El mismo día en que Alternativa Federal entró en crisis, el macrismo no logró cerrar acuerdos en el Senado que ya tenía apalabrados con el PJ Federal y fracasó en su intento de nombrar a 20 nuevos jueces. En este marco, el bloque K también tuvo un rol preponderante a raíz de la directiva de la precandidata a vicepresidenta Cristina Kirchner.

El Gobierno pretende cerrar su gestión de una forma similar a la que la empezó: con un copamiento del Poder Judicial que, por sus dimensiones, parece indicar que espera sea su retaguardia y garantía de impunidad. En diciembre de 2015, Macri quiso designar en comisión a dos ministros de la Corte Suprema. Este miércoles buscó nombrar a dos decenas de nuevos magistrados. Entre ellos se destacan los casos de Ignacio Mahiques, fiscal en la causa de Vialidad con la que se montó un show mediático para erosionar la imagen de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien está a cargo de la oficina de escuchas desde donde salieron las filtraciones a los medios oficialistas; y Fernando Strasser, a quien el Gobierno utilizó para defender la reforma previsional. Son los casos más resonantes, aunque la lista es mucho más extensa.

Pero algo cambió con respecto al inicio de la administración macrista: las diferencias con el bloque del PJ que comanda Miguel Pichetto provocaron que no se pudieran aprobar los pliegos de los elegidos por Macri. Mucho pesaron las palabras de la senadora en la última reunión que lideró en la sede del PJ, donde criticó con dureza las designaciones de jueces que realizó el macrismo y esas criticas llegaron a oídos de los representantes de los gobernadores en el Senado.

El Gobierno tenía planeado tratar los pliegos de 66 nuevos jueces, tal como se desprende de la orden del día que estaba pautada para este miércoles en el Senado. Pero un cambio de timón de último momento -que coincidió con la implosión de Alternativa Federal, de la que Pichetto es uno de los referentes-, llevó primero a que esa lista se recorte a 21 y, luego, a que se caiga.

En pos de lograr su objetivo, el Poder Ejecutivo cedió en la noche del martes y aceptó que la nómina a tratar en la Cámara alta se redujera a 21 designaciones. Esa cifra bajó a 10 cargos en plena sesión, algo que tampoco pudo concretarse. Pero el oficialismo no se da por vencido en su intentona. El senador radical Ángel Rozas pidió que se voten los acuerdos en la próxima sesión ordinaria.

Los elegidos

La nómina de jueces que pretende nombrar la alianza gobernante es escandalosa. Entre los elegidos por Macri figuran el hasta ahora fiscal Ignacio Mahiques, a quien se quiere ubicar en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Este caso es paradigmático y puede interpretarse como un premio para él, quien junto a Gerardo Pollicita fue partícipe del show mediático en torno a la denominada Causa Vialidad, en la que comenzó a ser enjuiciada la expresidenta por supuestos direccionamientos de fondos de la obra pública en Santa Cruz. Fue uno de los fiscales que impulsó esa pesquisa, raquítica de pruebas.

Ignacio es hijo de Carlos Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal al que el presidente Mauricio Macri puso a dedo en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país. Es, a su vez, hermano de Juan Bautista Mahiques, espada judicial de Macri en el Consejo de la Magistratura y candidato Ministerio Público porteño bajo el padrinazgo de Daniel Angelici.

El joven Ignacio era fiscal porteño pero fue trasladado a Comodoro Py para trabajar con Pollicita. Ahora lo quieren nombrar juez en Mercedes, la ciudad natal de la dinastía Mahiques.

Otro caso grave es el de Fernando Strasser, que fue el juez que utilizó el Gobierno para defender la reforma previsional. Cambiemos pretende ascenderlo a la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Actualmente, Strasser es el Secretario del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 2, pero como está vacante se hizo cargo del despacho como subrogante. Como tal, aceptó un pedido del Gobierno de Macri de unificar todas las causas contra el desguace previsional y falló sistemáticamente en contra de los jubilados.

Al director de la oficina de escuchas (Dajudeco), Juan Tomás Rodriguez Ponte, se lo quiere beneficiar con el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. Rodríguez Ponte, hijo del intendente de Cambiemos de General Lavalle, fue durante años ladero del juez Ariel Lijo, uno de los más influyentes de Comorodo Py. Tanto que cuando Macri le quitó la oficina de escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal y se las otorgó a la Corte, el juez Lijo tuvo mucha presencia a la hora de las designaciones en esa oficina clave. Por entonces funcionaba el eje Ricardo Lorenzetti-Martin Doctrina Irurzun-Lijo para las decisiones en Comodoro Py. Al mando formal de la oficina de escuchas quedó Doctrina Irurzun, gracias a un sorteo del cuál no hay registros. Pero en el control efectivo y día a día nombraron a Rodríguez Ponte. La diferencia con la gestión Gils Carbó, que puso al frente de esa oficina a la fiscal Cristina Camaño, fue notable. Durante la gestión Gils Carbó-Camaño no se registran filtraciones a los medios. Con el cambio de administración ese tipo de maniobras fue récord, y tuvo acaso su cenit con la de la expresidenta.

También se quiere designar a Germán Manuel Moldes en la poderosa Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Se trata del hijo del fiscal general ante la Cámara Federal porteña Germán Moldes, quien pidió la inmediata detención y la quita de fueros de Cristina Fernández de Kirchner.

Otro caso es el de María Verónica Michelli, candidata a ocupar el TOF 1 de La Plata. Se trata de la hija del camarista Jorge Michelli, quien fue clave para excarcelar a Leonardo Fariña en una causa por evasión agravada. Lo hizo mientras reemplazaba a Carlos Rozanski, que cuando se decidió eso estaba de licencia. Según denunció el propio Rozanski, esa liberación fue empujada por el ministro de Justicia Germán Garavano. Según la ex abogada de Fariña, el acuerdo con Garavano incluyó también la salida del propio Rozanski de su cargo. Michelli es cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, quien fue señalado por el juez Rozanski en al maniobra que benefició al financista.

El listado de los 21 elegidos por Macri, cuyos pliegos debe aprobar el Senado para que puedan acceder al cargo, se completa con:

-Sebastián Soneira. Es funcionario de Cambiemos en Mendoza, gobernada por el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo. Buscar ser juez federal de esa provincia.

-Ivana Quinteros. Es secretaria del camarista Leopoldo Bruglia -puesto a dedo por Macri en la Cámara Federal porteña-. Pretende ser nombrada Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 1 de la Capital Federal.

-Jésica Sircovich. Es funcionaria de la sala IV de la Cámara de Casación Penal (de inclinación macrista hasta estos días). Fue la elegida para integrar el TOF 1 de La Plata.

-Sebastián Foglia. Aspira a ser juez de cámara del TOF de Bahía Blanca.

-Jorge Dahlgren. Seleccionado para ocupar el juzgado federal de Resistencia.

-Enrique Jorge Bosch. Busca integrar el TOF de Resistencia.

-Néstor Barral. Es el designado por Macri para ocupar un sillón en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

-Roberto Furnari. Se encamina a ser titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Dederal Nº 10 de la Capital Federal.

-Miguel Aranda. Es funcionario y está destinado al TOF 1 de Resistencia.

-Martín Innocente. Es el hombre que seleccionó Macri para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Saenz Peña (Chaco).

-Mario Martínez. Es el candidato para al TOF de La Rioja.

-Pablo Wilk. Es secretario de juzgado de Quilmes y pretende integrar el TOF 2 de La Plata.

-Marcos Luzuriaga. Fue elegido para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá (Misiones).

-Analía Monferrer. Quiere ser miembro del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la Capital Federal.

-Daniel Doffo y Eliana Ratta Rivas aspiran llegar al TOF de San Juan.

Cada uno de los seleccionados por el Presidente -los eligió de las ternas que le elevó el Consejo de la Magistratura- debe contar con el respaldo del Senado. Sin el visto bueno de la Cámara Alta, no podrán ser nombrados. Y un actor clave para que esto suceda es el PJ federal. En medio de la crisis que atraviesan tanto el oficialismo como su principal aliado legislativo, el futuro de estas designaciones hoy es una incógnita.