La  movilización de cinco mil asambleístas, productores, investigadores y campesinos reunidos en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo logró frenar el tratamiento de una modificación a la Ley de Bosques provincial impulsada por el bloque oficialista de Unión Por Córdoba con el respaldo de la UCR-Cambiemos y la letra de las entidades rurales, que tenía como objetivo reducir aún más las áreas protegidas para permitir el avance del agronegocio en el norte cordobés e incluso habilitar zonas de emergencia para la minería, a pesar de las denuncias del avance sobre el bosque nativo del que sólo queda el 3,5 por ciento. "El gobierno de (Juan) Schiaretti quedó en una encrucijada porque iba a alcanzar los votos, pero el proyecto no tiene consenso, significaba una derrota política", celebró Federico Fumiato, asambleísta de la Coordinadora Ambiental de Punilla.

Hasta llegar a la movilización de esta tarde frente a la Legislatura provincial, donde el oficialismo pretendía aprobar el proyecto en la última sesión del año, las organizaciones y asambleístas reunidas en la coordinadora bajaron desde todos los puntos de la provincia realizando cortes y concientizando sobre el impacto del desmonte indiscriminado: inundaciones, desertificación del suelo, expulsión de los productores campesinos, especulación inmobiliaria.   

"En febrero del año pasado, los habitantes de las Sierras Grandes (sur de Córdoba) sufrieron una de las peores inundaciones de la historia, que provocó la muerte de una decena de personas y la pérdida de 2 mil viviendas. Eso nos marcó muchísimo a los cordobeses y muchos han empezado a pensar por qué: para nosotros el monte es la vida", sentenció Virginia Basualdo, asambleísta de Salvemos al Terrón.

La iniciativa del gobierno de Schiaretti recibió un fuerte freno la semana pasada cuando la justicia provincial hizo lugar a un amparo presentado por los asambleístas para anular una sorpresiva audiencia pública convocada por el oficialismo, a 200 kilómetros de la capital, para validar el proyecto debatido a puertas cerradas con las entidades rurales. "No se nos ha escuchado, simplemente nos ignoran, pero la Justicia ha marcado que el debate se debe hacer de acuerdo a los tiempos y las pautas que marca la legislación", destacó Basualdo de cara al debate y las audiencias que deberán sucederse el año próximo si el Gobierno desea avanzar en su iniciativa.  

El Gobierno que cuenta con mayoría en la Legislatura provincial también contaba con el respaldo de la UCR, mientras que los bloques minoritarios del Frente de Izquierda, el kirchnerismo se opusieron a la modificación en los tiempos marcados por el oficialismo. La falta de una audiencia pública --obligatoria de acuerdo a la Ley General del Ambiente y la Ley Nacional de Bosques-- y la no presentación de un mapa con el relevamiento de los bosques nativos a proteger y catalogar en zonas naranja, amarilla y roja, de acuerdo a la emergencia, fueron los puntos que el bloque de Unión por Córdoba no pudo eludir para conseguir el consenso y avanzar en la última sesión del año. 

La discusión se remonta al año 2008, cuando un extenso debate con participación ciudadana a lo largo y ancho de toda la provincia diseñó el proyecto de ley para ajustarse a la Ley nacional de bosques nativos, votada en 2007. Sin embargo, la ley 9814 fue votada a espaldas de ese debate y redujo las 6 millones de hectáreas de protección recomendadas por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) a 4 millones.  

"Esa legislación quedó por debajo del nivel de protección exigido en la ley nacional, por eso durante años peleamos para que vuelva a discutirse y, finalmente, sale este proyecto que pretende reducir la zona de protección a 2 millones de hectáreas, avanzar en la permisibilidad de uso de las tierras y habilitar la minería en la zona roja con el argumento de que es una actividad transitoria", advirtió Fumiato. 

Además, el integrante de la Coordinadora Ambiental de Punilla subrayó que el proyecto oficial "no condena el desmonte, que involucra a muchos políticos y legisladores que impulsan la ley, y la multas que aplica siguen haciendo rentable la tala de los bosques".

"No podemos perder ni un metro más del monte nativo en una provincia cuyo atractivo principal es la naturaleza, pero el sector rural pide esta ley porque han inundando los bosques del sur, lo han desforestado e impermiabilizado. Ahora quieren llevar la hacienda al norte, donde queda monte virgen, donde la cultura campesina indígena se debió refugiar en tierras que no eran rentables, donde el avance contra el bosque pondría en peligro la producción apícola. Todo eso está en peligro", insistió el asambleísta de cara a la apertura del debate que forzaron a partir de la movilización.