Laura Serra

El control de las cuentas públicas de las universidades nacionales amenaza con desatar una guerra de auditorías. Mientras el presidente Javier Milei insiste en enviar a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a la Universidad de Buenos Aires (UBA), las autoridades de esta casa de estudios apuran un acuerdo con legisladores de la oposición para que la Auditoría General de la Nación (AGN) se aboque cuanto antes a supervisar la ejecución de sus fondos.

Con ese objetivo se reunieron este lunes el diputado y presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, Miguel Pichetto (Encuentro Federal), y las autoridades de la UBA, encabezadas por su rector, Ricardo Gelpi. Ambos acordaron sobre la necesidad de empezar a más tardar en febrero próximo con las auditorías en tres de las facultades más importantes: Económicas, Medicina y Psicología. A sabiendas de que los informes suelen demorarse demasiado tiempo –incluso años– Pichetto les pondría un plazo: seis meses.

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La AGN es el organismo técnico con rango constitucional que asiste al Congreso en el control externo de la administración pública nacional; como tal, su tarea abarca a las universidades nacionales. Esta facultad no la tiene la Sigen, cuyo alcance en materia de control se limita al Poder Ejecutivo. La AGN depende de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, cuya presidencia recayó la semana pasada en Pichetto, hombre que se desempeñó como auditor nacional hasta el 10 de diciembre del año pasado, antes de asumir como diputado.

“Mañana se celebra la primera reunión de la Comisión Mixta y voy a solicitar que se amplíe el plan de acción del año próximo con auditorías a las facultades de Economía, Medicina y Psicología de la UBA. Queremos empezar a trabajar cuanto antes, más allá de lo que haga la Sigen”, anticipó Pichetto a LA NACION tras el encuentro con Gelpi, quien estuvo acompañado del vicerrector Emiliano Yacobitti y el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz.

Una pelea que escala

El conflicto entre Milei y los rectores universitarios estalló con el veto del jefe de Estado le propinó a la ley que establecía la actualización, por inflación, de los gastos de las universidades. Tras ese veto, Milei encomendó a la Sigen a que audite los fondos que reciben del Estado, una arremetida que los rectores interpretaron como una violación del Poder Ejecutivo a los principios de autonomía y autarquía financiera que gozan las universidades.

“El organismo legalmente competente para realizar las auditorías en las universidades nacionales es la Auditoría General de la Nación –enfatizaron los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)–. Es nuestra vocación trabajar con todos los organismos que aporten a la transparencia del uso de los recursos públicos, incluida la Sigen, pero siempre en el marco del respeto de la autonomía y la autarquía que la Constitución nacional garantiza al sistema y a cada universidad”.

Conferencia de prensa del rector de la UBA, Ricardo GelpiPilar Camacho

Milei no se quedó callado. “Los vamos a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina, porque el que las hace las paga”, advirtió el mandatario la semana pasada. Este domingo fue más allá: deslizó que el robo perpetrado en el comité nacional de la UCR, comandado por Martín Lousteau –crítico acérrimo del Gobierno y socio político de Yacobitti–, podría estar relacionado con la negativa de la UBA a dejarse auditar por la Sigen.

“Justo cuando la UBA se niega a que le hagan las auditorías, a 125 [en alusión a Lousteau] le entran en la oficina a destruir evidencia que podría tener la marca de sus dedos”, acicateó.

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Desde la UBA deslizaron que las acusaciones de Milei son “un disparate” y enfatizaron que la mejor manera de neutralizar su ofensiva es que las auditorías correspondientes arranquen cuanto antes. En su plan de acción para 2025, la AGN había incluido a la Facultad de Medicina de la UBA; la intención es incorporar Economía y Psicología para los informes más inmediatos.

Miguel Ángel Pichetto y Javier Milei

En una segunda instancia se abordarán las universidades públicas nacionales de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco; de Chilecito; de Avellaneda, del Nordeste.

“Queremos despejar todas las dudas y, sobre todo, echar por tierra que las universidades no queremos ser auditadas”, sostuvo Yacobitti a LA NACION.