Por

CARLA PELLIZA

Con la excusa del déficit cero, el Gobierno logró sostener un nuevo veto en el Congreso. Contó con los apoyos de La Libertad Avanza, del PRO, de los tucumanos, del MID y una división estratégica de Santa Cruz, además de cinco radicales que reafirmaron su compromiso con la Casa Rosada y los misioneros que decidieron abstenerse. 

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El sostenimiento del veto al financiamiento universitario volvió a evidenciar divisiones internas en los bloques, siendo la UCR, una vez más, la más afectada por esas grietas. Por segunda vez en menos de un mes, cinco de sus miembros reincidieron, alineándose con los libertarios y contrariando no sólo los principios de su propio partido, sino también lo que el espacio había promovido y votado. El futuro de estos legisladores se definirá en la próxima reunión del bloque, la semana que viene.

Martín Arjol, Mariano Campero, Federico Tournier y Luis Picat votaron a favor del veto junto con el gobierno, mientras que Pablo Cervi optó por abstenerse. Los cinco ya habían apoyado previamente el veto de Javier Milei a los jubilados. Tanto desde la Convención como dentro del bloque se coincidió en que esta recaída agravó el conflicto, y es probable que se aceleren los tiempos para aplicar sanciones.

Con la excepción de Tournier, que no está afiliado, el resto ya fue suspendido de manera preventiva del partido, y se está evaluando su desafiliación. Tras el veto a los jubilados, no se logró expulsarlos del bloque y esa maniobra pudo dejarlos blindados ante futuras reprimendas. Sin embargo, es probable que en la próxima reunión del espacio parlamentario ocurra algún cambio.

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La UCR no permite que un afiliado se postule en una boleta de una fuerza política no avalada por la Convención, ni que vaya en contra de los principios partidistas. En este caso, se transgredió este último punto en dos ocasiones. La sanción máxima dentro del bloque sería la expulsión, que requeriría la mayoría de los votos de los miembros. Si no se opta por esa vía, podrían perder sus asignaciones en comisiones y otros privilegios derivados de ocupar una banca.

Se les preguntó a estos radicales libertarios si tenían un compromiso político con el gobierno, dado que su apoyo a LLA se volvió recurrente. Respondieron que su compromiso es con la reducción del déficit fiscal. Esto plantea una pregunta clave para las boina blanca: ¿Es conveniente mantener diputados que voten en contra de su propio espacio para respaldar al oficialismo? La respuesta se conocerá la semana que viene.

En el PRO, la votación también fue complicada. Como se anticipaba, Álvaro González y Héctor Baldassi votaron en contra del veto, mientras que Héctor Stefani se ausentó por razones de salud. Más allá de lo numérico, la cuestión radica en el impacto político que tendrá esta votación en los dirigentes del PRO.

De los 38 miembros del bloque, no más de una docena votaron convencidos de la necesidad de apoyar al gobierno. El resto —excluyendo los votos negativos— lo hizo por disciplina partidaria, a pesar de las críticas hacia la mala relación que el oficialismo supo construir con el macrismo.

Se cuestionó la falta de consulta, el enterarse de medidas a través de los medios, la derogación de la ley de acceso a la información pública, la falta de apoyo a proyectos impulsados por el PRO, y los malos tratos recibidos. Varios consideran que la Casa Rosada los trata como "forros", utilizándolos cuando les conviene y abandonándolos cuando no.

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Si bien no es una postura en contra del gobierno, sí es un llamado de atención para fortalecer los lazos. Algunos de los que apoyaron el veto quizás no estén dispuestos a repetir este tipo de acción. Se espera que esta situación marque un punto de inflexión para que el gobierno comprenda la necesidad de mejorar sus relaciones y consultas con el macrismo, especialmente ante la falta de referentes propios. La mesa parlamentaria de los lunes, a pesar de verse como una herramienta positiva, no parece estar funcionando correctamente.

En el PRO se cree que este conflicto podría haberse evitado con más creatividad y recursos. Desde hace meses, advierten al gobierno sobre el riesgo de confrontar con las universidades, ya que la comunidad educativa puede sostener una lucha prolongada, algo que la Casa Rosada no. Para quienes peinan canas y tramitaron los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, hace más de diez años se dió lo que se conoció como "toma infinita". Persiguió el objetivo de conseguir el nuevo edificio (el actual que se ubica en la calle Santiago del Estero) y el conflicto terminó solo cuando se alcanzó el fin. Hasta ahora, el oficialismo no acusó recibo de la alarma amarilla. 

Ahora, la resolución del problema y la responsabilidad del caos será del gobierno. Para el PRO, su postura durante el debate quedó clara: apoyaron el veto, pero es el oficialismo el que debe encontrar una salida al conflicto y darle curso a la solución salarial. La grieta se hizo notoria, los amarillos recibieron apoyo de los macristas puros y de los libertarios, mientras que tuvieron críticas de los sectores que nunca los apoyaron. Pero no les fue fácil acompañar el desfinanciamiento universitario.