Ayer un grupo de diputados presentó en el Congreso un proyecto de resolución para que las autoridades del Gobierno de Córdoba “trabajen en el esclarecimiento de las circunstancias en las que el joven falleció” el pasado 26 de octubre cuando se encontraba detenido. Cabe recordar que, días después, los resultados de la autopsia revelaron que murió por asfixia pero su familia denunció que “hubo golpes previos”. Incluso, la propia fiscal de Cosquín, Alejandra Hillmann, tras confirmar el resultado de la autopsia, no descartó la hipótesis -planteada por la familia- de que el joven habría sido víctima de abuso policial.

Ayer, los parlamentarios Juan Carlos Junio y Carlos Heller (Frente Nuevo Encuentro) y sus pares por Córdoba, Carmen Nebreda, y Mónica Gutiérrez (FpV) se mostraron preocupados por las supuestas irregularidades que envuelven al hecho pero además por las “reiteradas denuncias de corrupción y represión en las que se encuentran involucrados agentes de la policía provincial, más la inoperancia y silencio frente a los hechos por parte de la Provincia”.

Por otro lado, los legisladores del Frente Cívico junto a miembros del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, del Colegio de Psicólogos y Trabajadores Sociales, y organismos de Derechos Humanos representados por Sonia Torres, viajaron ayer hasta la localidad para entrevistarse con las autoridades municipales. Allí, bucearon sobre la situación social generada tras el deceso del joven. Además escucharon a organizaciones sociales, educativas y referentes barriales quienes manifestaron su preocupación por el accionar de la policía de esa zona. También coincidieron en que es necesario establecer las responsabilidades institucionales de la Policía, de la Provincia y del municipio por tratarse de un menor que estaba bajo responsabilidad del Estado.

La presidenta de la bancada juecista en la Unicameral, Liliana Montero, consideró que sobre el caso Reyna se abren dos aristas: por un lado, el procedimiento que lleva adelante la Justicia para el esclarecimiento de la muerte; y por el otro, “la responsabilidad que tiene que asumir el poder político frente a una situación de crisis social”.

Además, junto al legislador Santiago Clavijo, coincidieron en destacar que existe una preocupación generalizada ante “la ausencia del Estado provincial y la falta de una política conjunta con los municipios para entender que el narcotráfico, el desempleo, la falta de contención y la ausencia de expectativas a futuro, es una realidad que pone en riesgo a miles de jóvenes en nuestra provincia”.