La presentación que hicieron este jueves en la Legislatura de Santa Fe los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de las pruebas que vincularían al senador de San Lorenzo con una banda criminal dedicada a la explotación de casinos ilegales no convencieron a los integrantes de la Cámara Alta que se pronunció en contra de quitarle los fueros a Armando "Pipi" Traferri.

De los 13 votos necesarios para el desafuero, se consiguieron solamente cuatro del nuevo bloque "Lealtad", integrado por los perottistas Marcelo Lewandowski, Marcos Castelló, Alcides Calvo y Ricardo Kaufmann mientras que los radicales Rodrigo Borla, Lisandro Enrico y como era de esperar Traferri, se abstuvieron y el resto rechazó el pedido de los fiscales.

De esta manera, la causa que prometía detonar un Mani Pulite histórico y comprobar los vínculos entre las mafias y sectores de la política tuvo su primer traspié en la Cámara de Senadores donde además quedaron expuestos lazos entre el ministro de Seguridad Marcelo Saín con integrantes del Ministerio Público de la Acusación que impulsan la investigación.

Para los fiscales Edery y Schiappa Pietra las pruebas recolectadas en distintos dispositivos informáticos, teléfonos y domicilios allanados, permitía sospechar que Traferri integraba una red que regentaba casinos clandestinos en toda la provincia en calidad de "organizador", una figura que tiene una pena mínima de cinco años, por lo tanto, no excarcelable.

En consecuencia, para avanzar en la causa, solicitaron a la Cámara el desafuero del senador para su procesamiento a través de un escrito de 19 páginas donde constarían indicios comprometedores del vínculo entre Traferri y Leonardo Peiti, capitalista del juego ilegal que fuera denunciada por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad preso en el marco de la investigación quien se autoincriminó como integrante de la banda y señaló a "Pipi" como uno de los organizadores.

Sin embargo, el texto solicitando el retiro de las inmunidades parlamentarias, al cual accedió LPO, carecía de la contundencia que habían anunciado los fiscales, según interpretó la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta y por tal motivo, aceptaron que ambos acusadores ampliaran las pruebas de manera presencial y el jueves fueron recibidos por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Juicio Político.

La ampliación de pruebas de parte de los fiscales tampoco convenció a los integrantes de las Comisiones y el rechazo se materializó en el plenario este viernes a la mañana cuando el desafuero cosechó solamente los cuatro votos del bloque "Lealtad" que responde al gobernador Omar Perotti.

En rigor, el senador Traferri afirmó, en su defensa, que el vínculo que tenía con Peiti se remontaba al año pasado en el marco de la elaboración de un proyecto de ley sobre el juego, lo cual, los fiscales consideraron de inverosímil la explicación y demostraron contactos desde el 2017.

Sin embargo, las desgravaciones que adjuntaron como pruebas, solamente indicarían que Traferri conocía a Peiti desde hacía más tiempo del que reconoció y a pesar de algunas frases sugestivas, per se, no eran concluyentes, entendieron sus pares del Senado.

Como ocurre con las discusiones legales sensibles, las opiniones están divididas. Por un lado, "hay quienes sostienen que acá no se tiene que comprobar que cometiste un delito, sino que tienen que existir elementos que hagan sospechar que podes estar involucrado y nada más", afirmó a LPO un abogado vinculado al justicialismo mientras que otros profesionales del derecho reconocieron que para desaforar a un legislador, los indicios deben ser más contundentes de los hallados en el expediente.

Más allá de la interpretación legal, el rechazo a la quita de inmunidad a Traferri dejó señales políticas claras que el mismo senador se encargó de expresar cuando hizo su descargo en el recinto cuando le recordó a Perotti que en el Departamento San Lorenzo, que representa, el justicialismo sacó la máxima ventaja al Frente Progresista con 15 puntos de diferencia.

"Si al ministro de Seguridad o jefe de Inteligencia como prefiero nombrarlo, lo salen a defender José Corral o Roy López Molina, eso no es peronismo", disparó Traferri y agregó que "las mías sí son pruebas contundentes de que aquí hubo una operación política en contra del Senado que sí representa una asociación ilícita", apuntando a Saín como el autor de un guion para meterlo preso.

Durante el jueves, cuando los fiscales a cargo de la causa acudieron a la Cámara de Senadores, se produjo una situación incómoda cuando un periodista de la ciudad de Santa Fe le preguntó a los acusadores por una reunión que habrían mantenido con el ministro Saín los días previos. Visiblemente molesto, Schiappa Pietra admitió que existió el encuentro y explicaron que fue para convenir detalles de la seguridad debido a las amenazas que habían recibido por estar llevando adelante esta causa.

Previamente, los senadores de las Comisiones de Juicio Político y Asuntos Constitucionales, afirmaron que los mismos fiscales se habían reunido con el ex colega Gustavo Ponce Asahad días antes de haber declarado en sede judicial cuando denunció a Traferri lo cual agitó las sospechas de objetivos políticos.

Es que Traferri acusó a Saín de liderar un aparato ilegal de inteligencia para armar causas y carpetear a sus oponentes a lo cual, el ministro de Seguridad lo intimó judicialmente para que presente pruebas en la justicia sobre sus dichos: "un senador no puede decir que soy el jefe de la inteligencia ilegal, que manipulo investigaciones judiciales o causas y que carpeteo, todo lo que dijo que hago y salir impune, es una barbaridad", se quejó Saín en la Casa Gris.

En la opinión pública, el funcionario a cargo de la seguridad de la provincia salió a aclarar por Twitter que "no nos entrometemos en ninguna investigación. Apoyamos con lo que marca la ley y la institucionalidad: los medios operacionales y los fondos necesarios para llegar a la verdad".

Por ahora, el clima en Santa Fe es de conmoción y lo que abunda es la incertidumbre sobre cómo continuará el escenario político en la Casa Gris con la relación entre el gobernador y su vice resquebrajada mientras en la provincia ya se superó los 200 homicidios en lo que va del año y la seguridad sigue siendo el principal reclamo de la ciudadanía.  

Por Fabricio Navone