Un abogado local solicitó que se allane la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, con el fin de secuestrar todos los registros relacionados con las cooperativas de trabajo y la aplicación de los fondos provenientes del programa que las sostuvo. El objeto de la denuncia es determinar si las transferencias de fondos nacionales a cooperativas para financiar los gastos del Programa de Ingreso Social con Trabajo se gestionaron de forma eficaz y conforme los lineamientos impuestos en las disposiciones legales.

Se refiere específicamente al Programa PRIST, que apuntaba a la promoción del desarrollo económico y la inclusión social a través de la generación de nuevos puestos de trabajo genuinos, con igualdad de oportunidades, fundado en el empleo organizado y comunitario. La investigación ahora se orienta a la operatoria del Programa, desde la presentación de las solicitudes de otorgamiento de subsidios para la implementación del Programa Ingreso Social con Trabajo por parte de la Municipalidad de General Pueyrredon, hasta el término de la ejecución de los convenios formalizados. Se pregunta por lo que pasó con los subsidios para adquisiciones de materiales y herramientas, y con las rendiciones de cuentas, avances y finales de las obras comprometidas. Porque si bien el programa se vinculaba con la constitución y funcionamiento de cooperativas de trabajo, había una acreditación mensual de importes autorizados a pagar a favor de sus respectivos socios.

Es por esto que en la búsqueda de esclarecimiento, se pide que se cite a declarar en primer lugar a los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Capacitación Gestión y Trabajo Limitada, integrada por hijos y familiares de los dirigentes gremiales de la UOCRA (Seccional Mar del Plata), y cuyo domicilio social es la calle San Juan 1428 de la ciudad de Mar del Plata. Resulta que cuando el personal de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina se presentó en ese lugar, pudo verificar que en ese domicilio, la cooperativa no estaba.

Los responsables

También hay que pedirle alguna explicación a Agustín González, porque él era el responsable de asignar los fondos a las cooperativas, y de seleccionar a los beneficiarios de los planes. González es novio de la hija de Lucila Branderiz, la esposa del exintendente Pulti. Por esto es que la denuncia dice que las beneficiarias de los planes de empleo fueron puntualmente seleccionadas por este funcionario de extrema confianza del exintendente municipal, para asegurar “los retornos” a los funcionarios. Parece que había cooperativas falsas, empresas fantasmas que no habían registrado ningún funcionamiento.

La otra persona respecto de quien se solicita investigación es el titular de la Cooperativa Atahualpa, Marcos Puche, a quien se compromete bajo los delitos de amenazas y tenencia de armas de fuego, cometidos en perjuicio de los asociados de la cooperativa que se erigieron en denunciantes. Se dice además que los Puche eran quienes “manejaban” los fondos asignados por el Estado nacional, con la complicidad de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon. Ellos liquidaban algunos pagos a los asociados a través de comprobantes falsos.

Por supuesto, quienes podrán aportar valiosa información a la justicia acerca de este tema serán los relatores que elaboraron el dictamen del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, ya que ellos informaron las irregularidades verificadas frente a la asignación de las partidas presupuestarias. El contador municipal había tenido que liberar los pagos a las cooperativas frente a la insistencia del Intendente. Y eso es lo que se denuncia.

Las sospechas se fundan en que, luego de doce meses de mano de obra, hubiera correspondido que se compraran materiales por el 100% del contrato, para así acreditar el pleno empleo de la prestación pagada a los cooperativistas. Pero sucedió que sólo se acreditaron compras por un 36% del total. Más claro: se le pagó a las cooperativas por trabajos que no se hicieron, porque no se compraron materiales.

El ideal

El PRIST fue creado por la Resolución del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en agosto de 2009, con el propósito de mejorar la calidad de vida de personas en situación de alta vulnerabilidad socio-económica, y de facilitar su inclusión social a través del trabajo como eje vertebrador de integración.

Según los fundamentos del decreto de creación, su objetivo fundamental era “la promoción del desarrollo económico y la inclusión social a través de la generación de nuevos puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario, incentivando e impulsando la formación de organizaciones sociales de trabajadores”. Atento a estos objetivos, el Ministerio de Desarrollo Social firmó convenios con diferentes gobiernos municipales para el otorgamiento de tales subsidios, y les transfirió fondos para la adquisición de herramientas, materiales, servicios y gastos administrativos. Estos fondos se enviaron en forma directa a los municipios, mientras que los fondos correspondientes a mano de obra y a incentivo social fueron transferidos a los integrantes de las cooperativas de trabajo, en cuenta bancaria personal.

Para la ejecución del plan, los municipios debían firmar un convenio de locación de obra con cada cooperativa, y luego rendiría cuentas por la ejecución de los fondos recibidos. Pero parece que la municipalidad de Mar del Plata no estableció un manual de procedimientos para regular esta operatoria, ni generaba expedientes administrativos sobre su funcionamiento, ni registraba información sistematizada sobre la aplicación de los subsidios que permita establecer el destino de la plata, o que fueran dados de acuerdo con la operatoria del programa. No hay documentación que avale un seguimiento sistematizado de las cooperativas incluidas en el programa.

Por eso no se puede verificar si efectivamente se cumplieron los efectos esperados, es decir, si se logró la mentada capacidad laborativa de los desocupados, o se registró la capacitación de cooperativas: no se puede realizar una evaluación de resultados por el funcionamiento del plan porque no se establecieron los roles y responsabilidades de los intervinientes en las tareas asignadas, ni se certificaron avances de obra para la rendición de cuentas del dinero recibido. Las presuntas actividades que desarrollaban las cooperativas no estaban contempladas en los convenios asistenciales. Ni siquiera se sabe si se han cumplimentado todos los recaudos legales para la constitución de las cooperativas, ni los requisitos impositivos de sus asociados. Es decir si las personas que resultaron beneficiarios del subsidio reunían todas las condiciones contempladas en el programa de ayuda a los desocupados, porque por ejemplo, Rocío Trujillo vive en Colón y Corrientes, lo que no parece un domicilio de excluido.

Por estas razones, los ahora denunciantes desean saber si existe la base de datos de la cantidad de cooperativas y de integrantes de cada una por tipo de proyecto financiado, en caso de que la hubiere, así como si el INAES cuenta con datos actualizados de las cooperativas conformadas en el marco del PRIST, y si esas cooperativas cuentan con la documentación respaldatoria de los pagos realizados.

En tal caso, el accionar irregular descripto habría importado un grave perjuicio patrimonial para el Estado municipal, ya que todas las maniobras relatadas requirieron un acuerdo de los siguientes funcionarios: Gustavo Pulti, Santiago Fernández, Fernando Jorge Gauna y María Alejandra Urdampilleta. Ellos fueron quienes suscribieron los convenios con las cooperativas, sabiendo que no cumplían con los requisitos formales, ya que no estaban individualizadas las obras, ni quiénes serían los beneficiarios del proyecto. Ellos convalidaron el libramientos de fondos sin haber llevado a cabo las inspecciones técnicas de certificaciones de avance de obras. Si autorizaron los pagos a las cooperativas con pleno conocimiento de la falta de acreditación de los requisitos formales y técnicos necesarios para habilitar su funcionamiento, ahora deben explicarlo ante la justicia, debido a que dicen haber pagado un 100% del trabajo, cuando los materiales que se compraron suman el 36% del total.

De comprobarse los hechos descriptos, se trataría de una verdadera asociación ilícita y fraude a la administración pública, en concurso real con el delito de malversación de fondos e incumplimiento a los deberes del funcionario público. La modalidad del delito consistió en incluir datos falsos o apelar a situaciones inexistentes para procurar el libramiento de fondos en beneficio propio o de terceros.

Los funcionarios imputados tenían en ese momento suficiente poder como para custodiar y administrar fondos del Estado de manera eficiente, y para que el dinero recibido de la Nación fuera asignado a la finalidad a la que estaba destinado, pero no lo hicieron. El dictamen del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires señala: “se le entregó a la Municipalidad de General Pueyrredón en carácter de subsidio institucional la suma de $41.497.340,83 (cuarenta y un millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos cuarenta pesos con 83 centavos), para ser destinados a la ejecución de proyectos de refacción de viviendas, techos, instalaciones eléctricas, etc, los que serían llevados a cabo a través de la mano de obra contratada a las cooperativas de trabajo”. Este dinero entregado por el Estado nacional tenía una afectación específica que no fue respetada por el municipio, y cuya rendición de cuentas tampoco fue ejecutada por los funcionarios. Un fraude del que nadie habla.