“Todas las facturas reclamadas por REFSA, estaban pagadas en tiempo y forma desde hace once meses”, afirmó el director de LRA 20 Orlando Ramírez, quien denunciará judicialmente a los directivos de la empresa eléctrica provincial, encabezados por el ex intendente de Formosa, Fernando De Vido.

“Ni siquiera nos enviaron una intimación o reclamo previo; tampoco hubo aviso de corte”, dijo Ramírez, quien señaló que los funcionarios de Insfrán “actuaron intencional y deliberadamente, no fue una cuestión comercial”, explicando que las facturas estaban abonadas y la entidad bancaria les notificó de la transferencia”.

“Esto fue mal intencionado y no es un hecho aislado, otras veces ya soportamos amedrentamientos de la Municipalidad y de agentes de la Policía provincial. Ahora, sin ningún justificativo y descaradamente atentaron contra la salida al aire de la programación de una Radio Pública Nacional, que en la zona cumple un importante rol social, como por ejemplo la mensajería rural, que es vital en zonas del oeste formoseño donde ni siquiera llega la señal de telefonía celular”, indicó el director de LRA 20.

Ramírez dijo que el gerente de Asuntos Legales de Radio Nacional, Dr. Julio Hornaechea calificó el hecho como “un acto delictivo sin precedentes en todo el país” y anuncio que se van a iniciar las acciones legales correspondientes para determinar el trasfondo y los responsables de este atropello, que es un ataque a la libertad de prensa”.

Este corte de energía viene a sumarse a otros hechos provocados por funcionarios políticos del gobierno de Gildo Insfrán, como la denuncia efectuada por la Fiscal de Estado de la Provincia de Formosa, Stella Maris Zabala de Copes, que acusó en la Justicia Federal a los periodistas Gabriel Hernández y Leonardo Fernández Acosta, ambos de LRA8 Radio Nacional Formosa, por declaraciones efectuadas en Facebook.

Ante esta presentación, Hernández denunció a la Fiscal de Estado, por lo que consideró un ataque a la Libertad de Expresión, que se suma a la demanda por daños y perjuicios que le inició el gobernador Gildo Insfrán y que terminó en una condena a pagar 2 millones de pesos.