En una enérgica declaración, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por el avance del gobierno argentino sobre la producción del papel para diarios, al rechazar el proyecto oficial que propone declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de ese insumo esencial para los medios gráficos.

La entidad, que preside Milton Coleman, editor adjunto de The Washington Post, advirtió en Miami que la iniciativa impulsada por el kirchnerismo "vulnera principios fundamentales sobre libertad de prensa" consagrados en la Declaración de Chapultepec, en tratados internacionales suscriptos por la Argentina y en la propia Constitución de nuestro país.

El proyecto, mediante el cual el Gobierno procura extremar los controles sobre Papel Prensa, dio un paso fundamental anteayer, al aprobarse un dictamen por mayoría en el plenario de cinco comisiones de la Cámara baja, todas presididas por legisladores kirchneristas. La intención del Gobierno es tratarlo hoy en el recinto de la Cámara de Diputados, para que pueda ser sancionado por el Senado antes de fin de año.

La SIP recordó que un proyecto similar había sido presentado ya el año pasado por el Poder Ejecutivo, en "un episodio polémico que enfrentó al gobierno nacional y a los diarios Clarín y LA NACION, propietarios mayoritarios, junto al Estado, de la empresa Papel Prensa.

El organismo, que reúne a más de 1300 publicaciones del continente, señaló que la iniciativa fija "criterios de precios, comercialización y de producción para satisfacer la demanda interna de los periódicos, a través de un aparato regulatorio manejado por el Ministerio de Economía".

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, dijo que "causa extrañeza la actitud del Gobierno, por cuanto en la Argentina no hay desabastecimiento, los periódicos pueden importar libremente el papel y este tipo de regulación no se aplica a otras industrias", por lo que la iniciativa "podría ser utilizada para expropiar la empresa y controlar a su antojo a los medios".

En su última asamblea general, celebrada en octubre en Lima, la SIP había pedido al gobierno argentino que "finalice la escalada de agresiones" contra los medios críticos y pusiera fin al hostigamiento administrativo contra Papel Prensa.

Otros rechazos

El avance del proyecto oficial generó una fuerte reacción.

El consejo de administración de la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina Ltda. se declaró en sesión permanente "para debatir las alternancias e incidencias de un cambio de reglas que puede afectar la regular distribución del insumo".

Así lo declaró Sebastián Etchevehere, presidente de la cooperativa, que con 40 años en el mercado distribuye y comercializa más de 15.000 toneladas anuales de papel para diario a una amplia mayoría de pequeñas y medianas empresas periodísticas de todo el país.

La diputada Silvana Giúdici (UCR), ex presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, advirtió que el Gobierno busca la "hegemonía comunicacional" y anticipó que "controlando la distribución del papel controlará la línea editorial de los medios que todavía no ha podido disciplinar".

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires declaró que el trámite seguido en el Congreso "es una clara demostración del riesgoso camino que transita nuestro país hacia la afectación de elementales derechos garantizados por la Constitución nacional", como las libertades de expresión y de prensa.

Con el título "Hacia una severa restricción de garantías constitucionales", la entidad, que preside el doctor Raúl Aguirre Saravia, advirtió que el Gobierno procura una "profundización del relato único de vertiente oficial" e intenta "sentar las bases de una arbitraria regulación de un mercado que hasta ahora no lo era e intensificar el hostigamiento a la gestión de Papel Prensa"..