En 2009, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció el proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial 16 -conocida como “Camino de las Latas”- por una inversión de 36,5 millones de pesos, y en 2013, la traza ya estaba completamente asfaltada. Apenas quince días después se empezaron a observar los primeros baches, enseguida accidentes, muchos de ellos con muertos y heridos como saldo. Y hoy, la arteria tiene un estado de deterioro tal que aparecen dos ideas centrales: primero, que no se utilizó el material en calidad y cantidad suficientes como para que la arteria soporte toneladas todos los días, y segundo, que una vez más, ganó la corrupción.

Tras haber relevado información desde distintos ámbitos, el abogado penalista Pedro Cruz Henestrosa presentó el 2 de marzo último una denuncia al Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo del doctor Alberto Santa Marina, para detallar los trabajos que se realizaron allí y facilitar las pruebas necesarias que permitan iniciar una investigación.

A partir de entonces, el fiscal Leonel Gómez Barbella solicitó la intervención de la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se investigue a los funcionarios públicos y particulares que tuvieron a cargo todo el proceso de la obra y se determine si existieron maniobras fraudulentas en perjuicio de las arcas del Estado Nacional.

Además, Cruz Henestrosa solicitó ser tenido en carácter de “amicus curiae” en las actuaciones correspondientes, una figura judicial en las que terceros ajenos a una causa pueden ofrecer de manera voluntaria su colaboración para que el tribunal avance en la resolución de un caso.

Cronología de la desidia

La licitación pública de la obra de pavimentación en la Ruta Provincial 16 se publicó en el Boletín Oficial provincial el 5 de noviembre de 2009 con el número 10/09 y fue adjudicada a la empresa DOIO S.A.

En ese entonces, el gobernador era Daniel Scioli, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y la ministra de Infraestructura bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez. La ejecución estaba a cargo de organismos locales, pero los fondos para su realización provinieron de Nación, a través del programa “Obras Para Todos los Argentinos”.

La Ruta Provincial 16 se extiende a lo largo de 49 kilómetros, desde el Parque Industrial de Burzaco hasta el partido de Cañuelas, pero los trabajos de asfaltado se realizaron hasta la Ruta 58, a la altura del distrito de Presidente Perón, de modo que los beneficiados directos fueron ese municipio y Almirante Brown. El intendente peronense era Aníbal Regueiro, y el browniano, Darío Giustozzi.

Algo llamativo para el abogado Cruz Henestrosa es que no se haya hecho una inauguración oficial de la ruta ya pavimentada. “Raro, si tenemos en cuenta que el inicio de la obra había tenido profusa publicidad en medios de comunicación locales, lo que permitía imaginar se haría lo propio, y tal vez con mayor énfasis al tiempo de su terminación, pero no fue así”, sostiene en la denuncia.

¿Qué fallas ya habrían sido visibles entonces, de haberse hecho el protocolar corte de cinta? ¿Qué explicaciones hubieran tenido que dar en aquel momento los responsables de que la obra avance y se concrete adecuadamente? “Los funcionarios encargados de supervisar las obras no podían desconocer las inadecuadas, probablemente fraudulentas y criminales condiciones constructivas”, asevera el letrado en el texto.

Por supuesto que, después de ir habilitándose los distintos tramos asfaltados, el tránsito vehicular aumentó considerablemente, porque los conductores encontraron en la ruta un camino alternativo y más rápido.

Pocos meses después, el material en la 16 no soportó tanto peso y tanta frecuencia, exhibió baches, luego cedió y finalmente explotó en distintas partes. Ahora, cada 100 metros aproximadamente hay un hundimiento, sea éste pequeño, grande o del tamaño de un cráter, por decirlo de alguna manera.

Es probable que se haya intentado abaratar costos utilizando una cantidad de tosca mucho menor a la necesaria, que no se haya volcado el volumen de capa asfáltica suficiente, y, sin embargo, que se haya facturado como si se hubiera invertido lo presupuestado. Se trata de una maniobra muy común en fraudes relacionados con obras de pavimentos, para luego desviar parte de los fondos a personas o empresas determinadas.

Junto con el nivel de ruina que presenta la Ruta 16, la demanda también hace alusión a la gran cantidad de basura que se acumula a la vera del camino, sin que los gobiernos municipales correspondientes intervengan para sanear.

Autos quemados, chatarra, ramas, todo tipo de desechos y barro son el paisaje que se extiende a los costados de la arteria y en su extensión cuando cualquiera circula por allí. De todos modos, cabe destacar que, en muchos casos, son los propios pobladores los que tiran bolsas y bolsas de basura allí, según contaron vecinos de la zona en diálogo con Política del Sur.

También se observa, dice Cruz Henestrosa, “la ausencia total de señalización; acaso una débil demarcación del camino, con las necesarias delimitaciones de carriles, anuncio de curvas, prohibición de paso, etc.”, e indica que esa señalización, en todo caso, “quedó neutralizada con la llegada de las primeras lluvias”.

Sumado a esa situación, no se hicieron bicisendas ni se instalaron barandillas de contención (“guard rail”) ni banquinas, lo cual representa un verdadero peligro que puede comprobarse con hechos concretos. Esta situación afecta también a las poblaciones circundantes que, en esas condiciones, están expuestas a “una suerte de ruleta rusa en torno a sus vidas”, afirma el penalista. Y si algo de eso se había contemplado, no se realizó, sea por error, por omisión o por conveniencia financiera.

Sobre toda esta situación, el documento que presentó Cruz Henestrosa podría sintetizarse en el punto donde se afirma: “Cómo evitar sospechar, entonces, que las escandalosas anomalías de obra obedezcan a un concertado fraude, entre funcionarios públicos nacionales, provinciales y/o municipales, con verdadero poder de decisión, y los empresarios a quienes, licitación mediante, les fue confiada aquélla, en perjuicio patrimonial del Estado”.

De comprobarse los datos relevados, estaríamos frente a un grave hecho de corrupción y de incumplimiento de funcionarios públicos que, según lo demuestra la experiencia de tantas obras públicas en el país, no es el primero. Y probablemente tampoco sea el último.