La situación generada por la protesta iniciada hace ocho días por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la Gendarmería Nacional, a raíz de un reclamo salarial, terminó de descomprimirse ayer. En el Edificio Guardacostas –sede de los prefectos– la medida fue levantada, mientras que en el Edificio Centinela sólo media docena de gendarmes mantenía anoche un improvisado campamento en la explanada. "Hay una batalla perdida, pero eso no significa que hayamos perdido la guerra", dijo, en declaraciones radiales, el desplazado gendarme Raúl Maza, quien ofició como supuesto vocero del reclamo de los efectivos. Pese a que mantendrán el petitorio, explicó que "los prefectos tuvieron ayer planes de llamada". "Recibieron llamados de sus superiores para presentarse en sus puestos de trabajo por tiempo indeterminado", explicó.

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que ambos edificios fueron recuperados y sus ingresos quedaron liberados. Desde el gobierno dieron por descontado que, en esta instancia, el conflicto ya se encuentra desactivado. Además, señalaron que la orden de las jefaturas de las fuerzas de seguridad fue que los efectivos se queden "en apresto", es decir ubicables por sus superiores.

Anoche, frente al Centinela, se aprestaban a pasar la noche media docena de personas, entre oficiales retirados y familiares.

"No damos el brazo a torcer todavía", sostuvo Maza, uno de los 12 agentes de la fuerza que finalmente fueron pasados a disponibilidad por encabezar el reclamo.

La protesta comenzó el martes de la semana pasada en repudio al recorte de salarios por la aplicación del Decreto 1307, aunque luego el gobierno anunció la restitución de los adicionales y prometió que no habría quitas. La cronología del conflicto siguió el martes, cuando el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, sostuvieron que no era posible atender subas que alcancen los 7000 pesos de básico, como exigían los agentes. Ayer también se conoció la renuncia de Raúl Garré, funcionario del Ministerio de Seguridad que conduce su hermana, Nilda. A ese funcionario se adjudica haber intervenido en el proceso de elaboración del decreto que terminó con la errónea liquidación de haberes (ver página 7).

Durante la conferencia de prensa del martes, Abal Medina y Lorenzino insistieron en advertir "el desquicio administrativo" en el pago de salarios de ambas fuerzas. Además, tras rechazar el reclamo de 7000 pesos de básico, subrayaron que en la próxima liquidación de sueldos de octubre "se verá beneficiada la inmensa mayoría" del personal que revista en ambas fuerzas.

Además, el Ejecutivo anunció la denuncia penal a ex altos mandos de la Gendarmería por la supuesta connivencia con estudios jurídicos y jueces para sostener, en detrimento del Estado, las medidas judiciales que habían judicializado hasta convertir en una maraña los salarios en sectores de la fuerza.

La denuncia presentada por el gobierno solicita que se investigue a Héctor Schenone y Juan Obdulio Sainz, ex director y subdirector de Gendarmería, a cinco miembros del Servicio de Administración Financiera y a cuatro integrantes del área jurídica, incluyendo a su máximo responsable, comandante mayor Raúl Tabocchini. «

Evaluación

Salarios

Según el gobierno, la nueva liquidación beneficiará a la mayoría de los efectivos.