Ambos deberían renunciar, según el letrado Billone. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Gandur, prefirió no hacer comentarios sobre la resolución del ministro público fiscal Edmundo Jiménez que lo acusa de pretender entorpecer una investigación penal que involucra al hijo del primero, el juez Sergio Gandur. El alto tribunal tampoco fijó una posición institucional sobre esta crisis.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Gandur, declinó la posibilidad de comentar la resolución de Edmundo Jiménez, ministro público fiscal, que lo acusa de entrometerse en una denuncia penal que tramita en la Fiscalía N°5 de esta capital a cargo de Washington Navarro Dávila. El titular del alto tribunal dejó abierta la posibilidad de expresarse más adelante sobre la crisis que desató la acusación de Jiménez, quien dijo que Gandur intentaba entorpecer la investigación de una denuncia penal que involucra a su hijo, Sergio Gandur, vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

En el silencio del jefe del Poder Judicial se refugiaron también sus cuatro pares de la Corte. Este martes, Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse sostuvieron reuniones entre sí en las vocalías para discutir el asunto, pero no fijaron una posición institucional. Trascendió que en el seno del alto tribunal se baraja la alternativa de que la crisis derive en la intervención federal de los Tribunales. Marcela Ruiz, presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán, tampoco quiso hacer consideraciones sobre la coyuntura delicada de la Justicia.

En el entorno de Gandur explicaron que este se había presentado espontáneamente ante el juez Juan Francisco Pisa (N°3) para solicitarle que tome control sobre el expediente que maneja Navarro Dávila con secreto de sumario en virtud de que el Código Procesal Penal establece que los funcionarios públicos sólo pueden ser investigados por un juzgado de Instrucción (investigación jurisdiccional). Previamente Gandur había recusado a Navarro Dávila por enemistad manifiesta. El juez Pisa no pudo ser ubicado ayer.

El fiscal N°5 recibió a mediados de febrero una denuncia de Jorge Mihelj, empresario del transporte público, contra los jueces Salvador Ruiz, Horacio Castellanos y Gandur (h) derivada de un proceso en lo contencioso administrativo relativo al conflicto de la Línea 11. La presentación de Mihelj asigna un supuesto tráfico de influencias a Gandur (h) ligado al hecho de que miembros de su familia estaban o habrían estado vinculados a la empresa de Oscar Alonso que logró quedarse con la Línea 11.

Saltos inconvenientes

“La sociedad espera un gesto de grandeza de parte de las autoridades involucradas. Ambas deberían dar un paso al costado”, opinó a título personal Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital. En un diálogo telefónico, el dirigente habló de hartazgo frente a las tensiones recurrentes en los niveles más altos de la Justicia y frente a un servicio público que no da respuestas a la ciudadanía. Billone no descartó que el Colegio pudiese requerir formalmente las dimisiones. Y sin nombrar a Jiménez, que fue ministro de Gobierno y Justicia del ex gobernador José Alperovich entre 2003 y 2014 hasta que aquel lo nombró titular del Ministerio Público, el abogado añadió que esta experiencia negativa servía para entender por qué no era bueno que los funcionarios pasaran del poder político a la Justicia: “se puede ser idóneo y competente, pero el salto de una institución a la otra afecta la independencia y el republicanismo”.

Billone observó que Navarro Dávila era “lamentablemente” un fiscal identificado con Jiménez. “Esto es un secreto a voces. La ciudadanía puede conjeturar que no llevará el caso con la imparcialidad que resulta imprescindible”, analizó.

También se refirió al caso de Roxana Teves, quien la semana pasada se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sesionaba en la capital del país -el 17 de mayo, Gandur pidió el juzgamiento de esta causa en un plazo razonable: idéntica resolución adoptó respecto de los procesos “Lebbos”, “Albaca” y “Brito (Dirección de Arquitectura y Urbanismo)”-.

En un par de audiencias con el organismo internacional, la imputada insistió en que era víctima de un grupo de fiscales, jueces y abogados liderados por Jiménez, y que, como consecuencia de ello, había sido despojada en 2010 de un patrimonio de U$S 5,3 millones. “La presentación de esta causa ante la CIDH es una mancha más para la Justicia tucumana y una nueva razón para respaldar la sensación de impunidad. Desconozco la causa de Teves, pero sí advierto que tiene muchos años de antigüedad y que eso potencia eldesprestigio de la Justicia”, comentó Billone. Y a modo de corolario manifestó: “creo que la intervención federal de la Justicia es una salida todavía lejana. Pero aspiro a que las instituciones locales resuelvan por sí mismas sus problemas”.