El proyecto lleva las firmas de los senadores Hernán Albisu, Roque Cariglino, Micaela Ferraro Medina, Patricio Hogan, Diana Larraburu, Fernando Moreira, José Luis Pallares, Gabriel Pampin, Carolina Szelagowski y Héctor Vitale, todos miembros del bloque del Frente Renovador, y espera el acompañamiento del pleno del Senado.

“El objetivo es preservar esta reserva natural urbana, que está ubicada en pleno corazón de San Isidro. El Hipódromo forma parte de la historia y la identidad de nuestro municipio. Me preocupa que los concejales del oficialismo hayan aprobado el cambio de zonificación de 43 mil metros cuadrados de una parte del predio, para habilitar ahí la construcción de edificios en altura”, declaró el legislador sanisidrense.

En referencia a la modificación del código urbano que el HCD aprobó en diciembre del año pasado, antes de la asunción de los nuevos concejales, Galmarini señaló que "la lógica de venta indiscriminada del patrimonio de los sanisidrenses no es una alternativa económica sustentable. Yo lo vivimos con otras experiencias anteriores".

A su vez, el Senador Galmarini afirmó que "junto a esta propuesta presenté un Proyecto de Declaración solicitando al gobierno provincial que apoye la actividad hípica y que acelere las gestiones para regularizar el envío de fondos. De todas las actividades que se generan alrededor del Hipódromo y del Jockey Club viven muchas familias y hay que preservar sus trabajos y la industria".

Por otra parte, Galmarini manifestó que "una vez que se modifica el código de ordenamiento urbano, dejamos sentado un precedente: si se cambia una vez, puede habilitar a que luego vuelvan a hacerlo y así estamos permitiendo la sucesión de negocios inmobiliarios que hace años son moneda corriente en nuestro municipio, como fueron la venta del predio de Obras Sanitarias (OSN) en Beccar, parte del Golf de Villa Adelina, el "viejo hospital" de San Isidro o el ex Campo de Deportes 9, en Boulogne”.

Galmarini explicó que la Ley 12.704 es el marco jurídico adecuado, pues permite proteger el Espacio Verde sin necesidad de recurrir a una expropiación en donde se comprometería el erario público seguramente en una suma considerable. “Además, la ley estipula que toda obra o actividad, pública o privada, que pueda producir efectos negativos al ambiente declarado Paisaje Protegido o Espacio Verde y sus recursos naturales deberá presentar una evaluación de impacto ambiental. Y tiene un componente que contempla la participación ciudadana, porque obliga a los municipios a considerar todas las observaciones sobre el impacto ambiental del proyecto que hayan realizado personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Para ello, vamos a acompañar la recolección de firmas que ya iniciaron varios grupos de vecinos preocupados por esta situación”, finalizó.