Después de la derrota en las PASO y en la previa a la elección general de este domingo, el Gobierno aumentó en septiembre un 44% el gasto en asignaciones y planes sociales con respecto al mes anterior. En tanto, para octubre, el incremento con respecto a agosto quedará alrededor del 38%. Entre los dos meses, será una inyección de casi 12 mil millones de pesos que no estaba presupuestada. Además, se calculan otros cuatro mil millones de pesos por la Ley de Emergencia Alimentaria sancionada por el Congreso, según las previsiones del Ministerio de Hacienda.

Las cifras se desprenden de las metas fiscales del mes de septiembre publicadas por el Gobierno y de un análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) a los que tuvo acceso el Equipo de Investigación de Perfil Educación. Según esos datos, en agosto, antes de las elecciones primarias, el Estado Nacional destinó a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los planes de empleo 14.344 millones de pesos, mientras que en septiembre fueron 20.731 millones, y en octubre, 19.867 millones. Esos recursos llegarán directamente a los sectores más vulnerables que dependen de los subsidios estatales. Todo es en el marco de las "medidas de alivio" anunciadas por el presidente Mauricio Macri, que además buscaban mantener la calma social y de las organizaciones piqueteras al menos hasta el 27 de octubre. El principal factor para explicar el aumento en el gasto social es la Asignación Universal por Hijo, que reciben alrededor de cuatro millones de menores de 18 años hijos de desocupados, trabajadores informales o monotributistas sociales, y también embarazadas en situaciones vulnerables. En marzo el Gobierno había adelantado para la AUH los cuatro aumentos que correspondían a todo el año.

Después de las PASO, agregó un pago extra por cada hijo de mil pesos en septiembre y mil pesos en octubre. El gasto en ese ítem pasó de 10.149 millones de pesos en agosto a 14.968 millones de pesos en septiembre, según el seguimiento de metas fiscales publicado por el Ministerio de Hacienda. En octubre se repetiría el mismo monto, lo que marca un incremento de casi el 50% con respecto a agosto. El otro aumento fuerte se da en los planes de empleo. Tanto los beneficiarios del programa Hacemos Futuro como los del Salario Social Complementario –que cobran a cambio de contraprestaciones– recibieron incrementos a la par de la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil, como está establecido por ley. Y también cobraron un bono especial de 2 mil pesos la última semana de septiembre. Ese mes pasaron de recibir 7.500 pesos a 8.000 (con el bono alcanzaron los 10.000) y en octubre llegaron a 8.500 pesos, monto que se mantendrá hasta fin de año. Los dos programas suman unos 576 mil beneficiarios. Así, en agosto el Gobierno gastó 4.195 millones de pesos en ese ítem, mientras que en septiembre, según una proyección de la OCEPP en base a los aumentos, la inversión sería de 5.763 millones de pesos, lo que arroja una suba del 37% de un mes con respecto al otro. También se sumaron unos 17 mil beneficiarios. Desde septiembre hasta diciembre, la proyección indica que el gasto extra será de 3.170 millones de pesos. El oficialismo también tuvo otra tentativa para inyectar fondos entre los sectores más vulnerables. Fue a través de un bono extraordinario que propuso el Ministerio de Producción para cobrar entre octubre y noviembre para desempleados que no percibieran ningún plan social ni subsidio. Estaba destinado a 114 mil beneficiarios e iba a costar 650 millones de pesos. Pero la jueza María Servini de Cubría lo suspendió hasta las elecciones del 27 de octubre por estar asociado a "un mensaje electoralista". Más allá de esa decisión judicial, lo cierto es que, tras las medidas del Gobierno, las organizaciones sociales abandonaron las protestas en las calles, pero sus referentes se muestran lejos de la conformidad. "El Gobierno dio una suba pero no hubo apertura en los programas. Nosotros planteamos que se tienen que incorporar más gente", aseguró al Equipo de Investigación la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia. Y agregó: "Desde hace dos años que no se abren los programas y en este tiempo la situación se deterioró muchísimo. Actualmente hay más gente sin trabajo o que hacen changas y no les alcanza lo que ganan, por eso se acercan cada vez más a pedirnos un lugar". Además, Saravia sostuvo que la entrega de comida por parte del Gobierno "es bastante deficiente" y no alcanza a cubrir las necesidades.

"Tenemos dificultades de cantidad y de calidad. Están entregando kilos y kilos de mermeladas o de peras en almíbar que no son aconsejables para la población. El problema de malnutrición es muy grave", manifestó.  Desde el Frente de Todos, el diputado Daniel Arroyo, que suena para ocupar la cartera de Desarrollo Social en un eventual gobierno de Alberto Fernández, se mostró conforme con la Emergencia Alimentaria sancionada por el Congreso. "Yo aspiraría a que el Gobierno aplique la ley y entregue los recursos, y a que mantenga el tipo de cambio para que no se siga disparando el precio de los alimentos", consideró. Y completó: "Creo que el Gobierno no es consciente de la catástrofe social que estamos viviendo. El costo de los alimentos es más alto que en 2001 y hay otra situación que es nueva: el endeudamiento de las familias a tasas altísimas".