El intendente ya comunicó a su círculo más íntimo la decisión de ir hasta las últimas consecuencias una vez que se conozca el resultado de la auditoría interna de la Municipalidad de Balcarce que está en pleno desarrollo. Esa confirmación significa, ni más ni menos, que denunciar en la justicia a los funcionarios kirchneristas que durante la gestión de José Echeverría pudieron haber cometido irregularidades que van desde compras injustificadas, desvíos de fondos, e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.  Sin embargo, eso lo deberá demostrar la justicia llegado el momento. En el gobierno creen que, por lo pronto, hay elementos para sostener varias de esas denuncias que deberá investigar la justicia y que implicarían a las áreas de Obras Públicas, Carlos Cortés y Tomás Lapadula, Vivienda, que estaba a cargo en el final del mandato de Echeverría de Sol Di Gerónimo, de Hacienda,  Isabel Mazzuca, y Gobierno, cuya responsable era la doctora Fernanda Ruzza, según consta en la información preliminar que es parte de la documentación que está en poder del intendente.  Fuentes del Ejecutivo consultadas por La Vanguardia, admitieron también que la responsabilidad de los hechos si se comprobaran llegaría hasta el ex intendente José Echeverría. Y señalan que “se está estudiando la situación en que fue recibida la comuna, la valoración de la conducta de determinados funcionarios que integraron la administración saliente, y el análisis de la posibilidad de iniciar los procedimientos correspondientes, a fin de que se investigue la posible comisión de irregularidades administrativas e incumplimientos de deberes de funcionarios públicos”, indicaron. Por otra parte, las mismas fuentes señalaron que “la complicada situación económico y financiera en que se recibió el Municipio, ya ha sido tema de tratamiento en distintas normas, tal ocurre en los considerandos del Decreto por el que se estableció un régimen de facilidades de pago para tasas municipales en situación de mora y en la ordenanza por la que se declaró la emergencia económica y financiera del municipio”, afirmaron.

A dónde se apunta En el informe preliminar que está elaborando el gobierno, se destaca que “de acuerdo al punto de vista de la actual gestión, resulta grave y preocupante en muchas cuestiones, como lo son, entre otras el estado de deterioro y abandono de los bienes que componen el inventario, la inacción frente a vandalismo y desposesiones de bienes del Municipio, adjudicaciones de bienes sin respetar el procedimiento administrativo correspondiente, y el endeudamiento desmedido e irresponsable, superando en exceso la capacidad de pago de la comuna”. También apunta el documento extraoficial por el momento que se denunciaría la aprobación de pagos a proveedores de bienes y servicios, sin respetar una justa equivalencia entre las prestaciones, fallas y ausencias en controles del cumplimiento de las prestaciones contratadas con proveedores de bienes y servicios. Si se comprobaran delitos de cohecho y tráfico de influencia cometidos por un funcionario público, en los artículos 256 y 257 del Código Penal se establece que en el caso de un funcionario público que, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, dé lugar a que otra persona substraiga caudales públicos, el Código Penal establece una multa del 20% al 60% del valor substraído, y por lo tanto el plazo de prescripción de la acción será de dos años. Por otra parte, existen causas de suspensión e interrupción del cómputo del plazo de la prescripción. En el caso de los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, la prescripción se suspende mientras los funcionarios continúen desempeñando un cargo público. Por otra parte, en el Código se establecen causales de interrupción del plazo, como el llamado a indagatoria o la comisión de otro delito.