El titular del Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia, Gabriel Ganón, le envió la misiva al ministro Juan Lewis el 3 de julio pasado. Allí, argumenta que las razones de la nota se encuadran en el proceso de selección de Defensores Públicos y Defensores Públicos Adjuntos para integrar el Servicio Público Provincial de Defensa Penal que se encuentra en etapa de envío de pliegos, “atento que el Jurado ha finiquitado su labor y le ha remitido el orden de mérito correspondiente”, detalla Ganón

En esa misma línea, el funcionario judicial le recuerda al jefe de la cartera de Justicia que el Servicio Público de la Defensa Penal tiene como misión institucional la generación de un entorno de plena vigencia del Estado de Derecho y los Derechos Humanos (Art 3 y Art 16 Inc 2 Ley Provincial 13.014). Así, entiende Ganón, “va de suyo que todos y cada uno de sus integrantes deben tener un compromiso supremo e indubitable con la acérrima defensa de los valores democráticos y los derechos mencionados”.

El texto de la nota, sin embargo, hace una serie de observaciones sobre los abogados Enrique Fernando Sirio y Patricia Hidalgo Montferrand, dos postulantes a ingresar al Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Para Ganón, ellos “no reúnen las condiciones de idoneidad moral que la institución que dirijo exige”.

Enrique Fernando Sirio actuó como abogado defensor de Luciano Adolfo Jáuregui en la causa N° 367/03 del Juzgado Federal de Rosario donde fue investigado por la comisión de delitos de Lesa Humanidad cuando ocupó el cargo de Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del II Cuerpo de Ejército. En un escrito presentado ante dicho Juzgado, Sirio patrocinó a Jáuregui y realizó una defensa política de los hechos investigados “y aquí radica la gravedad de la situación”, cuestiona el Defensor Provincial

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Para Ganón, la defensa política quedó plasmada en el contenido de escritos presentados y firmados por Sirio en que hace referencias concretas a la “lucha antisubversiva” y “bando terrorista”, y se ampara en el Decreto del PEN N° 261 (cuyo art.10 ordena la “aniquilación” de la subversión) y la Directiva del Comando de Ejército N° 404/75 (que ordena “Aniquilar en sus jurisdicciones los elementos residuales de las organizaciones subversivas”). En esos escritos también endilga “malévolas intenciones” a los “sospechosos” testigos (víctimas de secuestros y torturas durante la última dictadura militar). En una entrevista brindada a un medio rosarino señaló que “es colaborador del caso por la amistad que lo une con José Francisco Jáuregui, el hijo del ex comandante” y explicó que se presentó un legajo importante con el que demuestra que su defendido no tenía ninguna actividad en la “lucha contra la subversión”.

En el caso de la abogada Patricia Hidalgo Montferrand, la crítica de Ganón se centra en un hecho también vinculado a causas en la que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La abogada fue sorteada hace -cuatro años - para integrar el Tribunal Oral Federal que debía juzgar al ex-juez federal Víctor Brusa y a otros 5 policías en la ciudad de Santa Fe. “Pero tuvo que apartarse de la causa por la recusación presentada por tres querellantes en función de haber tenido relación de convivencia por más de 10 años con el abogado Luis Rodolfo de Aguirre, quien fue ‘meritorio’ y luego ‘Secretario’ del Juzgado Federal a cargo de Brusa durante la Dictadura Militar y por haber avalado y apoyado activamente la candidatura a Presidente de la Comuna de San José de Rincón (en la década del noventa) de Mario Facino, procesado –entonces, luego condenado en dos oportunidades - por delitos de lesa humanidad junto a Brusa. A consecuencia de esta petición de recusación, la abogada se aparto del caso”, recordó el Defensor.

Para Ganón hay que partir de la premisa que, desde la modificación de la Constitución en 1994 – que incluyó la adhesión a pactos internacionales sobre Derechos Humanos- se debe entender como una defensa del Estado de Derecho, “que no se ocupen cargos públicos con personas que, más allá de la idoneidad técnica, han avalado y defendido políticamente con sus actos y manifestaciones a los perpetradores de graves violaciones a los Derechos Humanos, aunque no hayan desempeñado un rol estatal”.

En la última semana de junio el ministro Lewis había anunciado que habían concluido los concursos para fiscales y defensores en el marco del nuevo sistema penal de enjuiciamiento. “Ya tenemos los resultados finales del concurso y por lo tanto estamos en condiciones de remitir una propuesta a la Legislatura con quienes van a hacer fiscales y defensores del nuevo sistema”, explicó el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. “Se trata de personas que concursaron en toda la provincia y serán designados tras sortear requisitos más exigentes. Es que a diferencia del sistema anterior, debieron rendir un concurso de antecedentes y oposición y requieren acuerdo legislativo”, agregó. En ese sentido, Lewis señaló que “esperamos que la Legislatura entreviste minuciosa pero rápidamente a todos estos futuros funcionarios a fin de que puedan ser incorporados hacia fin de año y poner en marcha el sistema a principios de 2013”.

Si bien las expresiones de Lewis aparecían como entusiastas hace 20 días en cuanto al envío gradual de pliegos, quien tiene la última palabra sobre los dos casos observados por Ganón es el gobernador Antonio Bonfatti, quien deberá evaluar si corresponde o no remitir los pliegos de Hidalgo y Sirio, quienes han tenido mérito en las pruebas de oposición y antecedentes pero que son cuestionados por su pasado como adherentes a personas o causas vinculadas a la represión ilegal.