Por un fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reelección del presidente Alvaro Uribe quedó en veremos. La recolección de firmas para el referendo que cambiaría la Constitución para que Uribe pueda ser candidato presidencial nuevamente no tiene "validez alguna", según determinaron dos de tres conjueces de una terna que el Consejo eligió al azar para estudiar el tema. Con la decisión sobrevino una avalancha de alertas sobre las ilegalidades que los uribistas cometen para mantener en el poder a su jefe político.

"Hay quienes piensan que uno puede violar las leyes y las normas sin que eso tenga importancia alguna", dijo el jefe del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, refiriéndose a los promotores de la iniciativa para reformar la Constitución. "El referendo es inviable", repitió el liberal Rafael Pardo a propósito del fallo que se conoció la noche del pasado jueves. Los motivos que lo sustentaron fueron, primero, que se sobrepasó el tope de financiación de la recolección de firmas, irregularidad que no sólo la oposición viene denunciando desde el año pasado.

Recolectar las cinco millones de firmas que se consiguieron para presentar el referendo como iniciativa popular costó por lo menos un millón de dólares (dos mil millones de pesos colombianos). Y según la ley el tope es de unos 150 mil dólares. Además, se sobrepasaron en varias ocasiones los topes de aportes máximos individuales que es de dos mil dólares.

Precisamente, porque la Registraduría Nacional no había dado el aval a la recolección de estas firmas fue que la mayoría de parlamentarios que aprobó el referendo se declaró moralmente impedida para votarlo. Sin embargo, unos a otros se levantaron el veto en el llamado carrusel que, hoy, resulta una vez más cuestionado por las denuncias del CNE.

El partido Colombia Primero, promotor del referendo, cometió otras irregularidades que dejaron la aprobación en el Congreso sin piso jurídico ni administrativo. Según, el CNE los uribistas mintieron en los balances contables. Entre varios, inventaron que recibieron un crédito por 2 mil millones de pesos (un millón de dólares), pero no pudieron explicar de dónde salió. Así las cosas, la iniciativa popular está ajustada a las condiciones de plenas garantías a que se refiere el numeral sexto del artículo 265 de la Constitución Política colombiana. Y por ello también se formularon cargos en contra de los nueve principales promotores del referendo: Luis Guillermo Giraldo, Doris Angel de Echeverri, Juan David Angel Botero, Myriam Donato de Montoya, Cecilia Paz de Mosquera, Gustavo Dájer Chadid, Hediel Saavedra Salcedo, David Salazar Ochoa y Alvaro de Jesús Velásquez.

La decisión del CNE impide que el registrador nacional expida el certificado sobre la financiación, así que el referendo quedaría sin uno de los requisitos legales. Todo esto y las múltiples denuncias administrativas y judiciales a la aprobación de la iniciativa, es lo que está analizando la Corte Constitucional para determinar si el referendo va o no en contravía de la carta política. "Hay una alta probabilidad de que la Corte declarará inexequible la ley" por todo el fallo de CNE, afirma la Revista Semana.

"Yo esperaría que un criterio tan claro como el dado en un fallo que está sumamente bien sustentado no sea obviado por la Corte Constitucional (...) Me parece imprescindible que la Corte tenga los elementos esbozados por el Consejo", aseguró el candidato presidencial Vargas Lleras, del mismo partido de uno de los conjueces que tomó la polémica decisión, Felipe Pérez; el segundo que consideró que hay serias irregularidades fue el liberal Carlos Mario Isaza, mientras que Manuel Pretelt de la Vega, conservador, se abstuvo de pronunciarse.