La abstención de la Coalición Cívica que hizo fracasar un proyecto del gobierno

Los concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales (UTF) gastronómicas de Playa Grande no tendrán el beneficio de pagar el mismo canon en 2022 que el que abonaron en 2021, una propuesta surgida de los propios concesionarios y que el gobierno había avalado. Sin embargo, la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante archivó el expediente gracias a la abstención de la Coalición Cívica.

El pedido, presentado en enero de 2022, pretendía equiparar la situación de los espacios gastronómicos con los balnearios, quienes en la pasada temporada recibieron una reducción del canon en tanto disminuyeran la cantidad de carpas, para de ese modo facilitar el distanciamiento social, algo que se volverá a repetir este verano. De aprobarse, no se habría aplicado el aumento de canon de ente el 40% y 50% a las seis UTF alcanzadas.

Sin embargo, el gobierno no pudo sortear la Comisión de Turismo, pese al apoyo de Alejandro Carrancio: la abstención de Liliana Gonzalorena (CC) permitió el desempate en contra por el voto doble del presidente de la comisión, Horacio Taccone (Acción Marplatense). “El sector gastronómico ha sido suficientemente acompañado”, expuso el Frente de Todos, quien aportó los dos votos restantes.

En la decisión también influyó el informe que presentó el contador municipal Guillermo Costanzo, para quien “el análisis resulta extemporáneo” por haber concluido la temporada, por lo que se tendría que otorgar una condonación de deuda, lo que requiere ser aprobado por mayoría especial, es decir, por el voto positivo de al menos 16 concejales. Un número imposible de alcanzar para el oficialismo.

Sin embargo, la falta de apoyo de la concejala Gonzalorena condenó al fracaso al proyecto ya en el estado de comisiones, en lo que también fue leído como un no acompañamiento del Emtur, presidido por Bernardo Martín, otro de los referentes de la Coalición Cívica en Mar del Plata.

El Emtur y un “sincericidio” que pone un interrogante sobre una ordenanza

La nueva ordenanza para limitar el tabaquismo en los balnearios privados y en las playas públicas ya es una realidad, luego de un extenso tratamiento que culminó con el apoyo de todos los bloques. Ahora, la pregunta sobre la efectividad que tendrá la normativa emerge como de primer orden, en un proceso donde principalmente se apunta al compromiso de parte de la población.

Pero más allá de la concientización, el interrogante sobre la capacidad del Estado para velar por el cumplimiento de la prohibición en las zonas libres de humo y, llegado el caso, sancionar a los infractores, gana fuerza no por las especulaciones de observadores de la política, sino por lo explicitado por los propios funcionarios municipales.

En el informe elaborado en agosto de 2022, el presidente del Emtur, Bernardo Martín, fue determinante: “si bien es correcto que el ente cuenta con un área de inspectores que desarrollan sus funciones de manera ´temporaria´ durante la temporada alta, la cantidad no supera a los 3 o 4 agentes para todo el sector costero, por lo que la implementación de las modificaciones propuestas requeriría de un control sobre su cumplimiento que se advierte dificultosa con los recursos asignados”.

En un primer momento, el proyecto impulsado por la concejala Marianela Romero solo alcanzaba a los balnearios privados, ámbito de control del Emtur, pese a lo cual igualmente intervino el subsecretario de Inspección General, Marcelo Cardoso. El funcionario ligado a Miguel Pichetto advirtió que el control “implica una mayor disponibilidad de agentes municipales”, donde su área “no cuenta con el personal suficiente que pueda cubrir el contralor referido”.

En diciembre, sobre el filo de la aprobación, el proyecto fue ampliado a las playas públicas, sobre las cuales tiene sí jurisdicción Inspección General, lo que reflota los peros marcados por Cardoso. Incluso, previo a la aprobación definitiva de la ordenanza, no se le dio nueva intervención al área que depende de la Secretaría de Gobierno, para tener en cuenta la visión de los funcionarios que ahora también tendrán a su cago el control.

La preocupación de la Ucip por el nuevo régimen de habilitaciones

Las habilitaciones comerciales en el día fue otra de la ordenanza aprobada en la última sesión del Concejo Deliberante, en una iniciativa que promete modernizar el régimen de habilitaciones comerciales e industriales en General Pueyrredon. Sin embargo, la sesión del martes se postergó por unas tres horas luego que llegará una nota de la Ucip advirtiendo sobre un aspecto nunca contemplado.

Es que las leyes provinciales 12.572 y 13.369 determinan requisitos previos que deberán cumplir determinados emprendimientos previo a la habilitación municipal, por lo que, de implementarse el proyecto como fue concebido, podría generar clausuras de parte de la Provincia. Dichas leyes alcanzan a las denominadas “grandes superficies comerciales” y a las “ferias internadas, multipunto o cooperativas de comerciantes”, respectivamente.

Para subsanar el problema, la entidad presidida por Blas Taladrid propuso un artículo donde se especifique que en estos casos “no podrá darse curso a ningún tipo de habilitación…sin el cumplimiento previo de lo establecido” en las leyes. Tras un extenso debate durante el cuarto intermedio generado, donde en un primer momento el oficialismo parecía incorporar la propuesta, finalmente se decidió por rechazarla, lo que contó con el voto positivo de todos los bloques. ¿Habrá dificultades a futuro? La Ucip está convencida que sí.

El Covid volvió a decir presente en el Concejo Deliberante

El aumento en los casos de Covid-19 que se registran en todo el país, donde en Mar del Plata llegó a rozar los 900 casos promediando la semana, también volvió a decir presente en el Concejo Deliberante.

En la última sesión del año dos concejales debieron volver a la virtualidad, como en la época de mayor presencia del virus, cuando varias ediles sesionaban desde sus hogares. De los dos, el dirigente del Movimiento Evita, Roberto Gandolfi, lo hizo por tener un diagnóstico positivo de Covid.

Más allá del caso y al refuerzo de las medidas de prevención que empiezan a crecer, por el momento no se tiene previsto la implementación de restricciones en el funcionamiento legislativo.