Propietarios de las empresas de radiotaxis de la ciudad, choferes y hasta los concejales del propio oficialismo salieron ayer a cuestionar con dureza la propuesta del Consejo de Seguridad, dada a conocer por el viceintendente Luis Daud, de reglamentar la actividad que desarrollan los denominados ‘taxis rurales’ y de los ‘remises boleteros’, porque consideran que se atenta contra el sistema de transporte legal y porque se estaría promoviendo la ilegalidad.

Los primeros en salir al cruce fueron los propietarios de las empresas de remises habilitadas que el lunes pasado habían estado reunidos con los concejales oficialistas para acordar la suba de la tarifa a $ 3, modelos y las exigencias para combatir a los ilegales, y que ayer se sorprendieron con las declaraciones de Daud publicadas en los medios.

‘Hacemos público nuestro rechazo (al planteo del viceintendente) por considerarlo perjudicial para nuestra actividad, después de años de haber apostado honestamente desde nuestra posición y a pesar de los costos que implican para la correcta prestación a los usuarios’, señalaron.

Y agregaron: ‘Resulta preocupante la tremenda contradicción en que ha incurrido el viceintendente al formular públicamente esta propuesta tan sólo días después de que cientos de trabajadores salieran a las calles de la ciudad para reclamar, precisamente, la erradicación de la competencia desleal, de la cual somos víctimas desde hace décadas’.

Finalmente ratificaron sus exigencias para que ‘los prestadores de estos servicios -hoy ilegales- se incorporen al sistema legal de transporte, cumpliendo todos los requisitos (modelos, odómetros, color, cebreados, seguro, habilitación, etc.), al igual que cualquiera de nuestras unidades’.

Por su parte, los concejales Pablo Gerez y Carlos Acuña, en nombre del bloque del Movimiento Viable, anticiparon que “en el Concejo Deliberante no se le dará cabida a ningún proyecto que ampare lo ilegal”, y se mostraron sorprendidos por el planteo realizado públicamente por el vice intendente, que se contrapone a las acciones impulsadas desde el Ejecutivo y desde el Deliberante para regularizar el servicio.