El gobernador Alberto Weretilneck dejó cesante a partir del viernes a la totalidad de sus funcionarios para la reestructuración de su planta política, previendo que la nueva estructura contemplará a 170 colaboradores y que representa la mitad de los actuales cargos.

Las remuneraciones de los funcionarios ratificados tendrán una reducción del 15 por ciento de sus haberes.

Este paquete de restricción en los cargos superiores –que incluye a empresas y órganos de control– representa un ahorro de unos 60 millones de pesos anuales.

Es la primera provincia que anuncia un fuerte ajuste de su planta política, que había crecido en los últimos dos años, y que ahora se encuentra en un escenario económico complejo.

Ayer, al mediodía, el mandatario anunció estas medidas como el comienzo "de un proceso de reducción de gastos y de ordenamiento de las cuentas públicas". Manifestó que "los más altos niveles debemos ser los primeros en dar muestras de austeridad y reducción de gastos", anticipando que si no fuera así no "podríamos pedirle a los rionegrinos que nos acompañen y a los empleados públicos que nos entiendan".

Tras la difusión del anuncio , Weretilneck viajó a Buenos Aires porque se reunirá hoy con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. "La semana que viene habrá otros anuncios de restricciones", dijo a "Río Negro" en el aeropuerto viedmense.

Su mensaje se extendió por algo más de seis minutos y se concentró en acciones en la planta política, las empresas y los órganos de control.

Weretilneck dispuso el desplazamiento de la totalidad de sus 340 funcionarios a partir del viernes y prevé para febrero de disponer la mitad de la planta, con haberes reducidos en un 15%.

No se conoció oficialmente el decreto, pero según trascendió, en el mismo se contemplaría la continuidad institucional y funcional del Estado, por lo cual en la nómina de funcionarios cesanteados –un anexo de la norma– no están incluidos los ministros, ni el Secretario General, además del jefe de Policía.

Incluso, tampoco, estaría el secretario de Energía, Guillermo Gesualdo, que actualmente está negociando contratos petroleros.

En referencia a las empresas, Río Negro tiene más de una docena de sociedades y sus directorios concentran –mayormente– tres miembros rentados.

Falta conocer cómo se instrumentará la medida, pero en principio, según el anuncio (que sólo cobrará el presidente), de 25 a 30 directores dejarían de tener remuneraciones.

Esa cesantía general de funcionarios sorprendió incluso a los ministros. Weretilneck recurrió a consultas técnicas. Por caso, el lunes, recibió al secretario de Hacienda, Emanuel Tobares y el tesorero, Isaias Kremer. Sólo requirió datos, pero no les adelantó ninguna medida.

También fueron convocados ambos titulares de los órganos de control interno, el fiscal Pablo Bergonzi y el contador Juan Kohon.

A ellos, el mandatario sí les adelantó puntualmente que restringiría sus haberes. Sorprendió la utilización de un proyecto de ley ya que algunos entendían que podía recurrir a un decreto por tratarse de funcionarios del Ejecutivo. En cambio, el gobernador prefirió al marco de una ley ya que esos funcionarios tienen ratificación legislativa.

Estas rebajas –con haberes brutos cercanos a los 59.000 pesos– estarán por encima del 35 por ciento, es decir, unos 20 mil pesos.

En relación a los órganos externos, Weretilneck precisó que sus miembros cobrarán en "forma idéntica y proporcional" que un legislador.

Ratifica así lo que ya fijan las leyes de creación de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal de Cuentas, que después se desvirtuaron con distintos suplementos remunerativos.

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas está relacionada al STJ, pero ahora el mandatario propone –en lo remunerativo– que quede ligado también al haber de un legislador, que percibe por recibo de 35.000 a 40.000 pesos. Así, la reducción en esos organismos estarán entre 25.000 a 30.000 pesos, es decir, entre un 40 y 50 por ciento.

Posiblemente, el mandatario realizó contactos telefónicos con miembros de los órganos de control externos para anticiparles su proyecto de limitación de sus ingresos estatales. Aún así, no habría que descartar alguna reacción de los mismos, considerando el fuerte impacto de la disminución pretendida. En el 2012, la Legislatura ya analizó una iniciativa parecida de Weretilneck que no prosperó por la presión de esos organismos frente a las autoridades del Poder Legislativo.