En el debut con la nueva integración, el Senado sancionó ayer por unanimidad la ley que frena por un año más los desalojos de familias rurales y pequeños productores.

La ley aprobada ayer paraliza hasta el 31 de diciembre de 2018 las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en casos previstos en los artículos 1898 o 1899 del Código Civil y Comercial.

Con este texto se modificó una vez más el plazo del artículo 9§ de la ley 7.658, que fue sancionada en 2010.

Esta ley dispone un programa de regularización de dominio y de asistencia para pequeños productores agropecuarios y familias rurales. Además de ordenar la confección de un registro, establece beneficios para el desarrollo productivo, agroindustrial y económico de estos sectores.

La senadora Silvina Abilés (MyMS) consideró que la situación se debe solucionar de manera definitiva para que los pequeños productores tengan sus tierras y "dejen de tener una espada pendiente sobre sus cabezas". También informó que en la reunión de ayer le pidieron al ministro de Gobierno, Marcelo López Arias, que se informe al Senado los avances que se dieron con el programa de regularización.

En tanto, el senador Guillermo Durand Cornejo (Cambiemos) abogó para que la actual situación no se mantenga y se brinde solución "a los más desvalidos, que han sido los destinatarios de la ley".

Por otra parte, ayer se aprobó el esquema de las autoridades para las comisiones que funcionan en el cuerpo.

La responsabilidad de analizar el impacto de los aumentos de tarifas de gas, luz y agua recayó en tres senadores: Silvina Abilés, Héctor Nolasco y Diego Pérez.

Renuncia y crítica

Con una fuerte crítica al pedido de licencia de Sergio Leavy como intendente de Tartagal, Andrés Zottos renunció ayer como senador por San Martín para asumir en la banca de diputado nacional el 6 de diciembre. Dijo que Leavy urdió “una maniobra” al poner en consideración del Concejo Deliberante tartagalense un pedido de licencia por más de un año como intendente y así poder asumir la banca de diputado nacional. Consideró que esta situación podría dejar a la intendencia de Tartagal “al borde de una grave crisis institucional” y podría motivar la intervención a los poderes municipales.