Por

EUGENIA RODRÍGUEZ

Son al menos 55 los funcionarios de alto rango (ministerios y secretarías) de la administración de Javier Milei que registran 180 participaciones en más de un centenar de sociedades comerciales y empresas de diferentes sectores de actividad sobre los que, a su vez, ellos mismos toman decisiones desde el Estado. El podio se lo lleva el Ministerio de Economía que tiene 23 funcionarios de rango superior con posibles conflictos de intereses, incluyendo al propio titular de la cartera, Luis Caputo.

Así lo advirtió el último informe del Observatorio de las Elites de CITRA-UMET que puso el ojo en la situación de funcionarios públicos nacionales que, según registros de la Inspección General de Justicia (IGJ), tienen vinculación directa con asociaciones empresarias sobre las que toman decisiones públicas (sobre la empresa y/o segmento de actividad). El foco de atención está puesto en Economía donde se evidenció “una concentración alarmante de participaciones de funcionarios en sociedades comerciales que operan en los mismos sectores que esos funcionarios deben regular”.

Según la investigación, en el caso de los privados, se detectó vínculos con Sociedades Anónimas (56% de los casos), Sociedades de Responsabilidad Limitada (21%) y con Sociedades Extranjeras (19%) que operan, en más del 50% del total, en cinco sectores principales: energía e hidrocarburos, tecnología, servicios financieros, servicios de consultoría y actividad agropecuaria. 

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En una coyuntura atravesada por una creciente inestabilidad de los funcionarios políticos, con frecuentes cambios en la estructura de administración y cargos que aún están sin cobertura, la participación significativa de funcionarios en empresas privadas, “no solo compromete la integridad de la gestión gubernamental, sino que también puede desviar las políticas públicas hacia los intereses de grupos empresariales en detrimento del bienestar general de la ciudadanía”, alertó el informe realizado por Ana Castellani, doctora en Sociología y exsecretaria de Gestión y Empleo Público nacional. 

Radiografía de un gabinete de privados

Sobre un total de 185 funcionarios políticos de la administración centralizada (ministerios y secretarías de Presidencia), al menos 55 registran 182 participaciones en 171 sociedades comerciales que operan en 17 sectores de actividad. De ese total de vínculos, 106 se concentran exclusivamente en el Ministerio de Economía (MECON) que emerge “como el lugar privilegiado para ver los entrecruzamientos de intereses públicos y privados” en el gobierno de Javier Milei. Esas participaciones son de distinto tipo: desde presidir o integrar un directorio, hasta ser socio o representante, todas están presentes en el gabinete nacional. 

La información se desprende del informe “Funcionarios públicos, intereses privados. Análisis de la participación en sociedades comerciales y asociaciones empresariales del gabinete nacional” presentado por el centro CITRA (UMET-CONICET) desde donde destacaron que “a diferencia de otros gabinetes, donde los perfiles empresariales se ubicaban en algunos cargos específicos generalmente de niveles inferiores (caso Menem) o en los más altos (caso Macri), en el gabinete de Milei este tipo de perfil de funcionario atraviesa toda la escala de rangos de autoridades superiores de la administración pública centralizada con especial concentración en: ministros (4 de 8), secretarios (33 de 60) y subsecretarios (35 de 117)”. Vale mencionar que de esos funcionarios relevados ya dejaron su cargo ministros como Mario Russo y Diana Mondino dando cuenta también del alto nivel de inestabilidad del gabinete. 

Los datos fueron relevados a través de la Base Integrada de Mapa del Estado (BIME), que registra las autoridades superiores de la administración pública nacional, y la Base de Autoridades de Sociedades Comerciales y Asociaciones Civiles de la Inspección General de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, a mayo de este año. A partir del cruce, se observó “el acceso fluido de intereses privados en áreas de gabinete e identificó a los actores más relacionados con esos intereses por sus trayectorias de participación”. Castellani, aclaró que “aunque efectivamente los funcionarios hubieran renunciado a sus participaciones en empresas privadas antes de asumir la función pública, igualmente los riesgos de conflictos de intereses están dados por el hecho de que vienen de desempeñar recientemente puestos de dirección en el sector privado, son casos concretos de puerta giratoria de entrada y tienen acceso a información privilegiada”, advirtió. 

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En detalle, sobre las asociaciones empresariales en las que predominan vínculos se detectó: sector bancario, energético y primario-exportador, así como con dos asociaciones propias de grupos económicos: Techint y Loma Negra. Con respecto a los funcionarios, entre los casos más resonantes están: “al jefe de gabinete, Guillermo Francos, vinculado a las entidades bancarias ADEBA y ABAPPRA, y a la Asociación Aeronáutica y Aeroportuaria; el de Luis De Ridder, subsecretario de Combustibles Líquidos relacionado a la Cámara de Exportadores de la República Argentina; el de Luis Giovine, secretario de Obras Públicas vinculado a ADEERA, la asociación de distribuidores de energía eléctrica, el de Agustín Tejeda Rodríguez, subsecretario de Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales, socio de la Asociación Argentina de Trigo y de la Asociación Argentina de Maíz y Sorgo, y el de Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, socio en la Asociación del Personal Superior de la Organización Techint y la Asociación Servicios Sociales Techint”. 

Los conflictos de intereses surgen cuando los funcionarios tienen intereses personales en sociedades comerciales que pueden beneficiarse directa o indirectamente de las decisiones gubernamentales, es decir, cuando esos intereses pueden tener la capacidad para influir en el desempeño de sus actividades públicas (OCDE). ¿Cuáles son lo sectores con representación directa en las carteras de gobierno? Más del 50% de las empresas (97 de 171) operan en cinco sectores principales: energía e hidrocarburos, tecnología, servicios financieros, servicios de consultoría y actividad agropecuaria. 

Ahora bien, estas participaciones de funcionarios en empresas privadas de sectores sensibles a la regulación estatal no se encuentran distribuidas de manera homogénea, se concentran especialmente en dos dependencias: Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete. Según de alertó, en la cartera económica “hay una concentración alarmante” en especial en servicios financieros (16), actividades agropecuarias (13), energía (12), tecnológicas (12) minería (8), telecomunicaciones (4). En la Jefatura sobresale también la presencia de funcionarios con participaciones en el sector energético (9), tecnológico (5) y en el de telecomunicaciones (5).

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Al respecto, ambas carteras cumplen un rol clave en la implementación de las reformas impuestas vía el DNU 70/2023 y en la denominada Ley de Bases, en tanto que Economía no sólo tiene a cargo la coordinación macroeconómica, fiscal y financiera sino también las actividades productivas en todos los sectores, la obra pública y la privatización de empresas estatales, y la Jefatura ejerce además de sus funciones constitucionales las del ex Ministerio del Interior en su vínculo directo con las provincias y con el resto de los poderes del Estado. “La relevancia de estos ministerios radica en su capacidad de influir en prácticamente todos los aspectos de la vida pública y económica del país”, agregó el informe. 

La "captura" de Economía

De acuerdo con la investigación del Observatorio de las Elites, “el Ministerio de Economía tiene la mayor cantidad de funcionarios que registran participación en sociedades comerciales en todo el gabinete (23 de 55) de los cuales más de la mitad son o fueron recientemente directivos de empresas del sector de actividad de incumbencia de la función pública que ejercen”. De hecho, “el propio titular de la cartera ministerial, Luis Caputo, figura con participaciones en la dirección de firmas de servicios financieros”. 

¿Quiénes son los funcionarios con mayor participación en privados? Luis Lucero, el secretario de Minería del MECON, encabeza el ranking con 37 participaciones en sociedades comerciales, 28 de ellas en el exterior, que operan en diversos sectores de actividad (energético, financiero, agropecuario) pero sobre todo registra varias participaciones en empresas mineras, “lo que configura una exposición elevada a conflictos de intereses y captura de la decisión pública”. Con 13 participaciones en sociedades comerciales se ubica Héctor Huici, ex Subsecretario de Comunicaciones y Conectividad (actualmente subsecretario de Desregulación en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado)  “también se configuran situaciones de exposición elevada a conflictos de intereses ya que varias de esas participaciones son firmas que operan en el sector que debe regular: telecomunicaciones”. 

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Asimismo, el informe mostró que “de los funcionarios que registran participaciones en sociedades extranjeras, cuatro son del Ministerio de Economía, incluyendo a Luis Caputo, titular de la cartera, y uno de la Jefatura de Gabinete”. Asimismo, es llamativa la presencia de estos perfiles de funcionarios en la Secretaría Legal y Administrativa de Economía, un área de coordinación transversal: tanto su secretario, José García Hamilton como el subsecretario Legal, Alejandro Speroni, registran participación en la dirección de empresas; el primero, con cuatro participaciones en empresas del rubro tecnológico y de servicios inmobiliarios y financieros (2 de las firmas radicadas en el exterior en las que figura como representante) y Speroni, con participaciones en dos firmas del sector financiero.

Con respecto a los sectores de actividad que encabezan los conflictos de intereses se graficó que, en el área de energía, tres subsecretarios tienen participación en empresas del sector: “el de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, como autoridad en cinco sociedades anónimas del sector; el de Combustibles Líquidos, Luis De Ridder, como autoridad en dos empresas ligadas al transporte de hidrocarburos; la de Transición y Planeamiento Estratégico, Mariela Beljansky, como autoridad de una sociedad anónima de bioenergía y como propietaria de Desarrollos Eco-Energeticos SRL”. 

Finalmente, en la secretaría de Minería, su mencionado titular Lucero, como el subsecretario de Política Minera, Carlos Cuburu, “tienen participaciones como autoridades en empresas del sector”; en el área de Economía del conocimiento, tienen participaciones en firmas del sector tecnológico los subsecretarios Gutiérrez Oyhanarte (Sandbox INC) y Santiago Pordelanne (Equifax argentina S.A y Accenture) y en el área de Producción, los secretarios Juan Pazo y Sergio Iraeta y el subsecretario de gestión productiva Javier Cardini, tienen participación en empresas diversas, especialmente agropecuarias y tecnológicas, entre los principales.