En los tribunales federales comenzó un proceso judicial que terminará concentrando todas las denuncias por irregularidades en la concesión de obras públicas contra Cristina Kirchner en la causa que investigan el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. Por un lado, esta tendencia complica la situación judicial de la ex presidenta y dejará al expediente de Ercolini como una “causa madre”. Por otro, constituye una retrasada reivindicación de la estrategia que planteó en el 2008 la diputada del ARI-CC Elisa Carrió para que se investigue los grandes contratos de la era K y sus ejecutores como una asociación ilícita, es decir una banda encarnada en el poder para hacer negocios personales. En el 2008, el juez Ercolini había decidido dividir la denuncia de Carrió en varios expedientes y, hasta ahora, se venía siguiendo esa tendencia.

El primer paso en ese sentido lo dio el fiscal Guillermo Marijuan el viernes pasado al solicitarle al juez federal Sebastián Casanello que decline la competencia de la parte de la causa de la ruta del dinero K relacionada con contratos públicos que recibió Lázaro Báez y serían el origen de la plata negra lavado. Sin embargo, el grueso de la causa por el lavado de dinero a través de La Rosadita seguirá en manos de Casanello. En una resolución que presentó a Casanello, antes de que Ercolini llamara el lunes a indagatoria a Cristina para el 20 de octubre como supuesta cabeza de un “plan sistemático” para robarle al Estado, Marijuán recordó dos fallos de la sala II de la Cámara Federal integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah. En esas resoluciones, el tribunal de alzada había ordenado investigar también como delito precedente del lavado de dinero las irregularidades en la obra pública. Hasta principio de año, el juez Casanello, tras una denuncia de la diputada del GEN Margarita Stolbizer, sostenía que el delito precedente era el fraude fiscal cometido por la usina de facturas truchas que manejaba Juan Suris, el amigo de Leonardo Fariña y ex novio de la vedete Mónica Farro, en Bahía Blanca.

Pero la Cámara Federal ordenó investigar si el origen de la plata negra era también la obra pública. Se trata de uno de los puntos sobre los quecentrará su estrategia el nuevo abogado de Báez, Maximiliano Rusconi, para tratar de lograr la excarcelación de su cliente. Por este motivo, Casanello había delegado la investigación de la obra pública en Marijuan dentro de la causa de la ruta del dinero K y abrió una causa conexa.

Ahora Marijuan le dijo a Casanello que “el objeto de la causa delegada es el mismo" que investiga Pollicita en la causa por el “plan sistemático” de robo al Estado que busca determinar si funcionó una “asociación ilícita” en el gobierno de los K.

“Resulta indiscutible que la razón y el origen del dinero de Lázaro Antonio Báez radica en aquella estructura funcional a la que hace referencia Pollicita orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de las obras viales adjudicadas a Báez”, resaltó Marijuan en alusión a los 16 mil millones de pesos que Vialidad Nacional le dio al Grupo Báez entre el 2003 y el 2015. Esas obras adjudicadas al empresario K preso desde hace 5 meses representaron el 80 por ciento de toda la obra pública que el gobierno nacional otorgó a Santa Cruz.

Para el fiscal, “el punto neurálgico” de todo esta trama es que los Kirchner, por lo menos, le dieron 16 mil millones de pesos a Báez (unos mil millones de dólares al cambio actual) y como contrapartida por el alquiler de sus hoteles, el empresario le dio 6,5 millones de dólares a la ex familia presidencial. Cristina regresó ayer a Buenos Aires y se mostró relajada y despreocupada. Sin embargo, el fin de semana pasadamandó a ocho de sus custodios con dos camionetas a cuidar a su nieta Helena -la hija de Florencia- quien estuvo con su padre, Camilo Vaca Narvaja, a un lugar turístico, reveló una fuente oficial a este diario. “Cristina tiene miedo que comentan un atentado contra ella, sus hijos o sus nietos”, comentó la fuente del gobierno. .

En función de aquellos argumentos, Casanello seguramente se declarará incompetente y se empezarán a sumar expedientes por obras públicas en el juzgado de Ercolini y la fiscalía de Pollicita.

Además, el pedido de Marijuan confirma que, como ordenó la Cámara Federal, los fiscales siguen coordinando sus investigaciones porque existen imputados y hechos comunes en las causas la ruta del dinero K, Obras Públicas, Hotesur y Los Sauces.

Por otra parte, el llamado a indagatoria de Cristina que dispuso Ercolini consolida el armazón jurídico de las investigaciones en su contra. “Es como la construcción de un edificio. Hasta ahora teníamos firme el primer piso con la ruta del dinero K, el segundo con Hotesur, el tercero con Los Sauces pero faltaba consolidar la plata baja”, dijo una fuente judicial a Clarín. “Ahora con el llamado de Ercolini quedó firme la plata baja”, finalizó la fuente judicial.