Yerba Buena no se libró ayer del largo duelo político que se ha asentado en el Concejo Deliberante (HCD). Es más, esa “pulseada de intereses” desafía tocar a otros sectores políticos de índole provincial, dejando de lado los cruces verbales de los ediles locales. Sin embargo, en medio de esa pugna se comenzaron a plantear también algunas herramientas legales para destrabar el conflicto.

Una nueva sesión del Concejo quedó trunca. Y otra vez fracasó por falta de quórum, debido a la ausencia de los cuatro integrantes del frente opositor a Mariano Campero, titular del Ejecutivo municipal. Fue la sexta consecutiva y debían debatirse varios proyectos, como la asunción del oficialista Rodolfo Aranda y la renovación de las autoridades de ese cuerpo; y las adhesiones a la ley de “alcoholemia cero” y al pago de la compensación salarial de $ 750 a los empleados.

El cónclave no pasó de los cinco minutos de duración, pero ese tiempo fue suficiente para que los referentes del oficialismo fustiguen a los ausentes y los acusen de encarar acciones que lleven a “la intervención de la intendencia” y de “presiones externas”.

“Me preocupa enormemente algunos dichos de otros concejales sobre que se puede llegar a la intervención del municipio. Esto ya lo hemos visto. Cuando el color político es diferente al gobierno de turno, lo primero que hacen es intervenir”, dijo Marcelo Rojas, de Cambiemos. “Pero no vamos a permitir que se intervenga este municipio”, enfatizó.

La parálisis del Concejo Deliberante de la “Ciudad Jardín” encara una nueva semana (desde fines de octubre). Ante ello, el bloque oficialista decidió acudir a algunas herramientas legales para destrabar este conflicto y retomar el funcionamiento del cuerpo. Ayer mostró sus cartas. 

El Concejo, acudiendo al reglamento, según dijeron los oficialistas, definió dos mecanismos para “obligar” a los concejales ausentes a asistir en una próxima cita (podría ser hoy, aunque no fue confirmada). 

El primer paso será el llamado a los concejales a una nueva sesión de manera “fehaciente”. “Lo más efectivo en este caso es una notificación notarial: que se presente un escribano, labre un acta en el domicilio real de la persona y la notifique de la convocatoria a la sesión. Esto implicará un costo económico para el Concejo, pero dada la situación institucional en la que estamos, lo amerita”, remarcó el presidente del Concejo, Javier Jantus. El segundo camino será reclamar la presencia de esos ediles “mediante la publicación en el diario de mayor tirada en la provincia”. 

Arremetida oficialista

Detrás de esas estrategias, el oficialismo apuntaría a que los opositores, en caso de un nuevo “faltazo”, incurran en una posible violación del reglamento del cuerpo. “Entiendo la pulseada política, ese tira y afloja, pero esto tiene que tener razonabilidad, un límite; si no estamos jugando con los intereses de los vecinos, con los tiempos de las normas superiores, las leyes”, dijo Jantus. En la sesión de ayer, los ediles hicieron hincapié en que los opositores podrían ser removidos de sus cargos si llegaran a cumplir la cuarta falta consecutiva a una sesión. Aunque en el debate cerrado se dejó en claro que la primera opción será la reducción de la dieta de estos ediles, y que esos montos serán destinados al Centro Médico Carrillo, ubicado en esa localidad.

“El artículo 21 de la Ley Orgánica de Municipios (N° 5.529) establece que se podrá compeler a los ‘inasistentes’ por medio de la fuerza pública o por multas que fijará el reglamento del Concejo. Asimismo, se podrá declarar cesantes a aquellos concejales que injustificadamente no concurran a cuatro reuniones consecutivas. Es decir, la Ley Orgánica prevé la cesantía como posibilidad de acción”, comentó Jantus.

En su exposición, Pedro Albornoz Piossek, del PRO, elevó las críticas del sector contra el bloque conformado por los opositores. 

“Hay que contarle a la gente que no se trata de la elección de autoridades; no se trata de cuatro concejales que intentan evitar la asunción del concejal Aranda. Estos temas no están en la agenda de estas personas. Aquí, hay alguien más detrás: será el legislador (radical) Ariel García, (el ex intendente) Daniel Toledo o (el ex gobernador, José)Alperovich. Están buscando la intervención, desgastar al Concejo y al intendente (Campero). Han perdido la intendencia. Ahora, el sindicato y una gran caja”, dijo Piossek. 

Antes de la frustrada sesión, los concejales Walter Aráoz y Héctor Aguirre, del peronismo, y Benjamín Zelaya y Maximiliano García, del radicalismo, presentaron un recurso de amparo ante la Justicia. Acusaron por “abuso de autoridad” a Jantus, debido a que modificó la comisión de Peticiones y Acuerdos. (Ver “la pelea ya está en Tribunales”)

El titular de la HCD respondió que tomó esa decisión por un motivo muy concreto: “el derecho a ser elegido y a asumir el cargo electivo”, por el caso de Aranda.

¿Tendrá un límite esta disputa política? “Como vecino estoy muy enojado por lo que está sucediendo (...) Es una vergüenza”, dijo Nicolás Griet, un habitante de la zona, quien aclaró que no estaba vinculado a ningún partido político involucrado.

Los tropiezos, uno tras otro

Jueves 27 de octubre.- Cayó, por falta de quórum la sesión que había sido convocada para renovar autoridades y para que asumiera Rodolfo Aranda. En esa ocasión, faltaron los radicales Benjamín Zelaya y Maximiliano García y los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz. A esa altura, los cuatro habían conformado un grupo opositor a los intereses del intendente, Mariano Campero.

Viernes 28 de octubre.- Javier Jantus convocó a sesión para renovar autoridades con una hora de anticipación. Dijo que lo había hecho -simplemente- como un formalismo, puesto que en esa fecha expiraban los mandatos. Al revés de lo ocurrido en la ocasión anterior, el grupo de los cuatro bajó el recinto, y el resto (Marcelo Rojas, José Macome, Pedro Albornoz Piossek, Lucas Cerúsico y Jantus) estuvo ausente.

Lunes 31 de octubre.- Otra vez habían sido citados para tratar los mismos dos temas. En esta ocasión, lograron iniciar el cónclave. Pero en medio de la votación para la renovación de autoridades, Aguirre, Aráoz, Zelaya y García se levantaron y abandonaron el recinto, molestos con el voto nominal del presidente Javier Jantus. Otra vez debió suspenderse el encuentro.

Jueves 3 de noviembre.- La reunión había sido citada, al mediodía, para las 16. Sin embargo, no se realizó debido a que Zelaya, García, Aguirre y Aráoz no dieron quórum. Explicaron que no iban a avalar la jura de Aranda porque sus papeles no estaban en regla.

Jueves 10 de noviembre.- Por quinta vez consecutiva fracasó un cónclave del Concejo yerbabuenense. Minutos después de que Jantus -todavía presidente del cuerpo- dijera que el encuentro había finalizado debido a que cuatro ediles no se habían presentado y, por consiguiente, no se reunía el quórum necesario, aparecieron esos ausentes (Aguirre, Aráoz, Zelaya y García). No obstante, Jantus decidió no dar marcha atrás y, por consiguiente, no hubo sesión.

La pelea ya está en Tribunales

Creen que fue un exceso. Los concejales de Yerba Buena Walter Aráoz y Héctor Aguirre -del peronismo- y Benjamín Zelaya y Maximiliano García -del radicalismo- presentaron un recurso de amparo en la Justicia, por “abuso de autoridad” de su par Javier Jantus, debido a que modificó la comisión de Peticiones y Acuerdos.

A fines de octubre, Jantus -todavía como presidente del cuerpo- alteró la constitución de ese grupo de trabajo, que debía revisar la asunción de un nuevo edil, Rodolfo Aranda.

La jura estuvo pendiente durante unos 15 días. Hasta el cambio, la comisión era presidida por Zelaya. Jantus lo removió, puso allí a Marcelo Rojas y a José Macome -del partido vecinal Cambiemos Yerba Buena- y al radical Lucas Cerúsico. “Tengo facultades para hacerlo”, había asegurado. Los denunciantes, en cambio, calificaron la medida como un abuso.

Tras el cambio, el nuevo equipo emitió dictamen -Jantus argumentaba que Zelaya tenía paralizado el expediente-, con el objetivo de que la asunción pudiera concretarse. Aranda debía ocupar la banca que había quedado vacía luego de que Lisandro Argiró asumiera como secretario de Gobierno del intendente radical Mariano Campero.

"Es inoportuno; no ocultamos nada" 

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Yerba Buena, Manuel Courel, calificó de “ridículo” el proyecto de resolución presentado para interpelar al intendente, Mariano Campero, formulado por concejales de esa ciudad. Ediles opositores pretenden explicaciones tras la tragedia ocurrida el viernes, en la que murió un niño de cinco años debido a que un árbol cayó encima del transporte escolar que lo llevaba al jardín de infantes. “Los cuatro que no han dado quórum, hacen este pedido. Me parece inoportuno”, dijo. 

El planteo fue formulado el lunes por los ediles peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz; y los radicales Maximiliano García y Benjamín Zelaya. “Primero, tiene que sesionar el Concejo. Que se reúnan, elijan a sus autoridades y traten las ordenanzas que tienen pendientes”, añadió el funcionario a modo de réplica. No obstante, dijo que, si es convocado, el intendente comparecerá. “Si lo citan, irá. No tenemos nada que ocultar. Hemos dado la cara siempre”, agregó. 

Desde el jueves 27 de octubre hasta ayer, habían caído, de forma consecutiva, seis sesiones del Concejo Deliberante de Yerba Buena, por falta de quórum. A cuatro de esas sesiones, faltaron los ediles que solicitan la interpelación a Campero. “El Concejo se encuentra paralizado desde hace dos meses”, concluyó Courel.