La comisión que investiga la conducta del concejal oficialista Ricardo Pera ratificó ayer que incurrió en faltas graves y violaciones a principios éticos valiosos con respecto al comportamiento que debe guardar un funcionario público.

Tras esta conclusión, el también sindicalista de la Unión Tranviarios del Automotor complicó aún más su futuro en el Concejo Deliberante.

Durante la mañana de ayer, el dictamen de mayoría fue enviado desde Sarmiento 12 al abogado defensor de Pera, Carlos Salgado, quien tendrá un plazo de 10 días, a partir de hoy, para realizar la defensa del edil del Frente Renovador.

“La comisión resuelve considerar a Pera como autor de los hechos descriptos, cometiendo en forma reiterada inconductas graves impropias para la función que ejerce” y destaca que “existe un plus de virtudes que deben guardar los gobernantes, en tanto nadie puede gobernar a los demás si no se gobierna a si mismo”.

La resolución del cuerpo lleva las firmas de los concejales Raúl Ayude (Integración Ciudadana), Gisela Ghigliani (FPV-PJ), Martín Salaberry (Unidos por la Libertad y el Trabajo), Aloma Sartor (Unión Cívica Radical) y Ramiro Villalba (FPV-PJ II).

Para esos concejales, el agravante de los episodios de violencia denunciados es que se debe sumar “el factor temporal determinado y la reiteración de hechos en el breve lapso del ejercicio del mandato que lleva en el cargo”, destacan.

Cabe recordar que Pera asumió en su banca el 10 de diciembre de 2013, y que el último acto de violencia en el que se vio involucrado fue en enero pasado, cuando le pegó un cabezazo a Sergio Massarella y una patada en la rodilla a Massarella y Mandará, respectivamente.

“Ello permite hablar de una frecuencia muy alta de comportamientos inapropiados tanto con vecinos como con sus pares”, resalta.

Pera había sido acusado de pegarle un codazo al concejal Manuel Mendoza (Frente Amplio Progresista), de intentar agredir a Irma Díaz, la abuela de Daiana Herlein, joven fallecida por la caída de un árbol en el Parque de Mayo, y por golpear a Sergio Massarella y a Gustavo Mandará (Frente para la Victoria 27 de Octubre).

También por insultos y maltratos hacia el concejal Nicolás Vitalini (Unidos por la Libertad y el Trabajo), la edil Elisa Quartucci (Integración Ciudadana)y Marcelo Águila, un jubilado que había concurrido al Concejo Deliberante para reclamar mejoras barriales.

“Queda dentro de la órbita de discrecionalidad de la Comisión, valorizar la gravedad de las conductas que se le atribuyen al concejal, y en este caso la gravedad constituye gravedad institucional”.

Por último, remarcan que “la idoneidad ética constituye no sólo un requisito para el acceso a la función pública, sino también para la permanencia en ella. El deber de guardar una conducta apropiada por parte del funcionario es más acentuado que el que se exige a quienes se desenvuelven en actividades privadas”, afirman.

Por tal fin, concluyen en que la conducta ejemplar exigida a quienes ocupan cargos públicos puede ser vertebradora o desvertebradora de la sociedad.