Varias ONGs quieren evitar que el Legislador del PRO este a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad. "No da garantías suficientes sobre el futuro ejercicio del cargo con la independencia que éste requiere", dijeron.
En la impugnación, las ONGs habían dicho que por su condición de parte del oficialismo porteño, "no da garantías suficientes sobre el futuro ejercicio del cargo con la independencia que éste requiere", y destacaron que tal característica es "fundamental en un organismo que debe actuar en las causas judiciales de interés público en las que son parte el Gobierno de la Ciudad y, eventualmente, los propios funcionarios de gobierno". La crítica es similar a la que en su momento le hicieron a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
En diálogo con radio América, Ocampo rechazó las acusaciones y expresó que "en ningún caso terminan de dar cuenta de la realidad y son todas especulaciones", aparte de señalar que las objeciones en su contra "están en el terreno de las hipótesis y su único límite es la imaginación".
Para intentar probar su independencia, negó estar afiliado al PRO, pese a que es diputado por ese espacio, y aseguró que en la Legislatura tuvo "muchas votaciones distintas a lo que pensaba el Jefe de Gobierno". En ese marco, reclamó que se le aplique "el principio de inocencia".
Sin embargo, reconoció que el cargo de fiscal tiene "una función política dentro del mando de las instituciones judiciales".
En la sesión en que fue votado su pliego también se designó al camarista Osvaldo Corti como defensor general, en reemplazo de Mario Kestelboim, y a Yael Bendel como titular de la Asesoría Tutelar, en lugar de Laura Musa.
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