Con la finalidad de efectuar una verificación "in-situ", funcionarios de Chuquisaca, Potosí y Tarija, recorrerán el río Pilcomayo para conocer la posible contaminación, producto del derrame de tóxicos por parte de la empresa minera Santiago Apóstol, ubicada en Canutillos.

Posteriormente, una delegación encabezada por el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, informará en Buenos Aires a los gobiernos de Argentina y Paraguay sobre la situación del río Pilcomayo.

Los funcionarios y técnicos de medioambiente estatales, partieron ayer desde Potosí. Recorrerán el departamento de Chuquisaca a lo largo de la ribera del río Pilcomayo, hasta llegar a Villamontes en el departamento de Tarija.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Waldemar Peralta, dijo que luego del recorrido los funcionarios pedirán a las autoridades del Gobierno nacional, tomar una decisión inmediata para salvar el río Pilcomayo, porque el afluente es fuente de vida de varias familias indígenas en la región.

"Es importante conocer cuál es el grado de contaminación, qué efectos tiene en la salud y los productos alimenticios. Por todo eso, los funcionarios vamos a pedir a las tres gobernaciones (Chuquisaca, Potosí y Tarija) efectivizar acciones, concretar, porque el Pilcomayo es un río que se nos muere", señaló Peralta.

Por su parte, el secretario departamental de Medio Ambiente y Agua, Mario Gareca, dijo que se espera los resultados de los análisis de laboratorio a un muestreo de las aguas del río Pilcomayo, para luego definir las acciones que se podrían tomar en caso de evidenciarse contaminación en las aguas.

"La comisión de la secretaria de Medio Ambiente, va a realizar un análisis y toma de nuevas muestras en la zona donde el río Pilcomayo ingresa al departamento de Tarija en la provincia O´Connor, otra muestra la realizará la Gobernación Sección Villamontes, al ingreso y salida del río, todo en el marco de nuestras competencias y territorio", explicó.

Reunión trinacional

Entre tanto, en los próximos días, una delegación del país, encabezada por el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, se trasladará a Buenos Aires para informar a los Gobiernos de Argentina y Paraguay sobre el vertido de residuos tóxicos en el río Pilcomayo que recorre los tres países.

Alurralde y el viceministro de Medioambiente, Roberto Salvatierra, asistirán a la reunión de la Comisión Trinacional del Pilcomayo que se celebrará el jueves 24 en la capital argentina, según informaron fuentes de los ministerios de Exteriores y Medio Ambiente.

La reunión de la comisión estaba prevista desde antes de conocerse del vertido de tóxicos producidos el 4 de julio por la empresa minera Santiago Apóstol asentada en la comunidad de Canutillos, municipio de Tacobamba, Potosí; sin embargo, el tema fue añadido a la agenda de la cita ante la alerta causada en regiones del sur del país, agregaron las fuentes.

El vertido de los tóxicos se produjo por el sifonamiento de un dique de colas del ingenio minero que no cumplía con normas medioambientales y provocó preocupación en los departamentos de Chuquisaca y Tarija, por donde pasa el Pilcomayo antes de discurrir en Argentina y Paraguay.

El secretario General de la Gobernación de Potosí, René Navarro, señaló que lo ocurrido en la minera Santiago Apóstol no fue un rompimiento del dique sino una "fuga de los desechos sólidos" por fisuras.

Según Navarro, una comisión caminó cinco kilómetros por el cauce del afluente entre la mina y el punto Colavi Bajo y confirmó que hasta este punto llegaron los desechos sólidos de la minera.

?La población que habita en esos lugares sabe que esas aguas no son potables, ni sirven para riego porque provienen desde las zonas de las operaciones mineras donde las minas no tienen sus certificaciones de manejo ambiental?, señaló Navarro.

Por su parte, la comisión de Chuquisaca encabezada por la Defensoría del Pueblo, el pasado miércoles hizo el mismo recorrido en el que constató que la lama se derramó a lo largo de casi cinco kilómetros por el río de Colavi y que el agua contaminada llegó al río Pilcomayo, distante a unos 25 kilómetros.

Asimismo, corroboró que el 80% de las empresas y cooperativas mineras asentadas en el municipio de Tacobamba, con quebradas afluentes al Pilcomayo no cuentan con licencia ambiental.

Mientras tanto, los pobladores asentados en la ribera del río se declaron de duelo, porque la contaminación no sólo afecta la producción agrícola sino al turismo rural.

Por otro lado, la Gobernación de Chuquisaca presentó el viernes, en la Fiscalía de Betanzos, Potosí, una denuncia en contra del representante de la empresa Santiago Apóstol, Mario Cano, por los delitos de contaminación al medio ambiente y atentado a la salud pública.