En paralelo a la causa por la presión judicial del anterior gobierno y el funcionamiento de los barcos casinos, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está sumergido en otra batalla contra el poder del juego que arrastra más de veinte años. Se trata del control del predio del estacionamiento del Hipódromo de Palermo, enclavado en una de las zonas más caras de Buenos Aires, donde se busca generar un polo comercial, con cines y restaurantes. El gobierno porteño dio los primeros pasos para concesionar el predio el año pasado y avanzó con la preadjudicación a mediados de enero.

Sin embargo, el estacionamiento de Libertador y Dorrego, conocido como Playa Gigena, forma parte de una fuerte disputa entre la Ciudad y el Hipódromo Argentino de Palermo SA (HAPSA), de acuerdo a la información judicial y las fuentes consultadas por el  Equipo de Investigación de Perfil Educación.  El predio tiene una superficie de treinta mil metros cuadrados y capacidad para mil automóviles, y según la empresa que lo administra, la concesión fue entregada en 1992 de parte de funcionarios nacionales. La firma dice que Playa Gigena forma parte de su área de concesión, mientras que el gobierno porteño sostiene que le pertenece a la Ciudad, posición que fue avalada por la Justicia porteña en segunda instancia. Hipódromo Argentino S.A. es una compañía presidida por Federico de Achával, que tuvo relación con Cristóbal López.

El referente del Grupo Indalo fue socio por años en la explotación de las máquinas tragamonedas del establecimiento. HAPSA se convirtió en uno de los enemigos del PRO desde 2007, cuando la Ciudad exigió que pagara Ingresos Brutos, un planteo que también le hizo al Casino Flotante. El planteo se solucionó con varias controversias cuando Mauricio Macri ocupó la presidencia de la Nación: se aumentó el canon del 20% al 30% y se traspasó el juego de la Nación a la Ciudad. Al estar bajo la órbita de Lotería Nacional el Casino Flotante y el Hipódromo se opusieron a pagar Ingresos Brutos hasta 2017. Sobreseyeron a Cristobal López y Fabián De Sousa por la venta del Grupo Indalo A este contrapunto se suma la presión judicial que los dueños del Hipódromo adjudican al macrismo.

Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa denunciaron a Macri y algunos de sus funcionarios de forzarlos a vender el Grupo Indalo, que incluyó la presión de más tributos en las firmas del juego, de las que se desprendieron más tarde. En este expediente, De Achával aseguró que el ex asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón lo amenazó con ejecutar la deuda por Ingresos Brutos, pese a que, sostuvo, no estaba obligado a hacerlo. Asimismo, el gobierno porteño busca obtener un desenlace a su favor en el conflicto por la Playa Gigena con un juicio de desalojo en avance. De hecho, la Ciudad preadjudicó el lugar el 9 de enero por 15 años, con opción a 5 más, a la sociedad Masbor SRL – BSD Grupo Asesor SA– UT, que ofertó un canon superior a 6 millones de pesos mensuales, casi el triple del valor base.

Entregando este negocio a un grupo empresario sin antecedentes conocidos, la administración porteña comenzará a percibir un ingreso por un predio que consideró a través de los años ocupado en forma ilegítima y por el que nunca se pagó un canon. 

Las empresas ganadoras, que dejaron en el camino a firmas como Irsa Propiedades Comerciales y Miavasa, tendrán a su cargo el diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación de lo que ahora se denominará Ámbito Gigena que prevé el derribo de la actual estructura de hormigón para generar locales comerciales, gastronómicos y de recreación. Sin embargo, la adjudicación final está limitada en medio de la disputa legal. El Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño indicó al Equipo de Investigación que el trámite licitatorio sigue su curso pero admitió que no se le puede dar la posesión al nuevo concesionario hasta que haya una definición de la Justicia.  Cuáles son los contratos de obras en ejecución más caros de la Ciudad El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº1 de la Ciudad, a cargo de Romina Tesone, avanza en los últimos pasos, según confirmaron fuentes judiciales. Entre otras medidas, Tesone rechazó la solicitud de HAPSA de incorporar como testigos a funcionarios nacionales o de Lotería Nacional, y suspender el trámite por otras causas relacionadas que se habían iniciado. La negativa fue confirmada por la Cámara del fuero el año pasado, pese a que la operadora presentó un recurso de inconstitucionalidad.  Recientemente, la Procuración General de la Ciudad, el cuerpo de abogados del estado porteño, pidió la clausura del período probatorio en el que se había solicitado la remisión de las diferentes causas relacionadas, según pudo confirmar el Equipo de Investigación.

Si el pedido es aceptado, continuarán los alegatos y la jueza estará en condiciones de dictar sentencia. No obstante, si la compañía apela, la medida tendría efecto suspensivo. Mientras el gobierno porteño confía en un resultado favorable, la firma resiste y argumentó que tomará las medidas necesarias hasta agotar todas las instancias posibles. Sobre la mesa de negociación, recuerda los más de 60 millones de dólares que pagó para acceder a explotar el predio hípico con el estacionamiento incorporado. Ante la consulta para esta investigación, Hipódromo Argentino de Palermo S.A. (HAPSA) señaló que reclama un derecho adquirido basado en la seguridad jurídica de los contratos. En ese sentido, la firma sostuvo que en el pliego de 1992 se encontraba incluido el edificio de cocheras y aseveró que tener ese espacio es una necesidad lógica para aquellos momentos en los que se desarrollan grandes eventos o se entregan premios importantes. En 2019, el 1,5% de lo que recaudó el gobierno porteño se originó en el juego a partir de los dos centros de entretenimiento. Se trata de una suma cercana a los 5.300 millones de pesos, que tiene en cuenta la moratoria por el tributo pendiente, según expresaron fuentes de la Ciudad. Por caso, ambas compañías acordaron un pago de 2.100 millones de pesos de los 3.000 millones exigidos.

Rodríguez Larreta batió el récord de privatización de tierras públicas en la Ciudad   De Achával tiene también otro conflicto con funcionarios macristas en relación al Casino Flotante. Allí tiene el 25% de la operadora, una porción idéntica de Inverclub, de Ricardo Benedicto, también ex socio de López, y un 50% que controla la española CIRSA. La concesión finalizó el año pasado pero la compañía reclama prolongar el contrato debido al aumento del canon y los mayores costos. En este caso, el gobierno de Rodríguez Larreta recurrió a la Corte Suprema con un recurso extraordinario luego de una medida cautelar de segunda instancia favorable al sector empresario. La batalla por el Ámbito Gigena llegó a acumular cuatro expedientes judiciales, dos en la justicia federal y dos en la porteña. Las diferencias entre la Ciudad y la empresa se remontan al momento previo a la autonomía, cuando la entonces Municipalidad dependía de la Nación. La Ciudad desconoció que el predio de Libertador y Dorrego formara parte de la concesión entregada por el gobierno nacional a HAPSA y lo plasmó en el decreto 1780 firmado en septiembre 1999 por el entonces jefe de gobierno Fernando de La Rúa.

Allí se mencionó que se trata de una ocupación ilegítima y exigió su devolución inmediata. A su favor, el gobierno porteño citó que había caducado la concesión de esas tierras previamente otorgada a Lotería Nacional y señaló que en 1990 se resolvió un diferendo con la Nación que dejó a la fracción del estacionamiento en manos porteñas. Pese a la polémica, HAPSA tomó posesión de la Playa Gigena. Incluso, por corto tiempo tuvo un visto favorable del gobierno porteño. A días de finalizar su mandato en 2007, el entonces titular de la administración local, Jorge Telerman, le cedió la ocupación gratuita por un espacio de cinco años, una norma que Macri anuló semanas más tarde por supuestas irregularidades en la operación. La declaración que complica judicialmente a Mauricio Macri en la causa Autopistas Así, HAPSA inició un ataque al decreto 1780 que no terminó como esperaba.

En la causa “Hipódromo Argentino S.A. C/GCBA S/Impugnacion Actos Administrativos”, la Justicia en lo Contencioso Administrativa de la Ciudad puso en valor el acuerdo de 1990 entre la Nación y la Ciudad, fijado en el decreto nacional 256, y desestimó en 2012 el planteo de la firma. En 2016 la Sala III de la Cámara de Apelaciones del mismo fuero confirmó el fallo de primera instancia y dio así sustento legal al reclamo porteño, llevado adelante por la Procuración General. Pero los tiempos políticos también se inmiscuyeron. En 2015 Lotería Nacional, hoy disuelta, abrió un expediente en el fuero contencioso administrativo federal para respaldar el planteo del Hipódromo. Sin embargo, en 2017 la sociedad estatal retiró esa presentación, ya con el cambio de signo político.

 A poco de la sentencia en segunda instancia contraria a sus intereses, HAPSA pidió la suspensión del desalojo por una nueva presentación en la justicia federal. La Asociación del Personal de Hipódromos, Agencias, Apuestas y Afines (Aphra) pidió una declaración de certeza en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº12, en respaldo a la postura empresaria. Pero la causa no se movió y la Justicia la cerró después de un tiempo pese a la negativa del gremio que recibió un rechazo en segunda instancia y presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia sin éxito.

“Tenemos en la playa de estacionamiento un espacio físico para las reuniones del gremio, que es muy útil para realizar actividades con los trabajadores”, explicó a El Equipo de Investigación, Diego Quiroga, titular de Aphara. El sindicalista destacó que el predio de Gigena se concesionó por un concurso público internacional y cuestionó el accionar de la Justicia. “El gobierno porteño ha influido en la Justicia y lo mismo el anterior gobierno nacional en los últimos cuatro años”, afirmó.

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Ahora los expedientes se concentran en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº1 que lleva la causa del desalojo desde 2014. Desde la Procuración General de la Ciudad, que representa al Estado local, entienden que la desocupación se concretará más tarde o más temprano. Hipódromo Argentino de Palermo S.A. remarca que no hay ninguna decisión firme aún.

Hacia delante, la empresa no descarta realizar nuevas presentaciones. De hecho, dejó en claro en más de una oportunidad en la justicia local que puede intentar recurrir a la Corte Suprema. Y también analiza una demanda millonaria en caso que se le quite el predio por la afectación de derechos privados. 

Rodríguez Larreta tuvo respaldo en 2018 de la Legislatura Porteña cuando decidió avanzar con el proceso licitatorio. Por mayoría, el parlamento aprobó la ley N° 6.086 que lo autorizó a concesionar el uso y la explotación del "Ámbito Gigena”. Entonces, el peronismo se opuso por la falta de resolución del conflicto judicial.

Asimismo, la situación tiene otro horizonte: en 2032 vence la concesión de explotación del Hipódromo, que fue extendida por Néstor Kirchner en 2007 junto a la firma del entonces jefe de gabinete Alberto Fernández, hoy presidente. Cuando eso ocurra será el Estado porteño el que defina qué hacer, tras el paso del juego promovido por Macri a la Ciudad.