de entrometerse indebidamente en el proceso que involucra a su hijo, el camarista Sergio Gandur, y a los jueces Salvador Ruiz y Horacio Castellanos. 

Un abogado defensor ligado a los denunciados comentó que en la Fiscalía N°5 le habían informado que el expediente estaba siendo fotocopiado. Navarro Dávila no pudo ser ubicado. 

El titular de la Corte dijo que había solicitado a Pisa que requiriese el proceso porque había recusado infructuosamente a Navarro Dávila por enemistad manifiesta y porque la ley prescribe que los jueces sólo pueden ser investigados por otros jueces -no por fiscales-. Frente a la falta de novedades, Gandur (p) planteó un pronto despacho en el Juzgado N°3. Navarro Dávila comunicó esta actividad a su jefe Jiménez, quien dijo que el titular del alto tribunal estaba usando su investidura para fines personales. El miércoles pasado, Gandur distribuyó un comunicado de prensa en el que desmintió las versiones del Ministerio Público y explicó que sólo se defendía puesto que el fiscal lo estaba investigando.