Por CLAUDIO SCALETTA 

A propósito del casi medio siglo del aniversario del último golpe militar y retomando la vieja pregunta de “cuándo se jodió la Argentina”, a la historiografía económica no le caben mayores dudas: fue a mediados de la década del ’70, cuando en sintonía con las transformaciones en el modo de producción capitalista a escala planetaria se le puso fin, literalmente a sangre, fuego y picana, a la estructura social de la industrialización sustitutiva. Desde entonces las regresiones sobre las principales variables económicas son una línea descendente. Una historia verdaderamente triste y ni hablar si usted, lector, pertenece a la llamada Generación X, que es la de los nacidos ente 1965 y 1980, como quien escribe. Salvo alguna transitoria sensación de interrupción en los primeros 2000, la historia fue implacable con las expectativas de una Argentina con desarrollo económico y bienestar para las mayorías.

Por esta razón, el deterioro permanente de los indicadores económicos en el largo plazo, nunca deja de sorprender el apoyo explícito de las elites locales a la reivindicación, también explícita, de la última dictadura que acaba de presentar esta semana el gobierno de La Libertad Avanza. Porque eso fue y no otra cosa el video de casi veinte minutos sobre la presunta “verdad completa” que guionó y locutó el principal autor intelectual de la batalla cultural ultramontana en la que se embarcó el oficialismo. Que el apoyo de las elites a un modelo socialmente insustentable sorprenda no quiere decir que no pueda ser explicado, en tanto se trata de clases auxiliares de las hegemónicas de los países centrales, que acuerdan con el rol subsidiario de la economía local, que descienden de las elites que se beneficiaron con la dictadura y que siempre están a salvo de las turbulencias internas, en muchos casos porque ni siquiera residen en el país.

Todos los gobiernos tuvieron su relato de los años de plomo, desde la teoría de los dos demonios a la reivindicación de la militancia setentista emergente de los años de proscripción del peronismo. Sin embargo, ni el analista más pesimista imaginó que el consenso democrático sobre los hechos aberrantes de la dictadura que se consolidó a partir de 1983 sería cuestionado en el marco de la misma democracia, un consenso que dicho sea de paso nunca dejó de incluir la crítica a los crímenes de la lucha armada, especialmente a partir del fin de la proscripción del peronismo y del triunfo del Frejuli en marzo de 1973. El relato del presente es que el mileismo no vino sólo a destruir un Estado que había comenzado a malcumplir sus funciones esenciales, tampoco se trata de una simple versión remozada del “que se vayan todos” por la vía de una reacción contra “la casta política” que nunca se fue. LLA es fundamentalmente una fuerza que vino a destruir los consensos democráticos más elementales, incluidos aquellos más declamados por la derecha tradicional, como la división republicana de poderes y el respeto del orden jurídico.

Economía y sociedad están siempre entrelazadas. No alcanza con decir que la batalla cultural regresiva es un instrumento para distraer del inminente fracaso del esquema económico iniciado en diciembre del 2023. La reacción conservadora siempre fue un componente del neoliberalismo local. Inicialmente el mileísmo apareció como una etapa superior de este viejo neoliberalismo, los paralelismos con experiencias anteriores eran abundantes. Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema por decreto, la subsunción prebendaria del Poder Legislativo en complicidad con las elites provinciales, la agresión permanente a las minorías, la destrucción de monumentos por razones políticas, la pérdida de credibilidad moral a partir de la criptoestafa y la reivindicación explícita de los argumentos de los abogados defensores de los condenados por delitos de lesa humanidad, indican que el fenómeno de LLA es de otra dimensión.

Cuando el exitoso blanqueo de capitales de la segunda mitad de 2024 obnubilaba todavía el análisis de los economistas sobre la sustentabilidad del “modelo económico de estabilidad ficticia vía dólar barato”, una de las preguntas que rondaba en el imaginario social y, en consecuencia, en la prensa era “¿y si sale bien?” Las respuestas del momento se concentraban en la economía y dejaban de lado el potencial éxito de la reacción conservadora literalmente antiliberal, fenómeno que la sociedad parecía tolerar en el altar de la estabilidad. Que le vaya mal a la economía, como ya lo indica el cambio de tendencia en la inflación y el tener que acudir en desesperación al auxilio del FMI, tendrá como externalidad positiva el potencial aborto de la reacción oscurantista. Pero lo presuntamente positivo termina aquí, en tanto la inminente crisis externa que se expresará en una devaluación, le quitará sustento al oficialismo en un contexto en el que, a diferencia de lo que ocurría en 2018 con la crisis macrista, no existe una alternativa opositora a la cual “volver”. La oposición peronista sigue en modo “Frente de Todos”, es decir no solo abundante en rostros que la sociedad preferiría dejar de ver, sino en la misma interna marcada por el nepotismo, la falta de autocrítica y la directa negación de las responsabilidades del período 2019-23.

El panorama de un oficialismo sin el sustento que le daba la progresiva estabilidad macroeconómica, ficticia o no, y la falta de alternativa opositora pueden ser el preámbulo del tipo de situaciones que Émile Durkheim, en los albores de la sociología a fines del siglo XIX, denominaba “anomia”, un “estado de desregulación social en el que las normas y valores pierden su influencia sobre los individuos, generando desorientación y caos social”, es decir un estado muy similar al que la sociedad vislumbró someramente en diciembre de 2001 y enero de 2002. Se trata de un panorama que se entreveía posible a partir de los rasgos personales de los liderazgos libertarios y la fragilidad de su construcción política, cuyo efecto más pernicioso reside en la pérdida de credibilidad en las instituciones que regulan la vida pública. Aunque inicialmente no lo parezca, se trata de un riesgo mayor que el de la transitoriedad de una crisis económica provocada por un salto devaluatorio, en tanto constituye una amenaza para la convivencia democrática y cuyo desenlace es siempre impredecible.